El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a través de su Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), inauguró un ciclo de diálogos enfocado en fortalecer las políticas públicas vinculadas a la educación y la profesionalización en el sistema de ejecución penal. La iniciativa busca consolidar un espacio de intercambio, reflexión y articulación entre actores del ámbito penitenciario y educativo.
La actividad se desarrolla en dos jornadas, el viernes 12 y próximamente el martes 30 de junio, en la Sala Acuña de Figueroa del edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo. Participan autoridades del sistema penitenciario, representantes del sector educativo y especialistas en formación.
La apertura estuvo encabezada por la directora del INR, Ana Juanche, y la directora del Cefopen, magíster Natalia Barraco. En la instancia se presentó oficialmente el primer relevamiento sobre el nivel educativo del personal penitenciario, un estudio considerado clave para el diseño de futuras políticas de formación. Según datos preliminares, más del 50 por ciento de los funcionarios no ha culminado los ciclos educativos obligatorios.
Durante su intervención, Juanche señaló que históricamente el debate sobre la política penitenciaria se ha concentrado en aspectos como la infraestructura, la gestión de las unidades y los modelos de ejecución penal, relegando la formación del funcionariado. Afirmó que la formación penitenciaria, siendo uno de los pilares sustantivos para nutrir al sistema de los principios básicos de las instituciones democráticas, no ha sido uno de los nudos del debate.
Junto a esto subrayó que la profesionalización del personal es un elemento central para impulsar los cambios que el organismo proyecta en el sistema de ejecución penal, con la meta de fortalecer la reinserción social desde un enfoque basado en derechos humanos. Sostuvo que la consolidación de una política pública moderna, con un enfoque humano y ético, requiere necesariamente un cuerpo de funcionarios cada vez más capacitado, no solo en la formación inicial sino también a través de la formación permanente. Por otro lado, como desafío a futuro, Juanche planteó la necesidad de incorporar la educación penitenciaria en el marco de la Ley General de Educación, con el objetivo de darle un reconocimiento institucional acorde a su relevancia estratégica.
Por su parte, Natalia Barraco explicó que el ciclo nace con el propósito de instalar de manera sostenida en la agenda pública y académica el debate sobre la educación penitenciaria como parte de las políticas educativas nacionales. Indicó que la labor que realizan los funcionarios y funcionarias es de una complejidad social importante, lo que requiere una formación profesional y continua que debe contemplarse en articulación con todo el sistema educativo.
Destacó la importancia de profundizar la coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para avanzar en la inclusión de la formación penitenciaria dentro del marco general de la educación nacional. Señaló que consideran que es un momento propicio para comenzar a reflexionar juntos o continuar reflexionando la formación de los trabajadores y las trabajadoras penitenciarias dentro de la propia ley de educación.
Barraco remarcó que se trata de una necesidad estratégica del Estado uruguayo para asegurar propuestas consolidadas y sostenibles, con identidad pedagógica propia y adaptadas a las exigencias actuales del sistema penitenciario. Alineado con el Plan Estratégico 2025-2030, el ciclo de diálogos apunta a fortalecer la educación penitenciaria en clave de dignidad y derechos. Concluyó que el mejoramiento del sistema penitenciario, y en particular de la educación penitenciaria, también se mide de forma directa por las oportunidades educativas que se ofrecen a quienes tienen la alta responsabilidad de sostenerlo cotidianamente.
En paralelo, se realizó un encuentro interinstitucional que analizó el nivel educativo del personal penitenciario del país. Por primera vez se llevó a cabo este relevamiento para abordar la formación profesional como política educativa nacional en acuerdo interinstitucional. Autoridades del Parlamento, la ANEP, la Dirección Nacional de Educación (DNE) del MEC y el INR reflexionaron sobre la importancia de la educación penitenciaria como política educativa y de derechos humanos.
Con el objetivo de instalar el debate sobre la función social de estos trabajadores, el estudio arrojó que el 52 por ciento no terminó la educación obligatoria. No obstante, el 40 por ciento de los funcionarios y operadores penitenciarios quiere seguir estudiando. El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, afirmó que cuando se habla de este tema, todos están de acuerdo en que hay que ponerse en el lugar del hacer. Señaló que de 3.500 encuestados contestaron 3.333, y de esos, el 40 por ciento tiene ganas, pero existen barreras de acceso, por lo que hay que trabajar en eso.
La directora del INR, Ana Juanche, señaló la necesidad de dignificar y beneficiar la profesionalización de estos funcionarios, mientras que el director de la DNE, Gabriel Quirici, destacó la acumulación positiva de las instituciones implicadas. El documento señaló también que las áreas formativas de mayor interés fueron el trato y tratamiento dentro de los centros, administración e informática, y procedimientos de seguridad.
Sin embargo, subraya que existen algunas barreras que desafían la formación, como la superposición de tareas, las responsabilidades del servicio y los horarios. No es una barrera el interés, sino las condiciones de acceso. La senadora de la República, Bettiana Díaz, aseguró que se necesita abordarlo con becas, horas e incentivos. La jornada continuó con un intercambio sobre la necesidad de fortalecer la formación y profesionalización del personal penitenciario como actor fundamental en las políticas de reinserción y convivencia.
La educación penitenciaria en Uruguay es fundamental porque transforma el tiempo de reclusión en una oportunidad de desarrollo humano, garantizando el derecho a la formación como un motor clave para la reinserción social y la reducción de la reincidencia delictiva. Al ofrecer herramientas académicas, culturales y laborales, el sistema dignifica la vida de las personas privadas de libertad y mejora la convivencia dentro de los centros. Lo que se traduce directamente en una mayor seguridad pública y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
