El Senado aprobó por unanimidad el acceso del Casmu al Fondo de Garantía

El Senado aprobó este jueves por unanimidad, con excepción de los legisladores de Identidad Soberana, el proyecto de ley que habilita al Casmu a acceder nuevamente al Fondo de Garantía para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. La iniciativa fue sancionada sin modificaciones respecto del texto acordado en la Cámara de Diputados y permitirá a la mutualista disponer de forma inmediata del 90% del monto solicitado, mientras que el acceso al 10% restante quedará sujeto a determinadas condiciones vinculadas al proceso de capitalización.

La aprobación cerró un trámite parlamentario que había estado marcado por diferencias entre los partidos en el Senado, pero que logró encaminarse en Diputados a partir de un acuerdo entre las distintas bancadas. El texto aprobado también incorpora controles periódicos sobre el proceso de reestructuración de la institución y establece un aporte de los médicos propietarios del Casmu a la solución financiera.

El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet explicó que el proyecto habilita el acceso a 668.289.347 unidades indexadas, más intereses, equivalente al 90% de los recursos solicitados inicialmente. El monto total pedido por la institución rondaba los US$ 122 millones. El 10% restante podrá elevar el respaldo hasta los 742 millones de unidades indexadas, siempre sujeto a las condiciones establecidas en la ley y al plan de capitalización de los socios.

“Se buscó llegar a un término medio”, resumió Borbonet durante la sesión. El legislador sostuvo que el objetivo central era asegurar que el Casmu pudiera acceder al Fondo de Garantía, pero al mismo tiempo incorporar mecanismos que permitieran un seguimiento parlamentario de la utilización de esos recursos y del cumplimiento de la reestructura.

Uno de los principales cambios incorporados en Diputados fue precisamente la obligación de que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas remitan a la Asamblea General, con periodicidad trimestral, un informe sobre el estado de avance del plan de reestructuración aprobado para la institución.

La medida fue destacada tanto por el oficialismo como por la oposición. El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que el Parlamento no debe limitarse a aprobar una garantía estatal, sino que también debe controlar qué sucede posteriormente con los recursos comprometidos.

“Son 120 millones de dólares de garantía del Estado uruguayo”, señaló, y agregó que el seguimiento resulta necesario para evitar que el Estado termine desembolsando esos recursos. A su juicio, el Parlamento debe conocer no solamente el contenido del plan de reestructura, sino también si ese plan efectivamente se cumple.

El proyecto establece además que los médicos propietarios del Casmu deberán realizar un aporte a la solución financiera de la institución. Bordaberry consideró que este aspecto constituye una señal relevante porque, a su entender, no resulta razonable que el Estado asuma por sí solo el esfuerzo financiero cuando la institución pertenece a los propios médicos capitalizadores.

El legislador explicó que los propietarios realizan un aporte de alrededor de US$ 8 millones, una cifra sensiblemente inferior al respaldo estatal, pero que introduce una obligación para quienes tienen la propiedad de la institución. “Está bien que el Estado haga este esfuerzo, pero que también los propietarios de la entidad hagan el esfuerzo y aporten”, sostuvo.

Bordaberry vinculó esta disposición con la necesidad de modificar una cultura en la que, según afirmó, se espera que el Estado resuelva las dificultades financieras de determinadas instituciones. En su interpretación, el aporte de los socios puede contribuir además a que los propios propietarios ejerzan un mayor control sobre la gestión.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana coincidió en valorar la capitalización y sostuvo que se trata de un acto de responsabilidad que debería formar parte de la respuesta habitual de los propietarios de una institución cuando atraviesa dificultades financieras.

Regulación y conflicto de interess

El debate parlamentario también dejó planteada una discusión que finalmente no quedó incorporada al texto aprobado. Se trata de la regulación de eventuales conflictos de intereses de quienes integran los órganos de dirección de las instituciones de asistencia médica colectiva.

