El efecto Bukele y el gran ausente en la lucha contra el crimen: “No todos los modelos funcionan igual”

El fenómeno Nayib Bukele sigue generando fuertes debates en América Latina. Por un lado, el presidente salvadoreño logró una caída drástica de los homicidios y el control territorial de las pandillas. Por el otro, organizaciones internacionales y especialistas denuncian sistemáticas violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y la suspensión de garantías fundamentales.

¿Es ese modelo exportable? ¿Puede una democracia combatir el crimen organizado sin sacrificar el debido proceso, la presunción de inocencia o el derecho a la defensa? El abogado panameño Ricardo Shippritt, especialista en derecho laboral con más de 15 años de ejercicio, sostiene que la respuesta no es única y que el gran ausente en este debate es el trabajo.

Cada país, una realidad

Para Shippritt, el primer error es pretender replicar recetas sin mirar el contexto. “El fenómeno del presidente Bukele es que en su país -es importante resaltarlo» – cada realidad es totalmente diferente. La situación política, socioeconómica y social en El Salvador permitió este tipo de modelo por el grado de peligrosidad o de delincuencia que hubo por el tema de las bandas criminales”, explica.

Eso no significa que funcione en cualquier otro gobierno, aclara. “Bajo mi perspectiva, no todos los modelos en todos los países funcionan de la misma manera. Incluso soy del criterio de que para disminuir la delincuencia hay que aumentar el empleo en el sector privado. Entre mayor empleo tiene la población, menor intención de delinquir”.

El abogado es contundente al referir que el grado de seguridad no se logra intimidando a las personas haciendo cárceles más grandes. “Una cárcel más grande no quiere decir que un país sea mucho más seguro”.

Derechos humanos vs eficacia punitiva

Uno de los puntos más debatidos del modelo Bukele es la suspensión de garantías procesales. Detenciones masivas sin orden judicial, hacinamiento y denuncias de tortura han sido documentadas por organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. “Si bien son personas que han cometido ciertos grados de delitos, homicidios, existen principios fundamentales respecto al debido proceso y los derechos humanos que se tienen que respetar. Pero también esa persona tiene que volver a reinsertarse dentro de la sociedad”.

Junto a esto se plantea una pregunta “¿Qué es lo que sucede? Llevamos a todas esas personas dentro de una cárcel, pero cuando cumplieron su pena, ¿la sociedad las va a aceptar? Tenemos que pensar en eso. Porque si no van a continuar con el mismo ciclo y los vamos a tener nuevamente dentro del sistema penitenciario”.

El especialista recuerda que muchos países han firmado convenios internacionales que garantizan la integridad de los presos. “Si bien son personas que están cumpliendo una pena, tienen derechos básicos y elementales que deben respetarse. De lo contrario, el país se convierte en un violador sistemático de derechos humanos”.

El corazón del análisis de Shippritt es laboral, no desde una perspectiva técnica menor, sino como eje de seguridad ciudadana. “El hecho de que tengamos países con mayores cárceles no quiere decir que se estén haciendo las cosas bien. Hay países donde no hay cárceles con estas características, porque ese no es el modelo a seguir”. Al respecto manifiesta que “cada país necesita diversos perfiles laborales. ¿Por qué no capacitar a ese personal con cierto tipo de mano de obra especializada que necesitan? Cuando esa persona salga, pueda tener un empleo digno. Los países, en vez de crear más cárceles, deberíamos reducir cárceles para aumentar la calidad de vida y la seguridad”.

¿Replicar el modelo?

Países como Costa Rica, han mostrado interés en discursos de mano dura con la construcción de una mega cárcel. Esto es, para Shippritt, un síntoma de esta tendencia. “¿Para qué vas a construir una cárcel si tampoco tienes los elementos para poner seguridad en tu país? ¿Hay seguridad en las fronteras? ¿En ciertas áreas del territorio? No es una varita mágica que va a curar todos los problemas de la delincuencia”. Sobre Panamá, comenta que «la ministra de Gobierno ha hecho cambios en el tema de resocialización, incluso hay un plan donde personas detenidas realizan trabajos en instituciones públicas para pagar sus horas de condena”.

El abogado advierte sobre un peligro político y es que la eficacia punitiva se convierta en un cheque en blanco para erosionar la democracia. “Lo que se busca con la mano dura muchas veces es que la oposición no sea escuchada y se mantenga una dictadura. La gente piensa que están haciendo algo bien, cuando a todas luces se están violando muchos derechos”.

Junto a esto advierte que “no solamente debes crear miedo en las pandillas, sino lograr que la población no tenga miedo. Si yo quiero opinar en contra del presidente, ¿qué va a pasar? También estás creando un grado de intimidación. Si una persona está en contra del gobierno, que es normal en toda oposición, lo que no puedes hacer es reprimirla”.

Frente a la pregunta de si parte de la ciudadanía está dispuesta a sacrificar derechos democráticos por orden, responde: “Por supuesto, el crimen organizado preocupa, pero las políticas de seguridad no pueden llevar al país a una semidictadura que viole los derechos humanos. Una cosa no puede llevar a la otra”.

Migrantes, deportaciones y derechos humanos

Otro punto que Shippritt incorpora al debate es la situación de los migrantes en contextos de mano dura. “Todo inmigrante que vive en cualquier país tiene que obedecer las reglas del país donde va, pero también existen protecciones de la Organización Internacional de Migración que se tienen que respetar”.

Menciona el caso de las salidas voluntarias de venezolanos en Panamá y sostiene que las políticas migratorias deben equilibrar control y respeto por los derechos fundamentales. “Las deportaciones masivas, sin debido proceso, también vulneran derechos humanos”.

Para el especialista, cualquier estrategia seria de seguridad debe empezar mucho antes de la cárcel. “La educación es la clave de todo. Si no tenemos educación, no podemos hacer absolutamente nada”. Y extiende el argumento a las personas privadas de libertad: “Tienen derecho a educación, a salud, a alimentación. Hay programas para bajar horas de condena trabajando. La idea es que la persona pueda hacer algo útil estando ahí y acepte que cometió un delito”.

Shippritt insiste que el derecho al trabajo es un derecho social fundamental. “Si una persona cometió un delito y quiere reinsertarse, tiene todo el derecho de obtener un trabajo. El Estado y el sector privado tienen que apoyar a estas personas dándoles algún tipo de empleo para que sean útiles a la sociedad. Pagaste tu pena, vuelves a trabajar y te resarces. Si no, las personas se sienten excluidas y eso trae consecuencias”. No se trata de regalar puestos de alta jerarquía. “Puedes darle puestos pequeños para que la persona sienta que le estás dando una oportunidad que debe valorar y aprovechar”.

¿Hasta cuándo el modelo Bukele?

El abogado no descalifica la eficacia inmediata del modelo salvadoreño, pero pone un límite temporal. “Tal vez el presidente tomó una decisión en su momento para poder controlar, pero ese problema requiere perpetuidad. También tiene que crear mecanismos para solventarlo, para dar alternativas. No puede mantenerse el mismo modelo a perpetuidad. Si no hay un plan, la inseguridad va a continuar”.

Shippritt considera varias medidas pero señala que la más importante es que el Estado cree políticas públicas para una adecuada reinserción laboral de esas personas que ya están pagando su condena. Además, de crear alianzas enfocadas en dar una segunda oportunidad. “Estado, sector privado, iglesias y clubes cívicos pueden apoyar a esas personas. Muchas veces viven en entornos humildes, con familiares fallecidos o situaciones económicas muy difíciles. Hay que hacer conciencia”.