La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) enfrentará una crisis de sostenibilidad en 2029 si no se resuelven sus problemas financieros actuales. Así lo advirtió este martes su presidente, Andrés Pérez, tras reunirse en Torre Ejecutiva con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
La institución impugnará el decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi que dejó sin efecto el cobro de un timbre profesional por atenciones médicas, informes y registros asociados. La medida, anunciada a mediados de junio, iba a comenzar en agosto y buscaba generar unos 40 millones de dólares anuales para reforzar las finanzas de la Caja. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial, la entidad tendrá 10 días hábiles para presentar el recurso judicial. “La Caja ya está trabajando en la elaboración del recurso”, confirmó Pérez.
El titular de la institución rechazó las críticas del Gobierno sobre el impacto en los sectores vulnerables. Detalló que el esquema original contemplaba amplias exoneraciones. No pagarían Salud Pública, Sanidad Policial, Sanidad Militar, BPS ni policlínicas municipales. Además, se proponía liberar del tributo a embarazadas, niños menores de un año, mayores de 65 años, personas con discapacidad, pacientes con comorbilidades y quienes estén internados en CTI, cuidados intermedios o salas. “Las personas pobres no van a pagar el timbre”, enfatizó, y criticó como “ligeras” las expresiones de las autoridades.
Pérez recordó que la situación financiera real se conocía desde 2025 y que el Ejecutivo no tomó en cuenta las alternativas planteadas con anterioridad. Por eso el directorio decidió avanzar con el timbre. Ante el rechazo oficial, la Caja entregó una nueva propuesta centrada en lo que considera “realmente oneroso” del sistema de salud como el IVA, las cápitas y los copagos que el Ministerio de Salud Pública permite cobrar a mutualistas y seguros.
Otras opciones incluyen la incorporación de nuevas profesiones al régimen de aportes, que todos los nuevos profesionales dependientes o independientes contribuyan a la Caja, aportes reales según ingresos generados, destinar parte del IVA de los profesionales a la institución y que el IASS de los jubilados universitarios vaya a la Caja y no al BPS. “Planteamos todas las opciones que planteó la Caja antes de poner los timbres”, señaló Pérez. Díaz se comprometió a trasladar el planteo al presidente Orsi y a los ministros correspondientes. La incertidumbre generada por las decisiones recientes, sostuvo el presidente de la Caja, acelera el riesgo de inviabilidad para 2029.
Los aportes de los profesionales dependientes que van al BPS : deberían DERIVARSE A SU CAJA DE JUBILACIONES PROFESIONAL.