Según la Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (ENSANNA) 2024, publicada un año después de su relevamiento, la tasa de trabajo infantil en Uruguay se sitúa oficialmente en el 6,8% de la población de entre 5 y 17 años, lo que equivale a unas 40.200 niñas, niños y adolescentes afectados.
Sin embargo, todo parece indicar que la realidad es otra. Desde la Plataforma de Infancia y Adolescencia (PIAs), una alianza de organizaciones comprometidas en la promoción, protección y defensa de los derechos de los menores, advierten que existe un rezago importante en la medición.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que para este año tiene el lema: “Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para niños, trabajo decente para adultos”, Diario La R entrevistó a Fernando Olivera, integrante y vocero de PIAs y director de la Asociación Civil CIPPUS, para conocer el diagnóstico actual, las deudas del Estado y los nuevos nichos de vulnerabilidad que la estadística tradicional no captura.
“Para nosotros esa cifra no refleja totalmente la realidad; decimos que son al menos 40.200 niños porque la encuesta presentó dificultades. No se pudo medir a los niños vinculados a entornos delictivos ni se tomaron en cuenta los entornos digitales”, explicó Olivera.
Cifras y subregistros
La última gran encuesta sobre la temática, realizada en 2024 y presentada en 2025, estuvo encabezada por el INE y contó con el financiamiento de la OIT, UNICEF y una participación menor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Para los colectivos que operan en el territorio, el 6,8% resulta insuficiente para dimensionar el problema.
Según el especialista, el relevamiento oficial dejó por fuera dos de los vectores que más han crecido en el último quinquenio: el involucramiento de menores en entornos delictivos organizados y las actividades desarrolladas dentro del ecosistema digital. “Al no poder medir estas variables, hay claramente un subregistro bastante importante que invisibiliza las formas más severas de explotación”, puntualizó.
Nuevas formas de precarización
Históricamente, la percepción social del trabajo infantil en Uruguay ha estado asociada a postales visibles del espacio público: venta ambulante, empleo informal en comercios barriales, ferias vecinales o clasificación de residuos. Asimismo, en el ámbito doméstico persiste una fuerte impronta de género donde las niñas asumen de forma desproporcionada tareas de cuidado y trabajo del hogar, restringiendo sus trayectorias educativas.
No obstante, a estas modalidades se les ha sumado un entramado complejo vinculado a las economías ilegales. En barrios vulnerables se constata una participación creciente de menores en bandas criminales, desempeñando roles que van desde «campana» (vigilancia) y traslado de sustancias («mulas»), hasta situaciones extremas de sicariato.
Para el integrante de PIAs, la respuesta pública ante esto ha sido errónea: «Durante mucho tiempo, e incluso hoy, se sostiene que todo lo que es delito no es trabajo infantil. Al categorizarlo solo como delito, los dejamos a merced de los grupos criminales y, cuando el Estado actúa, lo hace de forma puramente punitiva, en lugar de proteger al menor como una víctima de explotación laboral».
En paralelo, la irrupción tecnológica abrió un flanco difícil de fiscalizar: los entornos digitales. Aquí, las fronteras entre el tiempo libre, el juego, la recreación y la generación de ingresos se han vuelto sumamente difusas. El fenómeno abarca desde niños influencers, impulsados por familias enteras que monetizan su vida privada, hasta jóvenes gamers que dedican jornadas completas a videojuegos para generar ganancias.
El aspecto más alarmante radica en los sistemas de recompensa de los propios videojuegos en línea, donde para avanzar de fase se exigen puntajes que también pueden comprarse con dinero. «Ahí hemos detectado situaciones complejas de explotación sexual», alertó Olivera. «Aparecen adultos que les pagan a los chiquilines, sobre todo a las niñas, a cambio de conseguir sus números de celular, coordinar encuentros por fuera de la red o exigirles fotos y videos. Esos pagos muchas veces se canalizan de forma inmediata a través de billeteras electrónicas o aplicaciones. Todo esto ocurre dentro del hogar, de forma invisible para los mecanismos tradicionales de control».
Por su parte, el medio rural mantiene su vigencia como espacio histórico de trabajo infantil, experimentando también transformaciones. A las barreras tradicionales de conectividad física, transporte y dificultades de acceso a los centros educativos, se suma que la producción agropecuaria se ha tecnificado de manera acelerada.
El dominio que los jóvenes tienen sobre las herramientas tecnológicas ha provocado que menores de 18 años sean incorporados a tareas de alta responsabilidad, como el manejo de maquinaria con guiado satelital o la gestión digital de monitoreo de producción. «La tecnificación ha generado que se naturalice la participación de adolescentes en tareas complejas que deberían estar prohibidas para su edad», señaló el director de CIPPUS.
Educación y el peso de la pobreza
La evidencia demuestra que el núcleo duro de detección de estas situaciones se ubica de forma temprana entre los 8 y los 9 años, variando según el capital sociocultural de las familias. El principal síntoma es la deserción y el rezago en la enseñanza secundaria. Uruguay arrastra un problema histórico de egreso: solo cuatro de cada diez adolescentes abandonan antes de terminar, pero en los quintiles más bajos la cifra es dramática, ya que apenas dos de cada diez logran culminar el bachillerato.
«Existe un vínculo directo: a mayores niveles de informalidad laboral de los adultos, mayores niveles de pobreza y desigualdad, y por consecuencia, mayores niveles de trabajo infantil», afirmó Olivera. El abandono escolar suele ser la respuesta forzada de los adolescentes ante la necesidad de resolver la subsistencia diaria del hogar.
Además, afirma que la deserción muchas veces ocurre por fallas en la articulación de las políticas públicas: «Hemos detectado que muchas gurisas cortan su horario de liceo a la mitad para poder ir a buscar y trasladar a sus hermanos más chicos a la escuela primaria, porque los adultos están trabajando de manera precarizada. Eso termina destruyendo su continuidad pedagógica».
Las deudas del Estado
El diagnóstico que realiza PIAs respecto a la respuesta institucional es crítico, señalando una falta de planificación a largo plazo. «El Estado uruguayo nunca construyó un Plan Nacional integral para Erradicar y Prevenir el Trabajo Infantil. Lo inspectivo, que depende de la Inspección de Trabajo del MTSS y del INAU, es muy necesario pero resulta muy limitado para las realidades actuales», argumentó Olivera.
Para las organizaciones, es urgente diseñar un nuevo modelo que rompa con la fragmentación institucional y articule a los ministerios, la ANEP, los servicios de salud y los tres niveles de gobierno. Asimismo, se plantea la necesidad de adecuar la normativa vigente para cubrir baches sobre el trabajo digital y las nuevas economías.
A su vez, PIAs insiste en que cualquier estrategia debe «tensionar el sistema punitivista y criminalizador» que hoy recae sobre los varones jóvenes de barrios periféricos, redirigiendo los esfuerzos hacia políticas profundas de acompañamiento familiar y restitución de derechos.
Con la pobreza infantil rondando el 30%, PIAs impulsa espacios de participación. Este 12 de junio organizará una jornada cultural en el Espacio Modelo de Montevideo, predio reconvertido que históricamente fue un foco de trabajo infantil en la capital.
