El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó ayer una serie de reuniones con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el ministro del Interior, Carlos Negro, y el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, para ultimar los detalles de la propuesta que será considerada este viernes por el Consejo de Ministros sobre la utilización de vehículos militares en apoyo a los operativos policiales en barrios de Montevideo con alta incidencia del crimen organizado.
El encuentro sirvió para ajustar el informe que Defensa presentará al gabinete, en el que se detallan las condiciones de empleo de los vehículos, la coordinación con la Policía Nacional y las alternativas jurídicas para implementar la iniciativa. El tema llega al Consejo de Ministros junto con otro asunto central para el gobierno: la definición de la primera Rendición de Cuentas, que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá enviar al Parlamento antes del próximo martes.
La posibilidad de incorporar medios del Ejército al combate contra el delito fue anunciada el 18 de junio por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Allí informó que existe una coordinación permanente con el Ministerio de Defensa para aprovechar los recursos disponibles «dentro de la ley y la Constitución». Negro explicó que el objetivo es que una docena de vehículos militares sean puestos al servicio de la Policía Nacional para reforzar los operativos Dominio y Atenea en las zonas de mayor criminalidad. Según señaló, los vehículos actuarán bajo mando policial y estarán destinados exclusivamente a tareas de patrullaje y apoyo operativo.
El debate sobre el marco legal
Uno de los principales aspectos que deberá resolver el gobierno es el respaldo jurídico de la medida. Distintas fuentes políticas coinciden en que, al igual que ocurrió con la vigilancia de fronteras y la custodia perimetral de establecimientos penitenciarios, será necesaria una norma legal que otorgue cobertura específica a la participación militar.
Actualmente, las Fuerzas Armadas colaboran con la seguridad pública en dos ámbitos claramente regulados. La Ley Nº 19.677 habilitó desde 2018 el patrullaje militar en una franja de hasta 20 kilómetros de la frontera para apoyar el combate al narcotráfico, el contrabando y otros delitos. A su vez, la Ley Nº 18.717 autoriza al personal militar a realizar tareas de vigilancia perimetral y control de accesos en centros penitenciarios.
El presidente Orsi reconoció que el instrumento jurídico para esta nueva etapa aún no está definido. «Todavía no tenemos claro cuál será la forma jurídica», admitió días atrás, aunque reiteró que la decisión política de avanzar ya fue adoptada.
El diputado nacionalista y exsubsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, sostuvo que la participación militar en este tipo de tareas requerirá la aprobación de una ley por parte del Parlamento y no podrá resolverse únicamente mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
Qué vehículos se utilizarán y rol de militares
Otro de los puntos aún abiertos refiere al tipo de vehículos que finalmente serán incorporados al patrullaje. Inicialmente se manejó la utilización de los blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo. Sin embargo, esos vehículos fueron entregados en el marco de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI), por lo que su uso quedó asociado a misiones internacionales de paz y podría requerir una renegociación de las condiciones de utilización con el gobierno estadounidense.
Además, Naciones Unidas considera esos blindados parte de la capacidad que Uruguay mantiene disponible para futuras operaciones de paz, circunstancia que también es evaluada por las autoridades. El comandante en jefe del Ejército Mario Stevenazzi hizo referencia a este tema en su discurso del Día del Ejército, el pasado 18 de mayo, cuando afirmó que “hoy tenemos una Compañía Mecanizada lista para ser desplegada en cualquier parte del mundo, en el marco de una Misión de Paz, lógicamente con la autorización parlamentaria que corresponde, con equipamiento de primer nivel, lo que da mayores garantías a nuestro personal”. El comandante aludía, sin nombrarlos, a los vehículos Mamba MK7. Pero también hay otros aspectos a definir como el rol de los militares que conduzcan eventualmente los vehículos y su relación con el mando policial, así como también el alcance de su actuación, lo que también requieren de un marco legal.
El Poder Ejecutivo presenta la iniciativa como parte de una estrategia para reforzar la presencia del Estado en zonas donde el crimen organizado ha incrementado su actividad. A través de sus redes sociales, Orsi señaló que la decisión fue adoptada luego de una reunión con los ministros de Defensa, Interior y Economía, y sostuvo que el objetivo es «redoblar el combate contra el crimen organizado» utilizando toda la infraestructura de seguridad disponible.
El mandatario también adelantó que los efectivos militares que eventualmente participen de estas tareas recibirán una compensación económica similar a la que actualmente perciben quienes cumplen funciones en la vigilancia perimetral de las cárceles. Por su parte, la ministra Sandra Lazo procuró bajar el tono de la polémica y aclaró que el gobierno no pretende militarizar la seguridad pública. «No son los militares en la calle, porque no es su misión; es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol», afirmó.
La ministra explicó que todavía no está definido si los vehículos serán conducidos por personal militar o por efectivos policiales capacitados, ya que ello dependerá del tipo de unidad finalmente seleccionada.
Diferencias políticas
La propuesta abrió un debate dentro del propio Frente Amplio. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, expresó públicamente sus reparos al considerar que la imagen de militares patrullando barrios resulta «shockeante» y que deben mantenerse claramente separados los cometidos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Desde Presidencia, sin embargo, descartaron modificar el rumbo y sostienen que la prioridad es fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado. Paradójicamente, la iniciativa recibió respaldo desde buena parte de la oposición.
El senador colorado Andrés Ojeda consideró que representa un cambio importante en la política de seguridad y afirmó que desde hace tiempo su partido reclama una mayor presencia del Estado en los barrios dominados por organizaciones criminales.
En igual sentido se pronunció el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien manifestó que toda medida destinada a combatir la delincuencia contará con el apoyo de su partido. Orsi respondió además a quienes recordaron propuestas similares impulsadas años atrás por el exministro Jorge Larrañaga y que entonces fueron cuestionadas por dirigentes frenteamplistas. El presidente sostuvo que las decisiones deben adoptarse de acuerdo con las necesidades de cada momento.
Las dudas de Cabildo Abierto
La postura más cautelosa dentro de la oposición fue expresada por Cabildo Abierto. El diputado Álvaro Perrone anunció un pedido de informes para conocer el marco jurídico de la medida, la cadena de mando, el régimen salarial de los militares y si portarán armamento durante los patrullajes. También los sindicatos policiales manifestaron algunas reservas. Tanto el Sindicato Único de Policías del Uruguay como el Sindicato de Policías Nacionales señalaron que prefieren que los operativos se desarrollen con vehículos propios de la Policía y conducidos por efectivos policiales, aunque coincidieron en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la violencia.
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RECUADRO
Expectativa por la primera Rendición
de Cuentas de esta administración
El tema del despliegue de vehículos militares en zonas urbanas no es el único tema de la convocatoria del Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, hay cierta expectativa sobre el avance en las negociaciones por la primera Rendición de Cuentas de esta administración, que se espera que sea presentada en los próximos días por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Parlamento
La fecha tope para que el MEF remita el proyecto a Diputados es el próximo martes 30, por lo que el equipo económico empieza a trazar los últimos detalles para una iniciativa que tendría una reasignación de recursos, pero siempre dentro de lo incluido en la ley de Presupuesto quinquenal.
En medio de reclamos de distintos sectores del Ejecutivo para fortalecer determinadas áreas y de presiones opositoras para ajustar el gasto, Oddone ya planteó como eje el cumplimiento de la regla fiscal y cuatro prioridades, vinculadas a infancia, seguridad, empleo y personas en situación de calle.