Tanto Bordaberry como Borbonet señalaron que el Parlamento perdió la oportunidad de avanzar en ese punto. La discusión se había centrado particularmente en una disposición que había sido incorporada al proyecto original y que otorgaba al Poder Ejecutivo determinadas facultades respecto de quienes podían integrar los órganos de dirección de las instituciones que acceden al Fondo de Garantía.

Ese artículo fue eliminado durante el trámite en Diputados, lo que permitió alcanzar el acuerdo que finalmente destrabó la iniciativa.

Bordaberry consideró positiva la eliminación de la disposición, pero sostuvo que permanece pendiente una regulación general sobre los conflictos de intereses. A su juicio, una persona que ocupa un cargo de dirección en una institución financiada en buena medida con recursos provenientes del Fondo Nacional de Salud no debería poder beneficiarse mediante la contratación de empresas propias, de familiares o de personas con las que mantenga vínculos.

“Es una cuestión de sentido común”, afirmó, y planteó que el Parlamento debería abordar el problema mediante una normativa general aplicable a las instituciones de asistencia médica colectiva.

Borbonet coincidió en que ese asunto no quedó resuelto. El senador frenteamplista sostuvo que el Parlamento pudo haber avanzado en mecanismos de declaración jurada y controles sobre eventuales conflictos de intereses de los integrantes de los órganos de dirección.

Según explicó, la intención era establecer exigencias similares a las que existen en otros sectores regulados por el Banco Central, donde los integrantes de los órganos de dirección deben atravesar controles de idoneidad y presentar determinada información antes de asumir sus cargos.

“No quiere decir cerrar la puerta”, afirmó Borbonet, quien consideró que el tema deberá continuar siendo analizado para futuras normas vinculadas al sistema mutual.

Responsabilidades del Estado

El debate sobre la gobernanza se produjo en paralelo con una discusión más amplia acerca de las responsabilidades que deben asumir las instituciones que recurren al respaldo financiero del Estado.

Botana planteó además otro aspecto que, según sostuvo, debería ser incorporado en una futura legislación: qué ocurre con los trabajadores y con las deudas de una institución cuando otra mutualista recibe parte de sus afiliados como consecuencia de una liquidación o una redistribución de socios.

El senador nacionalista propuso que la institución que recibe afiliados asuma, en proporción, parte de las obligaciones laborales y de la deuda con el Fondo de Garantía. A su entender, no debería ocurrir que una institución reciba las cápitas correspondientes a nuevos afiliados mientras las obligaciones financieras permanezcan exclusivamente a cargo del Estado.

“Cada peso en que crece la deuda del país es menos plata para el combate a la pobreza”, sostuvo Botana, quien señaló que las consecuencias del endeudamiento público terminan afectando particularmente a las futuras generaciones.

Bordaberry y los “caranchos”

Durante su intervención en el Senado, Pedro Bordaberry cuestionó duramente a los prestamistas vinculados al Casmu y se refirió, sin mencionarlo expresamente, a un artículo publicado este jueves por Diario La R sobre la situación de esos acreedores.

El senador sostuvo que existió una “suerte de amenaza al sistema político y al propio Casmu” y advirtió que el Parlamento no puede ser condicionado por quienes tengan poder financiero. En particular, cuestionó declaraciones atribuidas a prestamistas que habrían señalado que pretendían cobrar la totalidad de sus créditos y que, de no hacerlo, retirarían equipamiento médico del Casmu.

“Al Parlamento Nacional nadie lo amenaza. Por más poder financiero y dinero que tengan”, afirmó. Bordaberry también reclamó que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades del Casmu investiguen hasta el final las condiciones de los préstamos otorgados a la institución. El senador hizo especial referencia a créditos con tasas de interés que, según afirmó, llegaron al 179% en dólares y reclamó que se analice jurídicamente si esas condiciones podrían configurar un caso de usura. “Que no queremos caranchos alrededor de la salud de los uruguayos”, concluyó antes de respaldar la aprobación del proyecto.