Decenas de inmigrantes en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, cumplen su quinto día consecutivo en huelga de hambre y de trabajo. La protesta pacífica comenzó tras meses de denuncias por condiciones insalubres extremas, desatando además graves enfrentamientos en las afueras del recinto entre manifestantes civiles y agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las alarmas políticas se encendieron cuando las autoridades del centro, gestionado de forma privada por la empresa GEO Group, impidieron el ingreso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill. La mandataria estatal, quien acudió junto a legisladores demócratas, cuestionó con dureza los hechos y afirmó que la negativa plantea serios interrogantes sobre lo que el ICE intenta ocultar. Simultáneamente, el senador Andy Kim logró entrar al complejo y constató el caos interior, denunciando que la agencia migratoria respondió a las protestas enviando vehículos blindados, sometiendo a civiles y disparando gas pimienta.
Por su parte, portavoces de organizaciones de derechos civiles y familiares relataron un escenario deplorable dentro de la instalación, la más grande de su tipo en la costa este estadounidense. Detallaron la presencia de moho en las celdas, la falta de insumos básicos de higiene y severos casos de negligencia médica, como el de un detenido con leucemia que pasó un mes sin tratamiento. Un interno logró comunicarse telefónicamente durante las manifestaciones para alertar que la última comida provista contenía gusanos vivos.
Mientras legisladores como el senador Cory Booker defienden que los migrantes luchan por sus derechos humanos básicos, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, desestimó la huelga calificándola como una maniobra política de los defensores de las «ciudades santuario». Este conflicto ocurre en un contexto crítico, tras revelarse que las muertes bajo custodia del ICE alcanzaron su cifra más alta en veinte años.
