Daniel Radío: “Perdimos de vista para qué están las cárceles”

Daniel Radío todavía no asumió formalmente como comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, aunque la Asamblea General ya lo designó, el 15 de julio pasado, con 98 votos en 101. El exdiputado del Partido Independiente deberá esperar que el Poder Ejecutivo designe a su sustituto en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), donde actualmente integra el directorio, para concretar el pasaje.

La demora administrativa no le impide, sin embargo, tener claro cuál será el eje de su gestión. Para Radío, médico de profesión y con experiencia parlamentaria y en políticas de drogas, el principal problema del sistema carcelario no puede reducirse al hacinamiento, la violencia, las condiciones edilicias o la falta de recursos. El problema, sostiene, es más profundo: Uruguay perdió de vista para qué existe una cárcel.

“Sobre la marcha perdimos de vista lo esencial, que es para qué”, afirma. Y ese “para qué” remite directamente al artículo 26 de la Constitución, que establece que las cárceles no deben servir para mortificar a las personas privadas de libertad, sino para asegurar su reeducación y aptitud para el trabajo.

A juicio de Radío, el sistema actual se ha desplazado hacia una lógica predominantemente retributiva y sancionatoria. “Hay que dársela” es, según su interpretación, la idea que domina buena parte de la discusión pública sobre seguridad: aumentar las penas, endurecer las condiciones y mantener encerradas a más personas. El problema es que esa lógica no necesariamente reduce el delito.

El futuro comisionado distingue entre castigar y prevenir. La privación de libertad puede tener un componente retributivo, pero también debería cumplir una función instrumental: prevenir nuevos delitos. Y allí ubica tres caminos posibles. El primero es incapacitar para delinquir mientras la persona está presa. El segundo es disuadir mediante la amenaza de la pena. El tercero es rehabilitar.

Los dos primeros, sostiene, tienen resultados limitados. La cárcel no incapacita completamente para delinquir porque desde las propias unidades penitenciarias se pueden continuar manejando actividades criminales. Tampoco disuade de manera suficiente, argumenta, cuando la reincidencia continúa siendo elevada. Por eso considera que el tercer componente, la rehabilitación, es el que debería recuperar centralidad.

“Necesitamos rehabilitar, no depósitos”

Radío advierte que la discusión pública suele quedar atrapada en una pregunta de infraestructura: dónde poner a los presos.

“Estamos en vez de estar pensando en cuestiones programáticas que apuesten a la rehabilitación, pensando en cómo solventamos las necesidades básicas de alojamiento”, señala. Eso no significa que descarte la construcción de nuevas cárceles. Por el contrario, entiende que son necesarias porque actualmente no existe capacidad suficiente. Pero considera que construir más plazas no puede convertirse en la política penitenciaria.

Su preocupación apunta a que la expansión permanente del sistema carcelario puede terminar institucionalizando el problema. Por eso insiste en la necesidad de “cerrar la canilla de ingreso”. Eso implica desarrollar medidas alternativas a la privación de libertad para determinados delitos, revisar mecanismos legales y fortalecer todos los instrumentos que permitan que una persona cumpla una medida sin necesariamente terminar en una cárcel.

También plantea revisar la posibilidad de redención de pena. A su entender, debería existir para todos los delitos un mecanismo que permita premiar el proceso de rehabilitación y el cumplimiento de determinados objetivos durante la privación de libertad.

“¿Qué tengo que lograr? Que los tipos se rehabiliten. Y entonces tengo que premiar el camino”, sostiene. En su visión, además, la enorme mayoría de las personas privadas de libertad no responde a los ejemplos extremos que suelen dominar la discusión pública. Por eso cuestiona que el debate se construya permanentemente alrededor de homicidas o violadores, porque eso termina ocultando la composición real de la población penitenciaria y las posibilidades de trabajar sobre ella.

Otro de los problemas que identifica es la forma en que se distribuye y clasifica a los presos. Radío considera que la superpoblación hace muy difícil una clasificación adecuada, pero entiende que debe ser una prioridad avanzar en ese sentido. La expresión “escuela del delito”, que suele utilizarse para describir las cárceles, adquiere para Radío un significado particularmente preocupante. El crimen organizado, sostiene, entendió antes que el propio Estado el potencial de las cárceles como lugares de formación y reclutamiento. “Con nuestros impuestos pagamos la universidad del delito al servicio de las organizaciones criminales”, afirma.

El tema de las drogas

Uno de los capítulos más contundentes de la entrevista refiere al consumo y tráfico de drogas dentro de las cárceles. “Si no podemos resolverlo ahí adentro, no lo vamos a resolver afuera”, plantea. Para el futuro comisionado existe un componente evidente de corrupción detrás del ingreso de sustancias a las unidades penitenciarias. Pero también cuestiona la hipocresía de una sociedad que conoce la existencia del consumo dentro de las cárceles y, al mismo tiempo, evita discutir abiertamente cómo abordarlo. En su mirada, también es necesario tratar a quienes tienen problemas de consumo.

La privación de libertad, afirma, no debería significar la pérdida de otros derechos. “Están privados de libertad, no privados de otras cosas”, señala, y coloca el derecho a la salud y a la salud mental dentro de esa consideración. La cárcel, sostiene, ofrece además una oportunidad que fuera del sistema penitenciario resulta mucho más difícil de generar: muchas personas están sometidas obligatoriamente a un régimen institucional durante un período prolongado. Esa situación debería aprovecharse para desarrollar tratamientos contra las adicciones y otras intervenciones. “No hay que desaprovechar el que están internados compulsivamente para tratarlos”, afirma.

