El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, reconoció que el gobierno uruguayo todavía está procesando las consecuencias que puede tener para el país el deterioro de la relación entre Argentina y Brasil, dos socios fundamentales para la economía nacional y para el funcionamiento del Mercosur. “Los uruguayos que estamos vivos o que estamos en funciones de conducción de gobierno no estamos acostumbrados a una relación tensa entre Argentina y Brasil”, afirmó durante una entrevista con el periodista argentino Carlos Pagni, en el canal La Nación+.
Oddone sostuvo que, desde el retorno a la democracia en 1985 y particularmente a partir de la década de 1990, ambos países mantuvieron relaciones que describió como las más armoniosas de los últimos años. Por esa razón, consideró que Uruguay necesita comprender mejor las características y el alcance de la actual situación.
“Por lo tanto, tenemos que terminar de entender la situación”, expresó el ministro, al ser consultado sobre las implicancias que el conflicto entre los dos principales países de la región puede tener para Uruguay, tanto desde el punto de vista económico como diplomático y para el futuro del Mercosur.
En su análisis, el nuevo contexto regional también puede representar una oportunidad. Oddone señaló que el bloque acaba de alcanzar dos avances importantes en materia de inserción internacional: el acuerdo con la Unión Europea y el entendimiento comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
A su juicio, sería un error que las diferencias entre los gobiernos de Argentina y Brasil terminaran perjudicando ese proceso de apertura. Uruguay, afirmó, pretende desempeñar un papel activo para que el Mercosur continúe ampliando sus vínculos comerciales, consiga nuevos acuerdos y habilite mayores flexibilidades para que los países con distintas condiciones de desarrollo puedan avanzar en sus propias negociaciones.
Al mismo tiempo, consideró necesario evitar que diferencias que calificó como circunstanciales y no sustantivas terminen afectando al bloque regional.
“Tenemos un rol que jugar para poder encontrar espacios de cooperación y somos optimistas de que eso va a ocurrir porque nos unen muchos intereses”, sostuvo. En ese sentido, mencionó la próxima cumbre del Mercosur y la expectativa del gobierno uruguayo de contribuir a establecer una agenda de trabajo para los siguientes seis meses, período en el que Argentina ejercerá la presidencia pro tempore del bloque.
Oddone también introdujo una lectura geopolítica del escenario internacional. Señaló que las diferentes orientaciones y vínculos externos de Argentina y Brasil pueden convertirse en una oportunidad para la región, en un mundo cada vez más fragmentado y en el que los factores geopolíticos tienen una incidencia creciente.
En particular, aludió a las relaciones de Argentina con el mundo occidental y especialmente con Estados Unidos, y a los vínculos de Brasil con Asia y Europa. Desde su perspectiva, esa diversidad de relaciones puede contribuir a diversificar los riesgos y generar oportunidades para el conjunto del bloque, siempre que los países sean capaces de preservar sus principios y trabajar en objetivos comunes.
El ministro consideró que Uruguay cuenta con condiciones favorables para beneficiarse de ese contexto. Mencionó su ubicación geográfica en el sur del Atlántico, la estabilidad institucional y las posibilidades de abastecer de energía y alimentos a un mundo que demanda crecientes cantidades de ambos productos.
“Si somos inteligentes y ponemos el objetivo de largo plazo, deberíamos ser ganadores de esta nueva lógica mundial que se está abriendo”, afirmó.
Un equilibrio entre mercado y cohesión social
Durante la entrevista, Oddone también explicó los principios que, a su entender, caracterizan la política económica de un gobierno progresista. Señaló que el orden macroeconómico, la disciplina fiscal y el control de la inflación son condiciones indispensables para sostener el crecimiento, pero sostuvo que deben complementarse con políticas orientadas a reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social.
El ministro recurrió a una definición del exvicepresidente y exministro de Economía Danilo Astori, quien sostenía que no existe una experiencia exitosa de desarrollo y prosperidad que haya sido alcanzada en condiciones de desorden macroeconómico.
