La posible concreción de un acuerdo entre ASSE y CASMU para la utilización del sanatorio ubicado en la esquina de Colonia y Arenal Grande ha abierto un intenso debate sobre la utilización de recursos públicos, la conveniencia económica de la operación y las condiciones reales del inmueble involucrado.
Según la información que ha trascendido públicamente, el negocio comprendería un contrato de alquiler por aproximadamente 1,5 millones de dólares durante dos años, una eventual compra del edificio por una cifra cercana a los 8 millones de dólares y un ambicioso programa de reformas destinado a poner la infraestructura en condiciones operativas para la atención de usuarios del sistema público de salud ASSE
Sin embargo, es precisamente el costo de esas adecuaciones uno de los aspectos que más interrogantes genera. Diversas versiones indican que las obras de refacción podrían alcanzar aproximadamente 1 millón de dólares por piso. Si se considera que el edificio cuenta con siete niveles, la inversión total destinada exclusivamente a reformas podría superar los 7 millones de dólares.
De confirmarse esas cifras, la operación global alcanzaría montos superiores a los 16 millones de dólares entre alquileres, obras de reacondicionamiento y eventual adquisición del inmueble. Se trata de una cifra de enorme magnitud para cualquier organismo público y que, por lo tanto, exige un nivel de transparencia acorde con la relevancia de la inversión.
Ante este escenario, surgen preguntas que las autoridades de ASSE deberían responder con claridad. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para seleccionar este inmueble? ¿Qué informes económicos respaldan la conveniencia de la operación? ¿Se analizaron otras alternativas disponibles en el mercado? ¿Existen estudios comparativos que demuestren que esta es la mejor opción para el Estado?
La ciudadanía tiene derecho a conocer si el inmueble cumple con todos los requisitos necesarios para funcionar como centro asistencial, cuáles son las obras que deberán ejecutarse, qué plazos se manejan para su puesta en funcionamiento y cuál será el costo final efectivo que terminarán afrontando los contribuyentes.
Cuando una operación puede superar los 16 millones de dólares, las preguntas no representan un obstáculo para la gestión. Por el contrario, constituyen una obligación democrática. ASSE tiene la oportunidad y la responsabilidad de brindar todas las explicaciones necesarias para despejar dudas y demostrar que la decisión responde al interés general y a las necesidades reales del sistema nacional de salud.
La transparencia, en este caso, no debería ser una opción. Debería ser la principal garantía
Miéntras el CASMU hace pingües negociados sus afiliados ven como obtienen cada vez más una atención que se deteriora aceleradamente, en tanto la institución, y a través de varias administraciones, va quedando rezagada en cuanto a métodos y adelantos técnicos y científicos con los que ya cuentan otros prestadores de salud.