La vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Carolina Camilo, fue entrevistada en “Panorama 1410”, programa que emite radio La R 1410 AM y Tele R a través de Antel Tv.
“Los defensores públicos o de oficio, somos los abogados que atienden a las personas de mayor vulnerabilidad que atraviesan el sistema de justicia. Por un lado, porque son personas que no tienen ingresos para poder costear a un abogado particular de confianza y por otro lado asistimos a personas que sin importar sus ingresos, por sus derechos es necesario y obligatorio que tengan un abogado de oficio como es en materia penal”, explicó.
De acuerdo con la última estadística del año 2021, los defensores públicos atendieron a 306.335 consultas y asisten a 236.368 audiencias. Esto determina que de los 293 abogados de oficio que hay en Uruguay. En promedio, cada uno atienda más de 1.000 casos por año.
“Volvemos a ver una Rendición de Cuentas en la cual no se considera a la defensa pública, no se le da un incremento presupuestal”, sostuvo Camilo.
Adepu reclama la creación de 68 cargos de abogados de oficio para el interior y 57 para Montevideo. “Desde hace un tiempo atrás se viene legislando cuestiones y procesos judiciales en los cuales la intervención del defensor público es relevante y no han sido acompañadas de recursos, lo cual genera una sobre carga de trabajo”, manifestó. Hizo énfasis en que “con estos cargos se cubre el servicio básico y garantizarle a cada persona que necesite una defensa”. Acotó además que “estamos bastante sobre saturados”.
“Este caudal de casos afecta la calidad, porque como profesionales no podemos atender a la gente con el tiempo que nos gustaría. Tenemos cuatro audiencias por día, tenemos que hacer tres o cuatro escritos por día y eso afecta a una defensa de calidad”, expresó.
Camilo explicó por ejemplo, que “en esta Rendición de Cuentas se crean siete fiscalías nuevas. La defensoría pública asiste al 90% de las personas que atraviesan el sistema penal. Entonces si se crean siete fiscalías nuevas debería ir acompañado de cargo de defensores”, dijo.
Otro reclamo es eliminar la brecha económica, una equiparación salarial con los jueces y fiscales. “Legalmente estamos equiparados al puesto de un juez letrado del interior. Lamentablemente en la realidad existe una diferencia bastante importante en nuestros salarios”, señaló y detalló que “un juez letrado del interior está ganando $238.562 nominales, mientras que un defensor público gana $152.753 nominales”. “Los jueces obtienen diferentes partidas en sus salarios, que ha engrosado sus salarios y los defensores de oficio no gozamos de dicha partida”, agregó. Remarcó que “es un desprestigio a nuestro trabajo”.
Adepu además solicita que se les remunere adicionalmente a los defensores públicos por las tareas administrativas que les requiere tener el cargo y crear cargos suplentes. En referencia a esto último Camilo especificó que “no contamos con cargos suplentes. Cuando existe un caso de licencia, todo el trabajo recae sobre un compañero sumado a sus tareas propias. Esto genera un problema de sobrecarga”. “Es un cargo altamente feminizado, ocho de cada 10 defensores públicos somos mujeres. Entonces las licencias maternales impactan muchísimo en nuestro trabajo. Somos trabajadores fulltime, no tenemos limitada las jornadas de trabajo y utilizar el derecho al medio horario por lactancia y se opta por extender la licencia seis meses. Es un grave problema”, dijo.