A partir de esa premisa, Oddone planteó que la política económica debe encontrar un equilibrio entre las condiciones necesarias para que el mercado funcione, con reglas claras y transparencia, y la atención a las consecuencias sociales de las decisiones.
“Sin cohesión social, sin condiciones de igualdad suficientemente importantes, los modelos no se sostienen, no se legitiman políticamente y por lo tanto no se mantienen a largo plazo”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que una economía concentrada exclusivamente en el crecimiento puede perder legitimidad si no presta atención a la distribución del ingreso, mientras que una política enfocada únicamente en la redistribución puede afectar la rentabilidad privada y, por esa vía, desalentar la inversión.
Por eso, defendió un enfoque pragmático que tenga en cuenta los distintos intereses involucrados en cada decisión económica y que, ante situaciones de conflicto, procure favorecer a los sectores que se encuentran en condiciones más débiles.
La continuidad de las políticas económicas
Otro de los aspectos abordados fue la continuidad de determinadas políticas de Estado más allá de los cambios de gobierno. Oddone destacó como una fortaleza del sistema político uruguayo su capacidad para gestionar las diferencias y alcanzar acuerdos que permiten sostener orientaciones generales durante distintos períodos.
Entre esos consensos mencionó la apertura de la economía, la integración regional, la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el control de la inflación. También identificó la pobreza infantil como una de las principales deudas del país y un área en la que, según afirmó, existe una visión compartida entre los distintos sectores políticos, aunque puedan diferir sobre los instrumentos para enfrentarla.
Como ejemplo de esa continuidad, mencionó a funcionarios que permanecen en puestos técnicos durante distintos gobiernos. Señaló que Juan Labraga y Herman Camil, responsable de la Oficina de Deuda, llevan aproximadamente 15 años en sus respectivos cargos, sin que su orientación política constituya un elemento de discusión.
El ministro vinculó esa estabilidad con las lecciones que dejó la crisis económica de 2002 y con las decisiones adoptadas posteriormente para asegurar el acceso al financiamiento internacional. Recordó que Uruguay creó una institucionalidad específica para gestionar la deuda pública y desarrolló una estrategia basada en el alargamiento de los plazos, la diversificación de fuentes de financiamiento y la reducción de la exposición a determinadas monedas. En ese marco, indicó que el riesgo país uruguayo se ubicaba en torno a los 70 puntos básicos, el nivel más bajo de América Latina, y señaló que el objetivo es avanzar hacia una mejora de la calificación crediticia, aspirando a alcanzar la categoría A en el futuro.
Uruguay, un país caro
La competitividad y el costo de vida también ocuparon un lugar importante en la conversación. Oddone reconoció que Uruguay es sustancialmente más caro que Argentina y Brasil, aunque explicó que parte de esa diferencia responde a características estructurales de una economía pequeña, con un Estado de peso relevante, una presión fiscal elevada y una fuerte preferencia por la cohesión social.
Sin embargo, advirtió que el país ha acumulado una pérdida de competitividad relativa frente a sus vecinos durante las últimas décadas. En el pasado, explicó, esos desequilibrios solían corregirse mediante devaluaciones que reducían transitoriamente los costos en dólares. Pero consideró que ese mecanismo ya no constituye una alternativa compatible con las fortalezas macroeconómicas que Uruguay ha construido.
“Uruguay dejó de ser un país de alta inflación, pero es un país caro”, resumió.
Por esa razón, defendió la necesidad de avanzar en reformas microeconómicas que permitan mejorar la eficiencia, especialmente en los sectores que no están expuestos directamente a la competencia internacional. En ese contexto ubicó el proyecto de ley de competitividad que el gobierno impulsa y que, según señaló, ya había recibido una aprobación prácticamente unánime en el Senado y se encontraba en discusión en la Cámara de Diputados.
También aludió a regulaciones que considera redundantes, como la prohibición de que las carnicerías abran los domingos, una disposición que, según señaló, habitualmente no se cumple.
