En una entrevista de fuerte tono crítico, ambos advierten que el problema no se limita a una deuda salarial: detrás del atraso existe el riesgo de quebrar procesos de recuperación, contención y reinserción que requieren continuidad, presencia profesional y vínculos sostenidos en el tiempo.
Hay situaciones que no pueden medirse únicamente en una planilla contable. Un salario impago durante más de tres meses representa para cualquier trabajador una dificultad económica de enorme dimensión.
Carlos y Marion conocen esa realidad desde adentro. Son operadores de una ONG que trabaja en el área de adicciones y que desarrolla tareas vinculadas a la atención, contención y acompañamiento de personas que buscan reconstruir sus vidas. La organización mantiene un vínculo de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), pero los retrasos en los pagos generaron una situación que, según relatan, ya resulta insostenible.
Hace más de tres meses que no perciben sus salarios.
No se trata, explican, de una demora administrativa que pueda observarse con indiferencia. En su trabajo cotidiano, cada día cuenta. Cada vínculo construido con una persona en recuperación puede ser determinante. Cada interrupción puede significar un retroceso. Y cada profesional u operador que abandona una tarea por no poder sostener económicamente su propia vida representa una pérdida de experiencia, conocimiento y continuidad para el sistema.
“No estamos hablando solamente de nuestros salarios”
Carlos plantea el problema desde una perspectiva que trasciende su situación personal.
“Nosotros necesitamos cobrar, obviamente. Tenemos familias, obligaciones, alquileres, cuentas y una vida que sostener. Pero el problema más grande es lo que sucede con las personas que atendemos cuando los procesos empiezan a perder continuidad”, sostiene.
“La recuperación necesita tiempo. Necesita presencia. Necesita confianza. Hay personas que tardaron meses o años en poder establecer un vínculo con un operador y empezar a aceptar determinadas pautas. Cuando ese proceso se corta o se debilita, volver atrás puede ser muy fácil”, agrega Marion.
La advertencia apunta directamente al impacto que puede tener la fragilidad institucional sobre las políticas de atención a las adicciones.
No alcanza con abrir una puerta de ingreso a un tratamiento o a un dispositivo de atención.
El retroceso que no aparece en las estadísticas
Para los operadores, uno de los problemas más graves es que los retrocesos en las personas atendidas muchas veces no aparecen inmediatamente en las estadísticas.
Una persona puede dejar de concurrir durante algunos días. Puede romper parcialmente con determinadas rutinas. Puede volver a consumir. Puede abandonar una instancia de acompañamiento. Puede aislarse.
“Cuando alguien vuelve a consumir, muchas veces se mira solamente el resultado final. Pero hay todo un proceso anterior. Hay señales, hay situaciones familiares, hay problemas económicos, hay angustia, hay frustración. El operador está ahí justamente para detectar esas situaciones y trabajar antes de que se produzca una crisis”, explica Carlos.
Por eso, sostiene, reducir o interrumpir los dispositivos de acompañamiento tiene consecuencias que pueden aparecer semanas o meses después.
“Lo que hoy parece una demora en un pago puede transformarse mañana en una persona que abandona un proceso de recuperación. Y después recuperar ese vínculo puede ser muchísimo más difícil”, agrega.
Marion coincide y pone el foco en una característica particular del trabajo con adicciones: la necesidad de construir confianza.
“No se trabaja con una persona como si fuera un trámite. No es llenar un formulario, entregar un medicamento o darle una indicación. Hay que generar un vínculo. Hay personas que llegan con una historia muy complicada, con vínculos familiares rotos, con experiencias de violencia, con años de consumo. Para que vuelvan a confiar en alguien hace falta mucho tiempo”, explica.
El operador como figura de referencia
En ese contexto, los operadores cumplen una función que muchas veces permanece invisible para la sociedad.
Son quienes acompañan, escuchan, contienen, orientan y, en determinadas situaciones, funcionan como una referencia cotidiana para personas que carecen de redes familiares o sociales capaces de sostenerlas.
