Fundación Madres del Cerro vuelve a proclamarse en el anexo del Palacio Legislativo para exigir la aplicación de políticas públicas contra las adicciones

Integrantes de la Fundación Madres del Cerro y asociaciones civiles llegaron desde varios puntos del territorio con el mismo reclamo, que las leyes se apliquen, que los tiempos de internación se acorten y que el Estado deje de mirar para otro lado mientras sus hijos mueren, van a prisión o quedan en situación de calle por culpa del consumo. Este 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Pero para las Madres del Cerro, como para tantas otras familias uruguayas, cada día es una batalla.

Como cada año volvieron a concentrarse frente al anexo del Palacio Legislativo, -como vienen haciendo desde hace más de una década-, para recordar a las autoridades estatales que el problema del consumo de drogas tiene que ir más allá del discurso, tiene que ir más allá de las promesas.

Entre las autoridades presentes en la actividad estuvieron convocados Pablo Abdala, Diputado del Partido Nacional por el departamento de Montevideo; Robert Silva, senador de la República por el Lema Partido Colorado; y Fernanda Auersperg, Representante Nacional por el departamento de Montevideo.

Gabriela Jost, presidenta de la Fundación Madres del Cerro, sostuvo que “el mensaje que queremos dejar es que la familias seguimos presentes, que la familia seguirá pidiendo vida para nuestros hijos”. La consigna se repitió entre los presentes una y otra vez “cansados de reivindicarnos frente a todo lo que se está viviendo todos los días, escuchando muerte de jóvenes, de niños, adolescentes, las cárceles llenas de personas que consumen drogas”. “Algo hay que hacer”, insistió, y denunció que “las promesas y todo lo que se viene diciendo es como que caen en una bolsa abierta, porque nunca llega nada”.

La soledad de las familias y el atraso del Estado

Una de las principales demandas que las madres llevaron al Parlamento fue la falta de apoyo económico a las comunidades terapéuticas. Jost señaló que hay centros de rehabilitación que llevan tres o cuatro meses sin cobrar las partidas que les corresponden por parte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que dificulta sostener la atención a quienes necesitan ayuda. También criticó los tiempos de espera para acceder a una internación, que pueden extenderse hasta un mes o más.

“Hoy en día es más accesible, pero no solamente por la llegada, sino porque hay programas que están trabajando en esto mismo. Las familias que hoy no tienen dónde recurrir pueden acercarse al Mides y esperar un mes o más para poder tener una internación. Creo que los tiempos habría que acortarlos”, refirió Jost, quien añadió que hoy en Uruguay los grupos de apoyo están más activos y buscan soluciones alternativas, incluso por encima del Estado. “ Quien sino es la familia la que siente el dolor de un ser querido que ha perdido años de su vida por culpa de la adicción”. 

Jost también señaló que el Estado no está cumpliendo con su rol y que son los grupos de apoyo civil -Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos- los que realmente sostienen a las familias. “Creo que se hace un trabajo más de la sociedad civil que de lo que tendría que ser el Estado, la parte más fuerte de mostrar todo esto”, afirmó.

Considera que se necesita más trabajo preventivo y educativo  en los liceos, universidades, “ ese trabajo con niños y adolescentes, debe ser de las cosas más urgentes, que no esperen a tener “la soga al cuello”.

Y agregó: “Si hace 15 años atrás, cuando empezamos a usar todos estos movimientos, nos hubieran escuchado, hoy no tendríamos las cárceles llenas de gente y los cementerios cada vez con más niños, adultos, jóvenes, perdiendo la vida por culpa del consumo”. “Hay que empezar a escuchar a la sociedad civil, y más cuando uno está metido en este tema”, concluyó.

La voz de las madres de Soriano

Desde el departamento de Soriano conversamos con Liliana Maneyro, Marcela Bordón, Edilma Valdéz y Silvia Valdéz. Ellas representan a miles de familias del interior que viven y sufren la realidad de tener un familiar en situación vulnerable a causa de este flagelo que invade a tantos en el país. “En realidad nunca pensé estar en esta situación, yo a mi hijo no le he podido sacar de la droga, pero si logramos sacar a tan solo uno de esta situación, yo ya me siento satisfecha”, dijo Edilma, con la emoción atravesando la voz. Su testimonio refleja la desesperación de muchas madres: “Mi hijo estuvo preso, ahora está en situación de calle. Voy a cumplir casi 70 años y he luchado muchísimo por él”.

Liliana, por su parte, contó que entró al movimiento por un sobrino, y que desde entonces no se fue: “Es la importancia de la visualización del problema, porque los hijos o las hijas están perdidos en el tema de la adicción. Es algo muy duro, porque hay gente que no duerme”.

Una de las madres de Soriano describió la cotidianidad de la angustia al contar que “los chicos, con el tema de la droga, para poder saciar esa “necesidad” roban cualquier cosa. No podés dormir”. Al respecto Marcela manifiesta que el adicto destruye la familia, y a veces la reincidencia y parte de los agravantes, depende de que la familia denuncie lo que está pasando, pero sino tenemos recursos a los cuales acudir es prácticamente imposible. 

El estigma y la judicialización de la pobreza

Claudia Domínguez, referente de la ONG Puentes de Esperanza, un grupo de apoyo de Maldonado, también estuvo presente y puso el foco en el estigma que cargan las familias. “Duele mucho el estigma, el juicio social. A veces detrás de una noticia hay familias que realmente están en una situación de mucha angustia, de mucho dolor”, afirmó.

Por ese motivo, exigen respuestas “merecemos ser escuchadas, es deber del Estado, si bien tenemos responsabilidad como ciudadanos, como familia también tenemos el derecho de exigir escucha, yo perdí a mi hijo hace tres años por culpa de las drogas. Falta mucho por hacer sobre todo en educación, es un trabajo en red, que involucra a todos”

También habló de la judicialización como salida forzada. “Hace años que estoy en esta lucha. “No hay políticas sociales que cubran este flagelo”. Las madres reclamaron que se aplique la ley de internación compulsiva y que se supere el miedo a usarla. “La ley de internación compulsiva, que no se tenga el miedo de aplicar las leyes, porque es necesario”, dijo Jost.

“No sirve de nada que haya una ley que no se aplique”, coincidieron las madres de Soriano. “Nos estamos haciendo viejos y no encontramos una respuesta para nuestros hijos, para nuestros nietos”.

Gabriela Jost expresó que el tiempo apremia y hay que garantizar el futuro de las nuevas generaciones “hoy soy abuela y lo que a mí me gustaría es poder cambiar para que mi nieto tenga un mundo mejor”.