Una reforma institucional pendiente

Radío también considera necesaria una transformación institucional del sistema penitenciario. En particular, entiende que el Instituto Nacional de Rehabilitación debería dejar de depender del Ministerio del Interior.

La salida del INR de esa órbita, sostiene, permitiría construir una estructura con mayor independencia presupuestaria y una lógica de gestión diferente, centrada en la rehabilitación. El futuro comisionado habla de más operadores penitenciarios, mayor formación, equipos técnicos y niveles gerenciales adecuados para una institución cuyo objetivo central debería ser la rehabilitación.

Su experiencia en el Inisa influye directamente en esta concepción.

Allí, destaca, existen establecimientos de menor escala donde los educadores conocen personalmente a los adolescentes, sus historias familiares, sus necesidades y hasta detalles cotidianos de sus vidas. Esa relación, considera, constituye una herramienta fundamental para la rehabilitación. La experiencia también le permite observar que no todas las cárceles son necesariamente espacios condenados al fracaso. Existen establecimientos pequeños donde se puede trabajar de otra manera y donde personas privadas de libertad pueden estudiar, capacitarse y construir proyectos para después de la prisión.

El desafío de la salida

La rehabilitación, para Radío, tampoco termina cuando se abre la puerta de la cárcel. Todos los días egresan personas del sistema penitenciario y una parte importante vuelve directamente a la calle. Por eso considera necesario desarrollar mecanismos de transición, casas de medio camino y sistemas de acompañamiento que permitan reducir el riesgo de reincidencia.

Durante la entrevista recordó experiencias observadas en otros países y en Argentina, donde algunas personas próximas a recuperar la libertad pasan por espacios intermedios dentro o cerca de los establecimientos penitenciarios. También entiende que deberían estudiarse mecanismos de seguimiento, capacitación laboral, educación y otras herramientas destinadas a preparar la salida.

Seguridad y rehabilitación

Radío rechaza la idea de que seguridad y rehabilitación sean políticas enfrentadas. Por el contrario, considera que Uruguay debería asumir que son “dos caras de la misma política”. En su opinión, la discusión partidaria ha terminado convirtiendo la seguridad en un terreno de confrontación permanente. Para el futuro comisionado, esa lógica impide construir políticas de largo plazo. “Pónganse de acuerdo y empiecen a probar cuestiones”, reclama.

Su planteo es que el sistema político debería alcanzar acuerdos básicos que permitan sostener políticas penitenciarias más allá de los cambios de gobierno. La seguridad, afirma, no puede quedar subordinada al “botín electoral”.

Y allí vuelve a una idea más amplia: el sistema penitenciario es apenas el último eslabón de una cadena. Antes están la seguridad pública, la convivencia y, antes todavía, el grado de integración de la sociedad.

Por eso, para Radío, trabajar sobre inclusión social también es hacer prevención del delito. “Si uno quiere atender las causas, tiene que ir a lo que está en el título de esta institución: la inclusión social”, sostiene.

En ese marco, Radío mira con distancia el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. Reconoce que el país centroamericano logró reducir drásticamente los niveles de homicidios, pero considera que ese resultado no puede analizarse separado del régimen de excepción, de las restricciones al debido proceso y de la ausencia de garantías que, a su juicio, hacen imposible una comparación directa con Uruguay. También advierte contra la idea de que el modelo consiste simplemente en “meter presos” a los sospechosos. La presunción de inocencia, sostiene, no es un detalle menor.

Escuchar para transformar será, según anticipa, uno de los cometidos centrales de la oficina del comisionado parlamentario. Primero, escuchar. A las personas privadas de libertad y a sus familias. Recibir denuncias, conocer problemas vinculados con alojamiento, alimentación, salud, vínculos familiares y condiciones de reclusión. Pero también ir más allá de lo que las personas logran expresar. Radío habla de detectar “reivindicaciones que no son verbalizadas”: alguien que necesita atención en salud mental, una actividad deportiva, una capacitación o una intervención específica.

Después, transformar los problemas individuales en políticas colectivas.

El comisionado, sostiene, no debe limitarse a producir informes que describan situaciones conocidas. Sus recomendaciones deben contribuir a modificar la realidad, aunque reconoce que los cambios institucionales no son inmediatos.

Su llegada se producirá, además, después de dos antecesores a los que reconoce especialmente: Álvaro Garcé y Juan Miguel Petit. Ambos, dice, dejaron “la vara muy alta”.

Radío admite que su condición de médico, y no de abogado, le plantea un desafío adicional. Deberá profundizar en herramientas jurídicas propias de una función vinculada directamente con los derechos humanos y las garantías constitucionales. Pero asegura que no le teme al esfuerzo. “Tengo que exigirme”, sostiene.

La defensa de la “tibieza” uruguaya

Uno de los momentos más particulares de la entrevista apareció cuando Radío fue consultado por el amplio respaldo que recibió su designación. El futuro comisionado dijo sentirse orgulloso, pero también interpretó el reconocimiento como una reivindicación de una característica que suele ser utilizada como crítica contra el sistema político uruguayo: la “tibieza”. Lejos de rechazar el término, decidió defenderlo. Recordó que Rivera, en la batalla de Rincón, no tuvo nada de tibio y que los cardos de Masoller fueron regados con sangre en defensa de la coparticipación. También vinculó esa supuesta tibieza con la resistencia democrática durante la dictadura. Su argumento es que el sistema político uruguayo se construyó precisamente sobre la capacidad de negociar, acordar y convivir con el adversario. “Hay que hacer una reivindicación de la tibieza”, sostuvo.

Para Radío, en tiempos de discursos políticos cada vez más extremos, esa característica puede ser menos una debilidad que una virtud democrática.