La Coalición Republicana anunció este lunes que presentará en los próximos días una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el presunto delito de abuso innominado de funciones, en el marco de las actuaciones y conclusiones derivadas de la comisión investigadora parlamentaria sobre el proceso de compra de las patrulleras oceánicas OPV al astillero español Cardama.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa por legisladores de los partidos que integran la oposición, luego de cinco meses de trabajo de la comisión investigadora. La denuncia, según adelantó el diputado nacionalista Pablo Abdala, está siendo redactada y será presentada ante la Fiscalía General de la Nación, con la firma de los legisladores que participaron de la investigación. La oposición también resolvió solicitar a la presidenta de la Asamblea General que remita “inmediatamente” a la Justicia todos los antecedentes reunidos por la comisión, sin esperar las instancias posteriores de pronunciamiento parlamentario. Entre la documentación se incluirá, según informó el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, la respuesta enviada recientemente por el titular del astillero Cardama.
Durante la conferencia, los representantes de la Coalición coincidieron en una primera conclusión política: sostuvieron que los informes elaborados en la comisión investigadora no comprobaron actos de corrupción ni ilícitos vinculados al proceso de compra de las patrulleras.
“No hubo ningún acto de corrupción”
El diputado colorado Maximiliano Ocampo defendió la decisión adoptada durante el anterior gobierno de avanzar en la adquisición de dos patrulleras oceánicas, luego de dos décadas de intentos frustrados.
Según señaló, la necesidad de incorporar estos buques estaba vinculada a la vigilancia de las aguas jurisdiccionales uruguayas y al combate contra actividades como el narcotráfico y la pesca ilegal. Ocampo sostuvo que la contratación del astillero Cardama se realizó por razones de precio y plazo, con aval técnico de la Armada Nacional. También afirmó que, de acuerdo con la posición de la oposición, la compra se ajustó a derecho, estuvo amparada por el TOCAF y no recibió observaciones del Tribunal de Cuentas. “El proceso de compra de las OPV al astillero Cardama se ajustó a derecho”, afirmó. Agregó que durante la investigación no se descubrieron irregularidades que cuestionaran legalmente la contratación y destacó que ninguno de los otros oferentes presentó reclamos o cuestionamientos contra la adjudicación.
En la misma línea, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli afirmó que los cuatro informes elaborados en el marco de la comisión investigadora no plantean ningún acto de corrupción. “Aquí tenemos que terminar con la malicia, con la insinuación de actos de corrupción, de coimas, cosas que se han tratado de instalar”, expresó. Gianoli cuestionó duramente la decisión del gobierno de rescindir el contrato y sostuvo que se trató de una “maniobra política de muy mala fe”, que, según afirmó, podría generar importantes perjuicios para Uruguay. También acusó al gobierno de haber ocultado información a la comisión investigadora.
Gerardo Sotelo elevó el tono de las críticas y apuntó directamente contra actuaciones de altos jerarcas del Poder Ejecutivo. El diputado del Partido Independiente sostuvo que, además de no haberse encontrado hechos de corrupción en relación con la compra, la comisión detectó conductas que, a su entender, podrían implicar eventuales violaciones de la ley. Mencionó específicamente al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; al prosecretario, Jorge Díaz; y a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Sotelo cuestionó los fundamentos que llevaron al Poder Ejecutivo a adoptar la decisión de rescindir el contrato y afirmó que, diez meses después del anuncio de la rescisión, todavía no se conoce cómo se recuperarán los fondos ya desembolsados ni cuándo y a qué costo Uruguay podrá contar con las patrulleras. Según sus cifras, se encuentran comprometidos unos 30 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron pagados durante la actual administración.
La denuncia contra Lazo
El anuncio central de la conferencia estuvo a cargo de Pablo Abdala, quien confirmó que la Coalición Republicana presentará una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional. “Vamos a presentar en los próximos días una denuncia penal contra la ministra de Defensa Sandra Lazo por el delito de abuso innominado de funciones”, anunció.
Abdala sostuvo que las conclusiones de la comisión permiten afirmar, desde la perspectiva de la oposición, que las “verdaderas ilicitudes e irregularidades” ocurrieron a partir del 1º de marzo de 2025, ya durante la actual administración. El diputado cuestionó particularmente que, pese a que —según afirmó— en mayo ya existía una decisión política de terminar con el contrato, en junio se hubiera realizado un pago de 12 millones de euros y continuado con la ejecución de obligaciones financieras. También señaló que la actual administración pagó, según sus declaraciones, 20 millones de euros vinculados a un contrato cuya rescisión ya se encontraba en consideración. Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las tareas de seguimiento de la construcción de las patrulleras. Abdala afirmó que durante siete meses no se adoptó una decisión para que los delegados de la Armada Nacional concurrieran al astillero de Vigo a cumplir las tareas de control previstas.
Asimismo, acusó a la ministra de haber permitido la participación de personas ajenas funcionalmente al Ministerio de Defensa en tareas de obtención de información, indagaciones y pesquisas que posteriormente fueron utilizadas como base para investigaciones administrativas. La oposición sostiene que esas actuaciones podrían constituir un abuso de funciones y eventualmente otros delitos que deberán ser analizados por la Justicia. Abdala adelantó que la denuncia quedará pronta durante esta semana.
