Uruguay transita un quiebre histórico que altera de forma irreversible su matriz social y económica. Las proyecciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que el país ya no solo envejece, sino que ha ingresado formalmente en una fase de contracción poblacional.
El fenómeno, denominado por los expertos como «invierno demográfico», combina un desplome sin precedentes en la natalidad con un aumento sostenido de la esperanza de vida, dibujando una pirámide social invertida que desafía la sostenibilidad de las políticas públicas para las próximas décadas.
El dato más elocuente de esta transformación radica en el volumen anual de nacimientos. Mientras que en 2015 las salas de maternidad del país registraban la llegada de unos 49.000 niños, el cierre de 2025 consolidó una cifra inédita: apenas 28.903 nacidos vivos. Esta caída, cercana al 40% en un solo decenio, sitúa la Tasa Global de Fecundidad de Uruguay en el entorno de 1,16 hijos por mujer.
El indicador no solo se ubica muy por debajo del umbral de reemplazo poblacional, fijado en 2,1 hijos para mantener el stock de habitantes estable, sino que coloca al país a la par de los registros de ciertas naciones de Asia Oriental y Europa del Sur, históricamente afectadas por este estancamiento.
Especialistas en demografía señalan que este descenso vertiginoso responde a múltiples factores. Por un lado, se destaca un factor social positivo: la drástica reducción del embarazo adolescente no planificado, fruto de políticas públicas eficaces y del acceso generalizado a implantes anticonceptivos subdérmicos de larga duración.
Sin embargo, detrás de la libre elección reproductiva también operan variables económicas. El elevado costo de vida en Uruguay, las dificultades de inserción laboral formal para los jóvenes y las complejidades para conciliar la crianza con el desarrollo profesional actúan como desincentivos estructurales para la maternidad.
A esto se suma un dato biológico crítico aportado por el INE: el propio número de mujeres en edad fértil (entre 20 y 39 años) se encuentra en retroceso, proyectándose una pérdida de casi 90.000 personas en esta franja hacia el año 2045.
Rápido envejecimiento
Como contrapartida, la esperanza de vida en el país roza los 79 años de promedio general. Esta combinación de menos cunas y más longevidad alteró el saldo vegetativo. Desde el año 2021, Uruguay registra de forma consecutiva un crecimiento natural negativo; es decir, mueren más uruguayos de los que nacen.
Las proyecciones oficiales a largo plazo son tajantes: de no mediar una corriente inmigratoria masiva y constante, la población total del país comenzará a decrecer de forma sostenida a mediano plazo, estimándose que para el año 2070 la cantidad de habitantes caiga de los 3,4 millones actuales a unos 3 millones.
Para esa fecha, se prevé que el 32,5% de los uruguayos tenga 65 años o más, mientras que los menores de 15 años representarán apenas el 11,5% del total. La edad media de la sociedad, que hoy promedia los 39 años, trepará a los 50.
Las consecuencias de este escenario ya se hacen sentir en la infraestructura estatal. El sistema educativo público asiste a un vaciamiento paulatino de sus aulas en los niveles inicial y primario, lo que obliga a las autoridades a reestructurar y fusionar grupos escolares debido a la falta de alumnos.
En el otro extremo, la presión sobre el sistema previsional y de salud pública es monumental. Con una fuerza laboral activa en vías de estancamiento o contracción, el financiamiento de las pasividades a través del Banco de Previsión Social (BPS) ingresa en una zona de tensión financiera estructural, lo que ya motivó reformas legislativas para elevar la edad de retiro.