“Muchas veces somos el primer teléfono al que llaman cuando tienen un problema. Somos quienes conocen la historia de la persona, sus avances, sus retrocesos, sus dificultades. Cuando hay una crisis, muchas veces el operador es quien está ahí”, explica Carlos.
La interrupción de ese vínculo puede ser especialmente problemática.
“Imagínate una persona que finalmente logró confiar en alguien y empieza a contarle lo que le pasa. Si ese operador deja de estar, no es simplemente cambiar un trabajador por otro. Hay un vínculo que se rompe”, señala Marion.
Ese aspecto constituye, según ambos, una de las principales contradicciones de un sistema que pretende abordar las adicciones desde una perspectiva integral pero que puede terminar afectando la continuidad de los equipos encargados de llevar adelante esa política.
Trabajadores que también necesitan ser cuidados
Existe además una dimensión laboral que, según los entrevistados, no debería ser ignorada.
“Se habla mucho de cuidar a las personas que están en recuperación. Y está bien. Pero también hay que cuidar a quienes trabajan con esas personas”, afirma Carlos.
El atraso salarial introduce además una preocupación adicional: la posibilidad de que trabajadores con experiencia abandonen los dispositivos.
“Si un operador no puede vivir de su trabajo, llega un momento en que tiene que buscar otra cosa. Y cuando se va alguien que conoce a las personas que están en tratamiento, se pierde mucho más que un trabajador”, sostiene Carlos.
Se pierde experiencia acumulada, conocimiento del territorio, conocimiento de las familias y, fundamentalmente, continuidad.
“No se puede construir recuperación desde la precariedad”
La crítica de los operadores apunta también a la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas.
“No se puede construir una política de recuperación desde la precariedad de quienes tienen que llevarla adelante”, afirma Marion.
Tres meses que también generan incertidumbre
Mientras transcurren los meses sin cobrar, la incertidumbre también comienza a afectar a los propios trabajadores.
“Uno intenta seguir trabajando porque sabe que hay personas que nos necesitan. Pero también llega un momento en que te preguntas cuánto tiempo podés sostenerlo”, reconoce Carlos.
Marion señala que existe una contradicción difícil de resolver.
“Nosotros seguimos porque tenemos un compromiso con las personas. Pero ese compromiso no puede convertirse en una obligación de trabajar indefinidamente sin cobrar”, afirma.
Ambos rechazan que el planteo pueda ser interpretado como una cuestión exclusivamente salarial.
“Por supuesto que queremos cobrar nuestros salarios. Es un derecho. Pero estamos hablando de algo mucho más grande: estamos hablando de la continuidad de una política de atención”, explica Carlos.
Una política que necesita continuidad
La discusión planteada por Carlos y Marion coloca nuevamente en el centro la necesidad de pensar las políticas de adicciones como procesos de largo plazo.
La atención de los consumos problemáticos no puede depender únicamente de respuestas frente a las crisis. Requiere prevención, tratamiento, acompañamiento, reinserción y seguimiento.
Y todos esos componentes necesitan equipos estables.
“Si realmente se quiere trabajar en recuperación, hay que sostener los procesos. Y para sostener los procesos hay que sostener a quienes trabajan en ellos”, resume Marion.
Carlos lo plantea de manera aún más directa: “No se puede pedir resultados a trabajadores que no tienen garantizado siquiera el pago de su salario”.“Nosotros queremos seguir trabajando”, dice Carlos. “No estamos pidiendo otra cosa que poder hacer nuestro trabajo y cobrar por él”.
Marion agrega una última consideración: “Hay personas que están intentando cambiar su vida. No podemos permitir que por problemas de gestión o de pagos se les corte el proceso”.
La discusión, entonces, no parece reducirse a cuánto dinero debe una administración a una organización.
Por eso, el reclamo de Carlos y Marion no es solamente el de dos trabajadores que llevan más de tres meses sin percibir sus salarios. Es también la advertencia de dos personas que trabajan en la primera línea de una problemática social compleja y que observan, desde adentro, cómo la falta de continuidad puede convertir una dificultad administrativa en un problema humano de mayores dimensiones.
