A pesar de que Washington niega sistemáticamente la existencia y el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, el Departamento de Estado anunció este jueves nuevas medidas punitivas contra Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó en su cuenta de la red social X: «Cada acto de agresión del gobierno de EE. UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano».
Añadió que, aunque el gobierno estadounidense continúa negando el cerco económico, «le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria». Las medidas, dictadas por el secretario de Estado Marco Rubio, se enmarcan en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo. Las mismas buscan reforzar el cerco energético contra Cuba, afectar a empresas comerciales. Y proseguir la persecución contra la colaboración médica cubana.
Entre las entidades designadas se encuentra el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), institución científica dedicada a la exploración de crudo nacional. Y la búsqueda de soluciones tecnológicas para su refinación. También fueron incluidas la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A., señaladas como importadoras de gas, gas licuado y lubricantes.
Las sanciones también alcanzan a empresas vinculadas al transporte, el comercio exterior, las finanzas y las remesas. Como la Terminal de Contenedores de Mariel SA, Coral Marítima SA, CEIBA Investments Limited y la entidad financiera Orbit SA. En un nuevo capítulo de la ofensiva contra las misiones médicas cubanas, el Departamento de Estado designó a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC). Tanto a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), así como al ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda. Además de la directora de la UCCM, doctora Gretza Sánchez Padrón.
Sobre este punto, Rodríguez Parrilla señaló: «El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo. Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional». Y añadió que lo hace «el gobierno del país más rico del mundo, empeñado en negar dicho derecho humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos».
Más allá de la imposición de medidas contra propiedades e intereses de las personas designadas en Estados Unidos, el objetivo principal del anuncio es disuadir cualquier contacto o relación de entidades o personas estadounidenses con Cuba. Y generar temor entre posibles inversores, comerciantes o financistas.
Según el documento emitido por Rubio, se prohíben todas las transacciones. Así como negocios realizados por personas estadounidenses que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas designadas. A menos que esté autorizada por una licencia de la OFAC.
También se advierte que las personas extranjeras que participen en transacciones con las personas designadas, o que operen en los sectores de energía, defensa, metalurgia, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, se arriesgan a ser objeto de sanciones.
Las instituciones financieras extranjeras deben proceder con precaución respecto a cualquier operación con una parte sancionada. Debido que las acciones para devolver activos a una parte sancionada podrían exponerlas a un riesgo significativo de ser sancionadas.
