Hay una diferencia importante entre la prudencia diplomática y la ambigüedad política. La primera es necesaria. La segunda termina debilitando la confianza.
El debate sobre una eventual recepción en Uruguay de personas deportadas desde Estados Unidos es demasiado importante como para quedar atrapado en una disputa de palabras entre Presidencia y Cancillería.
El presidente Yamandú Orsi afirmó que la propuesta del Gobierno de Donald Trump todavía se está “afinando” y que Uruguay intercambia opiniones y puntos de vista con Washington. También sostuvo que miles de latinoamericanos están siendo retornados al continente y que Uruguay todavía no alcanzó ningún acuerdo.
El canciller Mario Lubetkin, sin embargo, había afirmado pocos días antes que no existía “ninguna propuesta” sobre la mesa.
El problema se vuelve mayor a partir de la información en la cual se sabe que el Gobierno estadounidense entregó el 24 de julio a la Cancillería uruguaya un documento de “entendimiento” vinculado a la recepción de deportados.
Puede existir una explicación técnica. Un documento de entendimiento puede no ser, jurídicamente, una propuesta formal. Una negociación puede encontrarse en una etapa preliminar. Un borrador puede estar sujeto a modificaciones. Pero esas diferencias deben ser explicadas.Porque el ciudadano uruguayo tiene derecho a saber qué está ocurriendo.Y qué pasa con el Frente Amplio!!
No se trata de exigir que el Gobierno publique una negociación diplomática en tiempo real. Ningún Estado serio funciona de esa manera. Las conversaciones internacionales necesitan reserva, especialmente cuando todavía no existe un acuerdo definitivo.Pero reserva no significa oscuridad. Si existe un documento, el Gobierno debe explicar cuál es su naturaleza. Si no constituye una propuesta formal, debe explicar por qué. Si la negociación está abierta, debe establecer cuáles son los principios y límites que Uruguay está defendiendo. Hay preguntas elementales que no pueden quedar suspendidas indefinidamente.
¿Quiénes serían recibidos? ¿Serían uruguayos o ciudadanos de terceros países? ¿Qué obligaciones asumiría Uruguay? ¿Quién financiaría los traslados y la asistencia? ¿Cuál sería el régimen jurídico? ¿Por cuánto tiempo permanecerían esas personas en territorio nacional?. Y, sobre todo, ¿qué está dispuesto a aceptar Uruguay y qué no?. Esas no son preguntas partidarias. Son preguntas de Estado.
El Gobierno de Orsi tiene derecho a negociar con Estados Unidos a espalda de su fuerza política, eso se lo reclamarán sus militantes. También tiene derecho a rechazar una propuesta que considere inconveniente. Lo que no puede permitirse es que Presidencia y Cancillería transmitan versiones diferentes sobre el estado de una negociación de esta sensibilidad. La política exterior requiere una sola voz. Uruguay tiene una tradición diplomática reconocida y una institucionalidad que debe ser preservada. Pero precisamente por eso la ciudadanía no debería tener que reconstruir la posición del país a partir de declaraciones contradictorias, filtraciones o versiones periodísticas.
La soberanía también consiste en saber qué se está negociando antes de asumir compromisos. El presidente tiene razón cuando afirma que el destino del país está en juego. Pero si realmente es así, la responsabilidad exige todavía mayor claridad.
Prudencia, sí. Silencio, no. Orsi y Lubetkin tienen ahora una obligación sencilla: explicar qué recibió Uruguay, qué está negociando con Washington, en qué etapa se encuentra el diálogo y cuáles son las condiciones que el país no está dispuesto a resignar. Porque la diplomacia puede hablar en voz baja. Pero la responsabilidad de gobernar, no.
Más reserva? Este se ha convertido en el gobierno del secretismo.