Los acontecimientos son la expresión de una violencia que se ha instalado como parte del paisaje cotidiano y que exige una respuesta urgente del Estado. Durante años, Uruguay fue reconocido como uno de los países más seguros de América Latina. Hoy esa imagen se desvanece a una velocidad alarmante. Las noticias de las últimas semanas vuelven a mostrar una realidad insoportable: ráfagas de disparos a la salida de un partido de fútbol, homicidios en plena vía pública, ejecuciones vinculadas a deudas del narcotráfico y barrios enteros donde el miedo reemplazó a la tranquilidad. Lo más preocupante es que la violencia ha dejado de sorprender. Cada asesinato parece durar apenas unas horas en la agenda pública antes de ser reemplazado por el siguiente. Esa peligrosa normalización constituye una de las mayores derrotas de una sociedad democrática.
Las organizaciones criminales han demostrado una capacidad creciente para disputar territorios, imponer reglas propias y resolver conflictos mediante la ley del plomo. El sicariato, los ajustes de cuentas y las venganzas relacionadas con el mercado de las drogas ya no son fenómenos excepcionales. Se han convertido en una manifestación recurrente de un problema estructural que trasciende a un gobierno y que interpela a todo el sistema político. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse quién controla realmente determinados barrios cuando las balaceras se producen a cualquier hora, cuando niños y familias quedan expuestos a enfrentamientos armados y cuando asistir a un espectáculo deportivo puede transformarse en una situación de riesgo.
La inseguridad no se combate únicamente con discursos ni con estadísticas. Se enfrenta mediante inteligencia criminal, coordinación efectiva entre las instituciones, fortalecimiento de la investigación policial, una Justicia con recursos suficientes y políticas sociales capaces de evitar que nuevas generaciones sean captadas por las organizaciones delictivas. No existen soluciones mágicas, pero tampoco hay margen para la resignación.
Cada homicidio representa un fracaso del Estado en su obligación esencial de proteger la vida. Cada familia que pierde a un ser querido por la violencia paga un costo imposible de reparar. Cada comerciante que baja la cortina por miedo, cada vecino que modifica sus rutinas y cada joven que crece naturalizando las balaceras son señales de un deterioro que amenaza la convivencia democrática. Uruguay no resiste un minuto más de esta escalada de violencia.
