Cuando pedir auxilio ya no alcanza

Un trabajador del transporte fue amenazado con un arma, obligado a continuar conduciendo y quedó, junto con los pasajeros, sometido durante aproximadamente 40 minutos a una situación que ningún ciudadano debería vivir. Pero el episodio no termina en el delincuente que tomó el control del vehículo. También obliga a mirar qué ocurrió del otro lado: qué hizo el Estado cuando se produjo la emergencia, cómo funcionó el sistema de respuesta y por qué, si efectivamente existió una comunicación al 911, la asistencia policial no llegó mientras el ómnibus permanecía bajo amenaza. La denuncia sindical de que una llamada al 911 habría terminado porque el operador no escuchaba correctamente al denunciante merece una explicación clara y pública. Si ese extremo se confirma, estaríamos ante una falla que no puede ser considerada anecdótica. El 911 existe precisamente para situaciones en las que una persona no está en condiciones normales de comunicarse. Quien llama puede estar nervioso, escondido, perseguido, amenazado o hablando desde un lugar donde cada segundo cuenta. No se puede exigir a una víctima que se comporte como un operador de emergencias.

Por eso, el sistema debe tener mecanismos capaces de interpretar una comunicación deficiente, localizar el origen de la llamada, reconstruir la situación y activar los recursos disponibles. Si una llamada se corta simplemente porque no se entiende al denunciante, entonces algo está fallando en el corazón mismo del sistema de respuesta. Y esto ocurre en un contexto que tampoco puede ignorarse. El episodio tuvo lugar alrededor de un espectáculo deportivo, donde las autoridades conocen de antemano que existen riesgos vinculados a concentraciones de personas, desplazamientos masivos y violencia entre grupos. No se trata de un fenómeno imprevisible. Un ómnibus de transporte colectivo no puede transformarse en territorio liberado.

Un trabajador que conduce un coche de pasajeros no puede convertirse en rehén. Los usuarios tampoco pueden quedar atrapados en una unidad sometida por delincuentes mientras esperan una respuesta que no llega. La discusión sobre seguridad pública suele reducirse a cifras, operativos, patrulleros y anuncios. Pero la verdadera eficacia del Estado se mide en momentos como este. Se mide cuando alguien llama pidiendo auxilio. Se mide en cuánto demora la respuesta. Se mide en la capacidad de anticipar escenarios de riesgo. Y se mide, fundamentalmente, en si el ciudadano siente que del otro lado existe alguien capaz de protegerlo.

La seguridad no puede ser una promesa posterior al delito. Tampoco alcanza con anunciar una investigación después de que el hecho ocurrió.El Gobierno tiene la obligación de dar esas respuestas.No para encontrar un culpable administrativo, sino para evitar que vuelva a suceder. Porque si un ómnibus puede ser tomado por la fuerza, si un trabajador puede ser obligado a conducir bajo amenaza y si una llamada de emergencia puede no traducirse en una respuesta efectiva, el problema trasciende a UCOT, al fútbol y a un episodio puntual. Es un problema de seguridad pública.