Gobierno presentó a legisladores del FA proyecto de jubilación anticipada a los 60 años

La bancada de senadores del Frente Amplio e integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados analizaron este lunes el proyecto de jubilaciones anticipadas con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Del encuentro participaron los ministros Gabriel Oddone y Juan Castillo, junto al director de la OPP, Rodrigo Arim, y otras autoridades de las instituciones involucradas. Al finalizar la reunión, Arim ofreció una rueda de prensa en la que explicó los ejes centrales de la iniciativa.

Según el jerarca, se trata de un primer intercambio con legisladores oficialistas sobre un proyecto que el gobierno considera “absolutamente clave” y que surge del diálogo social. “Incorpora modificaciones muy relevantes al régimen jubilatorio, asegurando estabilidad fiscal, pero al mismo tiempo ampliando las libertades de las personas para elegir y la posibilidad de cubrir con instrumentos de mejor calidad a los trabajadores con menores ingresos”, afirmó.

Arim detalló que uno de los componentes centrales es la incorporación de una causal de retiro anticipado a partir de los 60 años. El proyecto también contempla mejoras para quienes se jubilan en circunstancias de discapacidad y otros ajustes paramétricos. “Todos vamos a tener la libertad de poder jubilarnos entre los 60 y los 65 años”, señaló.

Explicó que el promedio de los trabajadores, y fundamentalmente quienes tienen ingresos más altos, se autofinanciarán ese retiro anticipado con tasas de reemplazo más bajas, tal como ocurre en otros países con situaciones demográficas similares. “Es neutro desde el punto de vista actuarial. Si uno compara el valor que vamos a percibir a lo largo de nuestra vida una vez que nos retiremos, va a ser neutro si nos retiramos a los 60 o a los 65 años para la mayor parte de la población”, sostuvo.

Sin embargo, destacó que el 30% de los trabajadores de menores ingresos de Uruguay se jubilarán “en igualdad de circunstancias, o inclusive un poco mejor en algunos casos”, respecto a lo que establecía la ley 20.130 aprobada en el gobierno anterior. “Estamos incorporando una modificación que brinda más libertad a las personas, que cubre mejor con instrumentos de mejor calidad a los trabajadores de menores ingresos y que simultáneamente asegura la estabilidad fiscal del régimen previsional”, resumió.

Ante la crítica de la oposición sobre la imposibilidad de seguir trabajando después de los 60 años y las jubilaciones más bajas, Arim aclaró “nosotros no promovemos una jubilación a los 60 años. Construimos un instrumento que le brinda a las personas la libertad de poder jubilarse a los 60, 61 o 62 años y autofinanciarse esa jubilación. Y al mismo tiempo, construimos un instrumento de política social que permite, ante una eventual pérdida de empleo a esa edad en un contexto de cambio tecnológico acelerado, recurrir a este mecanismo para tener un retiro digno”.

Sobre el financiamiento, aseguró que el proyecto “muestra una estabilidad en el sendero fiscal del sistema previsional que es absolutamente consistente”.

Respecto a las mayorías parlamentarias, Arim se mostró confiado. “La democracia deliberativa que caracteriza al Uruguay va a llevar a que este proyecto se apruebe. No hay razón para esperar que no tenga las mayorías adecuadas en una democracia que sigue mostrando su capacidad para generar acuerdos y aprobar leyes aún sin mayorías parlamentarias por parte del oficialismo”, afirmó. Sobre la necesidad de dialogar con Cabildo Abierto, dijo que “en eso consiste la democracia: dialogar y encontrar acuerdos, manteniendo los elementos centrales del proyecto”.

Consultado sobre el gravamen a la riqueza que se volvió a plantear en el congreso del Frente Amplio, Arim respondió que se trata de “un elemento programático a considerar por la fuerza política”. Agregó que el gobierno entiende que los aspectos vinculados a la tributación “han tenido ya un cierre con el presupuesto quinquenal”, y que las modificaciones más relevantes, entre ellas el impuesto a la renta global, entrarán en vigor en 2027. El director de la OPP anunció que habrá nuevas instancias de intercambio con el Parlamento para seguir avanzando en el proyecto.