La Operación Trazador, que permitió incautar más de 265 kilos de drogas, armas y millones de pesos, reveló que uno de los condenados integraba el equipo del edil nacionalista Gonzalo Gómez. El legislador departamental aseguró desconocer sus actividades ilícitas, dispuso su desvinculación y reconoció que no había sido suficientemente precavido al incorporarlo.
Una investigación policial contra el narcotráfico terminó provocando una situación política inesperada en la Junta Departamental de Montevideo. Entre los condenados por la Justicia apareció un hombre que desempeñaba funciones como colaborador de un edil del Partido Nacional. Se trata de Pablo Leiva, de 48 años, quien integraba el equipo de trabajo del edil Gonzalo Gómez y fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, y tráfico interno de municiones. La información tomó estado público el viernes 18 de septiembre, después de que la Fiscalía concretara tres condenas mediante acuerdos abreviados en el marco de la denominada Operación Trazador.
Una organización criminal
La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la Fiscalía Especializada de Estupefacientes de Primer Turno. Los procedimientos realizados en Montevideo permitieron incautar 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, además de armas de fuego, municiones, vehículos de alta gama y una importante cantidad de dinero. Entre los bienes incautados figuraban aproximadamente tres millones de pesos uruguayos y más de 42.000 dólares. El operativo tuvo uno de sus principales escenarios en una vivienda del barrio Brazo Oriental, donde las autoridades encontraron parte de la droga y otros elementos vinculados con la investigación. La Justicia condenó a tres personas. El identificado como líder de la organización recibió seis años y seis meses de penitenciaría por delitos relacionados con el narcotráfico, armas, receptación y lavado de activos. Su pareja fue condenada a tres años por asistencia a las actividades del narcotráfico. La tercera condena correspondió a Leiva, cuya vinculación laboral con un representante departamental trasladó el caso al escenario político.
El colaborador del edil y las explicaciones desde China
Gonzalo Gómez se encontraba en China cuando tomó conocimiento de lo sucedido. A través de una publicación en la red social X, explicó que Pablo Leiva se había incorporado recientemente a su equipo y que mantenía con él una relación laboral.
El edil aseguró que desconocía las actividades ilícitas por las que fue condenado su colaborador y sostuvo que nunca había sospechado de su participación en los hechos investigados. También explicó que conoce desde hace años a Lucio Leiva, hijo del condenado, quien igualmente trabaja con él y mantiene una relación de amistad personal.
Lucio fue detenido durante el procedimiento policial, pero posteriormente recuperó la libertad y no fue formalizado en esta causa. Gómez remarcó que no corresponde atribuirle responsabilidades por los delitos de su padre. El representante nacionalista comunicó que había dispuesto el cese inmediato del vínculo laboral con Pablo Leiva y reconoció públicamente que no había sido suficientemente precavido al incorporarlo a su equipo. También pidió disculpas al Partido Nacional y a su agrupación por las dificultades ocasionadas.
Una situación que plantea interrogantes institucionales
La condena de una persona que trabajaba en el entorno de un edil abre interrogantes sobre los procedimientos de selección y contratación de colaboradores en los organismos legislativos departamentales. Leiva desempeñaba funciones como asesor rentado y percibía una remuneración de aproximadamente 52.000 pesos mensuales, de acuerdo con documentación de la Junta Departamental citada por ese medio. La información plantea preguntas que trascienden la responsabilidad penal individual.
¿Qué mecanismos se utilizan para incorporar personal de confianza política? ¿Existen controles suficientes sobre sus antecedentes y actividades? ¿Qué responsabilidades administrativas corresponden a quienes realizan las designaciones?. También resulta pertinente establecer si la actividad laboral del condenado tuvo alguna relación con los delitos investigados. La información pública disponible no demuestra que la Junta Departamental haya sido utilizada para cometerlos ni que Gómez conociera las actividades ilícitas de su colaborador. Esa distinción es fundamental para comprender el alcance del caso sin extender responsabilidades penales a personas que no fueron condenadas.
El narcotráfico y la necesidad de fortalecer los controles
La Operación Trazador permitió desarticular una organización vinculada al tráfico de drogas y obtener condenas judiciales. Al mismo tiempo, dejó al descubierto una relación laboral que merece una explicación institucional sobre las condiciones de contratación. El caso también demuestra la importancia de investigar las estructuras económicas que permiten sostener las actividades del narcotráfico.
Las organizaciones criminales no dependen únicamente de la comercialización de sustancias. Necesitan administrar dinero, movilizar recursos y utilizar mecanismos para incorporar ganancias ilícitas a la economía. Por esa razón, las investigaciones sobre lavado de activos resultan fundamentales para comprender el funcionamiento de estas estructuras. La condena de Pablo Leiva pertenece al ámbito de la Justicia. Su incorporación como colaborador de un edil y las condiciones bajo las cuales desempeñaba funciones corresponden, además, al terreno de la responsabilidad institucional. La desvinculación anunciada por Gonzalo Gómez resuelve la continuidad laboral, pero deja planteada una cuestión que merece ser examinada: cómo se selecciona y controla a quienes trabajan en representación de la ciudadanía dentro de los organismos públicos.
