La tarde de este viernes, la sede central del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en 18 de Julio, fue escenario de una concentración pacífica. Directivos y trabajadores de diferentes organizaciones que trabajan en rehabilitación de personas con consumo problemático se reunieron para visibilizar una situación que, según denuncian, lleva más de 100 días sin solución.
En la concentración mostraban carteles con leyendas como «MIDES no paga» y «Necesitamos soluciones inmediatas y permanentes» exigiendo el “pago urgente de los atrasos” y una solución definitiva a un problema que, afirman, viene repitiéndose a lo largo del año lo cual pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la estabilidad de los centros.
En entrevista para Diario La R Ignacio Velázquez, director general de Comunidad Terapéutica Renovación, fue uno de los primeros en expresar su preocupación. La institución que dirige cuenta con dos sedes, una en Totoral del Sauce, Canelones, y otra en Durazno. Ambas funcionan bajo la modalidad de comunidad terapéutica, con un enfoque que combina la espiritualidad, el programa de los doce pasos de narcóticos anónimos y un acompañamiento integral que incluye a las familias.
«Estamos reclamando un adeudo de más de 100 días que llevamos cargando a cuestas todas las organizaciones», dijo Velázquez. «Venimos sobreviviendo en base a colaboraciones familiares, en base a muchos sacrificios, al amor que tiene el equipo también para trabajar en esto, porque sin amor con esta patología no se puede.»
El director explicó que el convenio con MIDES establece que el pago debe realizarse al mes cumplido. «Hoy estamos pidiendo ni más ni menos que lo que ya hemos generado. No buscamos privilegios, no buscamos adelantos, sino lo pactado», afirmó.
La situación, aseguró, se ha vuelto insostenible. «Son más de 700 vidas hoy que están en nuestras manos», señaló. «El no tener un dinero para poder solventar todo gasto que implica, ya sea el equipo terapéutico, los profesionales a cargo, la alimentación, los alquileres, los servicios, nos tiene con el corazón en la boca.»
Velázquez también cuestionó la falta de respuestas. «Hay una ausencia muy significativa, hay un silencio sepulcral. Nadie nos puede decir nada, se justifican y se excusan con tiempos burocráticos por los atrasos», denunció. «Creo que nosotros no podemos decirle a los muchachos que están internados que esperen 90 días a ver si cobramos para comer, para atenderse, para que lo vea un psicólogo, un psiquiatra.»
El director de Comunidad Terapéutica Renovación también hizo referencia al monto que reciben por usuario: aproximadamente 30 mil pesos mensuales. «De los cuales nosotros también pagamos DGI, pagamos BPS, pagamos los impuestos al Estado, pero el Estado es a nosotros que no nos paga», explicó. «Estamos en un lleva y trae bastante complicado. Tuvimos que acudir a bancos, a préstamos, a gente que nos colabore.»
Velázquez comparó la situación con el gobierno anterior, donde, dijo, «había mejor fluidez con los pagos». «A partir de la entrada de este gobierno, a nosotros nos viene soltando la mano, y nosotros no queremos soltarle la mano a los muchachos que vienen teniendo su proceso», concluyó.
Por su parte, Susana Cardozo, directora de Hogar Asistido Los Robles, en la ciudad de Artigas, también participó de la concentración. Su institución trabaja con un equipo multidisciplinario y ofrece 36 camas para personas con consumo problemático, muchas de ellas con patologías duales.
«Hace cuatro meses que no percibimos el dinero, que es sumamente necesario porque trabajamos con un equipo multidisciplinario», dijo Cardozo. «Y el objetivo hasta el día de hoy y siempre es dar la mejor calidad y brindarle lo mejor a los muchachos.»
La directora destacó los logros alcanzados por su institución. «Hay muchos trabajadores reinsertados en la sociedad y laboralmente», afirmó. «Entonces nos parece muy injusto, dado que vemos en la televisión todo lo que está pasando a través del narcotráfico, todos los muchachos que están muriendo día a día. La idea es seguir rescatando personas y que esto no nos obligue a tener que cerrar las puertas.»
Cardozo subrayó que hay mucha gente en espera. «Trabajamos con consumo problemático, tenemos chicos que han logrado con una tobillera de no ir a la cárcel y eso nos parece muy valorable», señaló. «Terminan su proceso y nosotros somos un equipo que hacemos seguimiento, trabajamos de forma integral con la familia.»
La directora también mencionó la importancia de los pagos a tiempo para mantener la infraestructura. «Los actores diferentes del Estado como UTE, BPS, hay que pagarlos en tiempo y forma porque si no nos cortan el suministro», explicó. «BPS, si te atrasas un día, el otro día tenés que pagar una fortuna de recargo.»
Cardozo estimó que entre familiares, usuarios y personal son aproximadamente 2.500 personas las que dependen de estos centros. «Las respuestas son siempre las mismas: estamos haciendo el mayor esfuerzo, estamos intentando, pero pasaron cuatro meses y nosotros no hemos percibido ningún dinero. «Evidentemente hay una desprotección y una falta de preocupación».
Asimismo, Sebastián Ferrari, subdirector del Centro Terapéutico Renacer, explicó que los atrasos afectan todos los aspectos del funcionamiento de la institución. «Si bien afecta en lo que es la infraestructura, en que tenemos algunas obras las cuales están paradas, también afecta en lo que es pago de cuentas y los sueldos del equipo.»
Ferrari también señaló que la alimentación de los residentes se ha visto comprometida. «Tenemos que salir a pedir donaciones, movernos por acá. Si bien tenemos un grupo de ayuda que colabora con nosotros, no podemos estar dependiendo de ellos en base a que tenemos 20 residentes de MIDES en los cuales ellos no están abonando.»El representante de Centro Renacer explicó que tienen entre siete y ocho usuarios privados, cuyas mensualidades ayudan a costear los gastos, pero no son suficientes. «Tratamos de costear lo que más se pueda», dijo.
Sobre las respuestas de MIDES, Ferrari refirió que «la única respuesta que nos dan es estamos haciendo todo lo posible o todavía no tenemos respuesta», denunció. Y describió un patrón que se repite desde principio de año: «Ellos amontonan, nos dejan de pagar durante tres meses, después sale la partida, nos pagan un mes, pasan 20 días, nos vuelven a pagar un mes, y luego se vuelven a acumular los tres meses».
Ferrari también señaló la contradicción entre las exigencias de MIDES y la falta de pagos. «Tienen mucha demanda hacia la institución, que tenemos que tener psiquiatra, enfermera. Pero sin dinero no hay demanda que se pueda cumplir», afirmó. «Los culpables están a la vista, no se puede hacer nada, y cada vez la situación se va volviendo más complicada y más insostenible.»
También advirtió que la problemática no es exclusiva de su institución. «Somos unas cuantas comunidades a las cuales nos vienen prorrogando la mensualidad», dijo. «Pero nosotros seguimos firme, a los chicos no les falta nada, tienen las cuatro comidas del día, se los lleva al médico en tiempo y forma, el servicio se sigue brindando»
La política de este gobierno es mas tercerizaciones y precarizacion del trabajo.