La pesca argentina exhibe una contradicción que las cifras de exportación no pueden ocultar: mientras el negocio obtiene ingresos destacados, el Estado pierde presencia a bordo de las embarcaciones que extraen los recursos. La discusión excede el desempeño comercial de las empresas. Involucra la administración de un patrimonio natural, las condiciones de competencia y la capacidad pública para verificar qué ocurre durante las operaciones en el mar.
Un relevamiento del Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, elaborado con información oficial de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca y difundido por Página/12, señala que la proporción de viajes con inspectores embarcados descendió del 20% en 2023 al 15% en 2025. Son cinco puntos porcentuales menos y una reducción relativa del 25%. Durante el primer semestre de 2026, la cobertura permaneció en ese nivel.
El retroceso coincidió con exportaciones por 2.010 millones de dólares en 2025, el segundo mejor registro histórico indicado por el documento. Es una señal de la importancia económica del sector, pero también una razón para exigir mayor vigilancia. Cuanto más relevante es la explotación de un recurso, mayor debería ser la capacidad para supervisarla.
Celebrar las ventas sin examinar cómo se obtienen ofrece una imagen incompleta. Las divisas expresan el resultado comercial; no permiten determinar, por sí solas, si la extracción se desarrolla bajo controles suficientes ni si la información declarada encuentra una verificación independiente.
Actualmente, según el relevamiento, existen 64 inspectores para supervisar más de 7.400 viajes anuales. La relación equivale aproximadamente a 116 operaciones por trabajador, más del doble que en 2021. Ese promedio no significa que cada inspector deba cubrir personalmente todos esos viajes, pero permite dimensionar la distancia entre la actividad y la dotación disponible. La insuficiencia no puede resolverse únicamente reclamando mayor esfuerzo al personal. La fiscalización necesita planificación, presupuesto, formación, condiciones de trabajo y respaldo institucional. Si el sistema depende de una plantilla reducida frente a miles de operaciones, el problema está en su diseño y en las prioridades que determinan su funcionamiento.
Las mayores carencias aparecen en una actividad central para el comercio exterior: la pesca de calamar Illex. De acuerdo con el informe, fue el principal producto exportado en volumen durante 2025, pero apenas el 9% de sus operaciones contó con supervisión presencial. En langostino y merluza, la cobertura rondó el 20%.
La diferencia obliga a preguntar con qué criterios se distribuyen los recursos de fiscalización. Si una pesquería de enorme peso comercial presenta una presencia tan reducida de inspectores, las autoridades deberían explicar cómo evalúan sus riesgos y qué mecanismos complementarios utilizan para verificar las capturas.
Un viaje sin inspector no constituye, por ese solo hecho, una operación ilegal. Tampoco corresponde presentar a toda la flota como sospechosa. La cuestión es otra: cuando disminuye la observación directa, se reduce una herramienta para detectar, documentar y desalentar incumplimientos durante la faena.
La ausencia de supervisión tampoco demuestra que existan daños concretos en cada operación. Sí debilita la capacidad estatal para establecer qué sucedió y actuar cuando corresponde. Confundir la falta de infracciones registradas con la certeza de que no hubo infracciones sería una conclusión injustificada. Desde la perspectiva empresarial, el problema afecta especialmente a los operadores que cumplen las reglas. Una compañía que respeta las condiciones de sus permisos y sostiene sus obligaciones necesita competir dentro de un marco verificable. Si otros actores pueden obtener ventajas mediante incumplimientos que no se detectan, la debilidad estatal termina perjudicando a la actividad formal.
Por eso, presentar el control como un obstáculo para producir resulta una simplificación. Una fiscalización previsible y técnicamente fundada ayuda a proteger el recurso, ordenar la competencia y respaldar la documentación comercial. La arbitrariedad perjudica a las empresas; la ausencia de vigilancia también.
La trazabilidad exige continuidad entre lo que se captura, se desembarca, se procesa y se vende. Cuanto más sólidos sean los registros y sus verificaciones, mayores serán las posibilidades de identificar inconsistencias. Una cadena documental que depende exclusivamente de declaraciones sin suficiente contraste pierde capacidad para ofrecer garantías. El informe añade un señalamiento particularmente grave: aunque la normativa exige inspectores en las embarcaciones de 33 metros o más, entre 2023 y 2026 la cobertura de ese grupo nunca superó el 56%. Si la obligación existe y su cumplimiento queda lejos de ser completo, las autoridades deben explicar la brecha y presentar medidas para corregirla.
No alcanza con mantener exigencias escritas que luego el propio sistema carece de capacidad para hacer efectivas. Esa distancia erosiona la credibilidad de la regulación y transmite una señal perjudicial: las obligaciones pueden permanecer vigentes sin que exista una estructura suficiente para aplicarlas. A ello se suma que, según el documento, el sistema de cámaras de vigilancia establecido en 2010 nunca llegó a funcionar. La tecnología anunciada y no implementada tampoco constituye una respuesta. Para aportar resultados necesita equipos operativos, procedimientos de revisión, conservación de registros y responsabilidades claramente definidas.
Las cámaras podrían complementar la tarea presencial, pero su utilidad debe demostrarse con funcionamiento y controles efectivos. Invocar una solución tecnológica pendiente mientras retrocede la presencia de inspectores deja abierto el mismo problema: quién verifica las operaciones y con qué herramientas.
La transparencia constituye el otro frente de preocupación. Las organizaciones cuestionan las restricciones para acceder a información sobre las empresas que explotan los recursos marítimos y reclaman publicidad de los permisos pesqueros. También advierten que los cambios en los criterios estadísticos dificultan las comparaciones históricas. Modificar una metodología puede responder a razones técnicas válidas. Lo indispensable es explicar los cambios, publicar sus fundamentos y permitir reconstruir las series. Cuando los datos pierden comparabilidad, resulta más difícil establecer si la fiscalización mejora, retrocede o simplemente se presenta de otra manera. El acceso público a los permisos permite conocer quiénes están habilitados y bajo qué condiciones. Esa información resulta necesaria para evaluar decisiones estatales sobre recursos comunes. La reserva debe tener fundamentos específicos; no puede convertirse en una barrera general para el escrutinio público.
El reclamo de ampliar la plantilla, priorizar las operaciones de mayor riesgo y transparentar los permisos plantea una agenda concreta. También requiere metas, plazos e indicadores que permitan comprobar avances. Sin rendición de cuentas, cualquier compromiso corre el riesgo de quedar reducido a un anuncio. Argentina tiene en la pesca una fuente importante de actividad y exportaciones. Precisamente por eso, su administración exige más rigor. El éxito comercial no exonera al Estado de controlar ni a las empresas de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Un recurso público no puede quedar sujeto a una vigilancia que retrocede mientras aumenta el valor del negocio.
