El gobierno cubano ha denunciado en los últimos meses el «bloqueo petrolero» que sufre la isla luego de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos el 26 de enero de 2026. Esa medida establece un arancel adicional a los productos importados desde aquellos países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
La interrupción de este suministro ha agravado los prolongados apagones y la inestabilidad del sistema electroenergético nacional, provocando en lo que va de año varias desconexiones totales y parciales del servicio eléctrico en todo el país, con fuertes repercusiones en la vida cotidiana.
La amenaza de incrementos arancelarios a quienes violen el bloqueo energético se acompañó de presiones para que los países de la región rescindan la colaboración médica con Cuba. Resulta clara la intención de abatir la imagen de resistencia y práctica internacionalista desarrollada por el gobierno y pueblo cubano por más de seis décadas, así como cortar fuentes de ingresos derivadas del turismo y los contratos de colaboración.
El saldo es una sensible erosión en las condiciones de vida de la población, con recurrentes cortes de electricidad, deterioro de servicios públicos como salud, educación y transporte, carencia de medicamentos, elevados precios de los alimentos y dificultades para su cocción y conservación. Por su parte, el gobierno ha acelerado acciones para el cambio de la matriz energética hacia fuentes renovables y la ampliación del crudo nacional, aunque los resultados aún son insuficientes para cubrir la demanda.
Comercio exterior e inversión extranjera
El pasado 17 de junio, el Pleno Extraordinario del Partido Comunista de Cuba aprobó un total de 176 reformas económicas, distribuidas en 23 fases, con las cuales pretenden afrontar la profunda crisis humanitaria generada por el cerco estadounidense. Estas reformas, posteriormente ratificadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, implican cambios sustanciales en el modelo económico cubano y abren la puerta a una participación más activa del capital privado y extranjero.
En el terreno del comercio exterior, las reformas buscan descentralizar decisiones hasta ahora concentradas en los ministerios. La fijación de precios, la creación de plantillas y el uso de utilidades pasan a ser competencia de las direcciones de las empresas, otorgando mayor autonomía operativa. Además, el gobierno abandona paulatinamente la distribución centralizada de insumos y combustibles, obligando a las empresas a autogestionarse en el mercado cambiario y de suministros.
En materia de inversión extranjera, se elimina el límite de cien trabajadores por empresa y se permite que una misma persona pueda ser propietaria de varias sociedades. También se amplían las formaciones societarias y se transforman empresas públicas en sociedades por acciones para atraer capitales, aunque el Estado conserva el control mayoritario de los sectores estratégicos.
Paralelamente, el gobierno cubano ha intensificado sus relaciones comerciales con actores del Sur Global, especialmente con China y Vietnam, convertidos en socios estratégicos en el ámbito energético y en el comercio de bienes y servicios. Las reformas también habilitan la participación privada en sectores como turismo, agricultura e industria ligera, con el objetivo de dinamizar la economía y generar divisas.
No obstante, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad para sortear las restricciones del bloqueo, como la prohibición de usar el dólar en transacciones internacionales y las limitaciones al acceso al sistema financiero global. El general Raúl Castro, envió una carta al pleno en la que ratificó que «transformar la economía es lo que más conviene hoy a la Revolución» y planteó como una obligación «no ser dogmáticos» frente a los retos actuales.
Según informó el viceministro primero del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Carlos Luis Jorge Méndez, en el programa televisivo La Mesa Redonda, ya funciona en Cuba un central azucarero constituido como empresa de capital totalmente extranjero, un hecho sin precedentes en el país.
Además, se han autorizado derechos de superficie y usufructo por plazos superiores a los previstos anteriormente, con el propósito de ofrecer mayores garantías a los inversionistas y favorecer proyectos a largo plazo. El sector bancario y financiero también ha sido objeto de cambios, con la aparición de estructuras privadas destinadas a facilitar el flujo de capitales.
El gobierno creó un grupo de trabajo permanente dentro del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, encabezado por la viceministra Déborah Rivas Saavedra, encargado de acompañar la implementación de estas transformaciones y dar seguimiento a las solicitudes. «Si es un negocio que no le interesa a Cuba, esa respuesta no hay que esperar una semana para decirla. Pero si es un proyecto que se corresponde con los intereses del país, tenemos toda la obligación de llevarlo adelante», subrayó Méndez.
Las nuevas oportunidades se ofrecerán en primer lugar a las empresas que han permanecido en Cuba pese al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, aunque la política oficial mantiene que no se distingue el capital por su origen y que todos los inversionistas interesados tienen las puertas abiertas.
El bloqueo en el contexto del orden internacional
La Revolución Cubana se ha desarrollado en tres momentos del orden internacional: la bipolaridad, la unipolaridad y la transición hacia un nuevo orden eventualmente multipolar. En todos ellos ha persistido el bloqueo y los intentos de revertir el proceso revolucionario.
Se trata de un entramado de sanciones económicas, financieras y comerciales vigente desde 1962 y codificado en 1996 mediante la ley Helms-Burton, que establece restricciones al financiamiento, al uso del dólar y a la importación de bienes desde terceros países con componentes estadounidenses. Estas medidas incrementan los costos de transacción y desincentivan la inversión y el comercio con la isla.
La inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo agrava estas limitaciones al activar controles financieros más severos, lo que lleva a bancos y empresas a evitar vínculos con el país por temor a sanciones.
El contexto internacional actual se caracteriza por el declive relativo de Estados Unidos, el ascenso de China y la transición hacia un orden multipolar, junto con la creciente politización de las relaciones económicas y el uso de medidas coercitivas como instrumentos de política exterior.
Este escenario abre espacios de interacción con el Sur Global, aunque también se desarrolla en un marco de competencia estratégica en el que Estados Unidos intenta reafirmar su influencia en el hemisferio occidental, apelando a una actualización de la Doctrina Monroe en términos más duros que los de su formulación original en 1823.
