En El Salvador se libra hoy una de las discusiones más complejas y sensibles de América Latina: ¿hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad sin poner en riesgo los derechos humanos y las garantías fundamentales?
El gobierno de Nayib Bukele logró algo que durante décadas parecía imposible: debilitar el poder territorial de las pandillas que sembraron terror, muerte y desplazamiento en la sociedad salvadoreña. Miles de ciudadanos reconocen que hoy pueden caminar por barrios donde antes reinaba el miedo. La popularidad presidencial se sostiene precisamente sobre esa percepción de seguridad recuperada.
Sin embargo, detrás de las cifras oficiales y de la narrativa del éxito contra las maras, emerge otro drama humano: el de cientos de madres que recorren cárceles, tribunales y oficinas públicas buscando noticias de sus hijos detenidos bajo el régimen de excepción.
El colectivo Madres por la Libertad representa esa otra cara del conflicto. Mujeres humildes, muchas provenientes de sectores rurales y comunidades empobrecidas, denuncian vivir en una incertidumbre permanente. No reclaman privilegios; exigen saber si sus hijos están vivos, conocer su situación judicial y acceder a garantías mínimas de comunicación y defensa.
El problema no radica únicamente en las capturas masivas, sino en la opacidad institucional que denuncian organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
El régimen de excepción salvadoreño abrió una discusión continental sobre seguridad y democracia. Para algunos gobiernos latinoamericanos, el modelo Bukele representa la demostración de que la mano dura puede reducir drásticamente el crimen organizado. Para organismos de derechos humanos, en cambio, constituye una peligrosa normalización de medidas extraordinarias que debilitan el Estado de derecho.
Las historias de Mirna Urías, Marcela Alvarado o Johana García reflejan el costo silencioso de esa política. Son mujeres que han debido convertirse en investigadoras, defensoras y sostén económico de familias fragmentadas por las detenciones. Muchas sobreviven entre enfermedades, pobreza y miedo, mientras intentan mantener viva la esperanza de reencontrarse con sus hijos.
Hoy, mientras Madres por la Libertad marcha frente a las cárceles y plazas de San Salvador, el país centroamericano enfrenta una pregunta decisiva: ¿puede existir verdadera seguridad si miles de familias viven atrapadas en el silencio y la incertidumbre?
Porque detrás de cada detenido hay una madre esperando respuestas. Y detrás de cada sociedad que busca paz, también debería existir justicia.
