El pasado viernes directivos y trabajadores de centros asistenciales por consumo problemáticos reclamaron de forma pacífica por adeudos de más de 100 días por parte del Mides. Sin embargo, en las redes sociales, el descontento se multiplicó. La indignación ciudadana apunta a lo que muchos interpretan como una contradicción insostenible entre las prioridades del gobierno y el abandono de los sectores más vulnerables.
Las publicaciones de los medios tradicionales en plataformas como Facebook y X se convirtieron en termómetros de una sociedad que observa con creciente escepticismo la gestión del MIDES. En este aspecto, la mayoría de los usuarios expresaron su respaldo a los manifestantes, pero también un profundo malestar hacia el gobierno. Usuarios refieren que «el estado no puede tener dos varas para medir», la sensación de abandono se profundiza cuando se establecen paralelismos con otros gastos del Estado.
«Los acuerdos comerciales son importantes, pero ¿a qué precio?», se pregunta un usuario. «Primero hay que garantizar lo básico: que la gente que cuida a los que menos tienen puedan cobrar su sueldo». Más allá de los números, hay historias que las redes sociales han amplificado donde los atrasos salariales llevaran al borde del colapso. Afecciones psicológicas derivadas del estrés constante, manifiestan que «La pasamos mal. Tenía compañeros que perdieron la casa donde alquilaban. Algunos terminaron en el psiquiatra y tomando pastillas para dormir por el estrés», cuentan. “Son trabajadores pero también tienen familia, muchas madres o padres responsables de hogar”.
Esa dinámica de «lleva y trae», como describen los responsables de los diferentes centro terapéuticos, ha generado un desgaste, y las redes no dejan pasar por alto esta situación. «Siempre los mismos: los que trabajan en el territorio son los que pagan las consecuencias», describen. Otro añadió: «Esto no es un problema administrativo, es una cuestión de voluntad política».
El impacto de esta situación ya se está haciendo sentir en el terreno. Por otro lado refieren que se pone en cuestión las obligaciones y compromisos asumidos para la atención principalmente en salud mental, tanto para la población usuaria como para los equipos que trabajan allí.
Una de las preocupaciones es el cierre de los centros. «Cierran un espacio de contención para personas con problemas de salud mental y ¿a quien deben culpar? y cada día crecen los índices de personas en situación de calle». La sensación de que el Estado está soltando la mano de quienes más lo necesitan se ha instalado como un lugar común en el debate público digital.
Sebastián Ferrari, subdirector del Centro Terapéutico Renacer, comentó que «Tienen mucha demanda hacia la institución. Pero sin dinero no hay demanda que se pueda cumplir». Los centros deben mantener equipos multidisciplinarios, garantizar la alimentación de los residentes y afrontar los costos de infraestructura, pero lo hacen con recursos que no llegan. Esa bicicleta financiera, como la llaman los trabajadores, ha llevado a muchos centros a recurrir a préstamos bancarios y donaciones para poder sostener la atención.
Lo que está en juego, más allá de los números y los plazos, es la continuidad de un sistema de atención que durante años ha sido un pilar para las personas con consumo problemático y sus familias. Susana Cardozo, directora de Hogar Asistido Los Robles, lo expresó: «Vemos en la televisión todo lo que está pasando a través del narcotráfico, todos los muchachos que están muriendo día a día. La idea es seguir rescatando personas y que esto no nos obligue a tener que cerrar las puertas».
La desidia del Estado, como la llaman muchos comentaristas, no solo afecta a los trabajadores y a las organizaciones, deja a la intemperie a personas que ya han sido vulneradas una y otra vez. «Los culpables están a la vista», dijo Ferrari. «No se puede hacer nada, y cada vez la situación se va volviendo más complicada».
