La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de Presidencia de la República concretó el traslado de archivos vinculados al pasado reciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La transferencia reúne documentación relevante para las tareas de búsqueda de detenidos desaparecidos y da continuidad a la cooperación entre los organismos responsables de preservar y facilitar el acceso a estos registros.
Según informó la Secretaría, la medida responde a las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se articula con el mandato que la Ley N.º 19.822 asigna a la INDDHH en materia de búsqueda de personas detenidas desaparecidas. El movimiento de la documentación tiene una dimensión que supera su traslado físico. Los archivos del pasado reciente constituyen una fuente para reconstruir actuaciones estatales, contrastar antecedentes y aportar información a investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Su preservación y disponibilidad resultan relevantes tanto para los procesos judiciales como para las familias que continúan buscando respuestas. La organización de la transferencia estuvo a cargo de un grupo de trabajo integrado por referentes de la SDH y de la INDDHH. Ese equipo coordinó la ejecución del proceso y acordó los aspectos técnicos relacionados con el manejo, el traslado y la recepción de los documentos. La coordinación entre ambas instituciones permite dar continuidad al trabajo sobre los fondos documentales y ordenar las responsabilidades vinculadas a su tratamiento. En este campo, la conservación de los registros y la posibilidad de localizar información son condiciones necesarias para que los archivos puedan contribuir efectivamente a las investigaciones. Uno de los puntos centrales del anuncio es que la transferencia no implica el cese de las tareas de atención y respuesta que desarrolla la Secretaría. La SDH continuará recibiendo y atendiendo solicitudes provenientes del sistema de justicia, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, de investigadores, de víctimas y de personas interesadas en general.
De esta manera, el traslado no supone la clausura de esa vía de consulta. La Secretaría mantendrá sus funciones de respuesta y, de acuerdo con lo señalado oficialmente, reafirma con ello su compromiso con el acceso a la información y el derecho a la verdad. La continuidad de estas tareas tiene especial importancia para quienes recurren a los archivos en busca de antecedentes sobre personas, hechos o actuaciones de organismos públicos. Una consulta judicial, una investigación académica y una solicitud familiar pueden tener objetivos diferentes, pero comparten la necesidad de acceder a documentación preservada y susceptible de ser examinada.
La entrega fue realizada por la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Iliana Da Silva, y por la coordinadora para el Pasado Reciente, Mariana Risso. Las autoridades fueron recibidas por la directora de la INDDHH, Mariana Mota, junto con el equipo de Búsqueda de la institución. También acompañaron la instancia el presidente de la INDDHH, Juan Miguel Petit, y el prorrector de Extensión y Programas Integrales de la Universidad de la República, Miguel Olivetti. La participación universitaria se vincula con la cooperación que la institución de derechos humanos mantiene con la Udelar y con el convenio mencionado en la comunicación oficial.
La transferencia se incorpora a un proceso de intercambio documental que ya estaba en marcha. Anteriormente, la SDH había entregado a la INDDHH copias de documentación digitalizada. A su vez, continúa realizando transferencias periódicas de archivos policiales digitalizados, en el marco del convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior y Presidencia de la República. Estos antecedentes muestran que el traslado forma parte de una línea de trabajo sostenida entre distintos organismos. La documentación física y las copias digitales constituyen soportes complementarios para la consulta y el análisis, aunque su utilidad depende también de la organización de los fondos y de la posibilidad de relacionar la información contenida en diferentes registros.
En las investigaciones sobre el pasado reciente, un documento puede adquirir relevancia al ser contrastado con otros antecedentes. Por esa razón, la preservación de los archivos debe acompañarse de un trabajo que permita identificar su contenido, comprender su procedencia y facilitar las búsquedas. La acumulación de documentación, por sí sola, no garantiza que las respuestas aparezcan: es necesario que existan condiciones para estudiarla. El anuncio no detalla la cantidad de documentos transferidos ni informa sobre hallazgos específicos derivados de su contenido. Su alcance concreto está, por ahora, en la entrega de los archivos, la coordinación institucional y la continuidad de los servicios de atención. Cualquier aporte a una causa judicial o a una búsqueda deberá surgir del examen de los materiales. Desde el gobierno, la medida fue presentada como una reafirmación del compromiso con las obligaciones internacionales del Estado, la preservación de los archivos del pasado reciente y el fortalecimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia.
La transferencia abre una nueva etapa de trabajo sobre esa documentación. Su valor público se expresa en la capacidad de conservarla, facilitar las consultas y convertir los registros disponibles en aportes para las investigaciones. Para las víctimas y sus familias, el horizonte sigue siendo el mismo: acceder a información que permita esclarecer lo ocurrido y encontrar las respuestas que todavía faltan.
