A propuesta de Juntos, el SMU rechazó el proyecto para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Mientras que la Caja de Profesionales comunicó oficialmente que tiene fondos hasta junio,  el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) rechazó el miércoles por amplia mayoría el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo remitido al Parlamento para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias (Cjppu) y que tiene por objetivo atender la crisis financiera que atraviesa desde hace años la Caja.

La moción mayoritaria fue impulsada por la agrupación Juntos que obtuvo un 75% de apoyo frente a la posición sustentada , entre otros, por la agrupación Fosalba, afín al proyecto.

“Los números son claros, los médicos se expresaron!!! El SMU rechaza esta ley que busca mantener la CJPPU casi a entero costo de los Profesionales”, escribió en X el Dr. Rodrigo Perna vicepresidente del SMU y presidente de la agrupación Juntos. La asamblea, sin embargo, no analizó las últimas modificaciones al proyecto que el Poder Ejecutivo presentó el mismo miércoles. Además del SMU, otras gremiales ya se han pronunciado en contra del proyecto: el Sindicato Anastésico Quirúrgico; la Federación Médica del Interior; Asociación Odontológica del Uruguay, Asociación de Afiliados a la Caja, Asociación Profesional Independiente en defensa de la Caja, Colegio de Abogados de Rivera, Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay, Mesa Intergremial Universitaria de Salto, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, entre otros.

En entrevista con el Diario La R, Perna aseguró que la ley que promueve el gobierno es “agresiva” e “irresponsable” y sostuvo que para su elaboración “nunca fuimos consultados”. “Para nosotros, se trató de una imposición”, afirmó.

Consultado sobre los principales puntos de discrepancia, Perna apuntó a cuestiones de “forma y contenido”.

Recordó que en 2023 el SMU “también por asamblea rechazó la ley express presentada en ese año que también fue ingresada en el parlamento y ahora en una nueva etapa parlamentaria presentan una ley mucho más agresiva hacia el colectivo profesional de este país”.

El proyecto, creado por los Ministerios de Economía y de Trabajo, más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto establece entre otros aspectos un mayor porcentaje de aportes para activos sobre una nueva escala de sueldos fictos y una “contribución” de los pasivos.

“Si en 2023, el Parlamento rechazó el anterior, uno no entiende mucho por qué plantean una ley más severa que los mismos o muchos parlamentarios sobre todo los de Frente Amplio, ya rechazaron”, afirmó Perna, que recordó que en dicha instancia Cabildo Abierto también votó en contra.

Agregó que para la elaboración del nuevo proyecto “nunca fueron consultados” así como tampoco lo fueron otras gremiales de profesionales universitarios. “Ese relato de que nos consultaron, no es verdad. No consultaron. Sí tuvimos reuniones”, manifestó.

Por lo tanto, “nosotros lo tomamos como una imposición” al no haber sido consultados, “al igual que lo que ocurrió en 2023”. Por otra parte, cuestionó que “nadie en el Parlamento tiene un estado actuarial de la Caja” lo que implica que “se hacen propuestas sin un informe de qué viabilidad va a tener la caja con esos cambios que proponen”. “Es hasta irresponsable proponer algo de esa forma”, afirmó.

Perna destacó que la Caja “nunca fue asistida por el gobierno como sí lo fueron todas las otras cajas estatales y paraestatales; es más, en el periodo de la dictadura se le quitó plata que nunca fue devuelta”.

Respecto a los timbres profesionales, cuya recaudación ha venido en caída,  afirmó que se generó un “descalce” entre el ingreso que éstos generan (el principal ingreso) y el principal egreso que son las jubilaciones y las pensiones porque éstas últimas aumentan por Índice Medio de Salarios (IMS) y los timbres por IPC.

Pero Perna también sostuvo que “no es de ahora que tenemos esta bomba arriba de la mesa” ya que “en los quince años que gobernó el Frente Amplio fue donde se produjo la mayor caída” y recordó que en el Directorio de la Caja, 2 de los 7 miembros, son representantes del Poder Ejecutivo, quienes a su juicio “ nunca informaron nada al Parlamento en todo este tiempo ni tomaron ninguna precaución”.

Con respecto al proyecto, rechazó también el aumento del aporte de los activos que ya pasó de 16,5% del ficto al 18,5% pero que además ahora se propone elevarlo al 22,5% y para los pasivos propone un aporte a partir de los $ 39 mil de jubilación pero por “base de prestaciones y contribuciones”. Para Perna, esto “genera un nuevo impuesto a las jubilaciones”, además del ya existente Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IAS) “que a nuestro entender es anticonstitucional”.

Por otra parte, resaltó que , cada año, 35 y 36 millones de dólares, aportados por los profesionales, van para el BPS. “O sea, no solo que no fuimos asistidos nunca, sino que nosotros asistimos al BPS”. Por lo tanto, con este proyecto, agregó, “ nos vemos muy agredidos, groseramente agredidos”.

Perna resumió esta situación de esta forma: por un lado, “me estás grabando ahora que soy activo y por el otro me estás bajando la jubilación cuando me jubile. Tremendo negocio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Así no quiero pagar la Caja profesional, me voy a ir. Con esas dos propuestas van a lograr que más profesionales salgan de la Caja”.

En 2024, 63.601 profesionales universitarios estaban activos y aportando a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Esta cifra ha ido en aumento, aunque con una ligera disminución en 2024 en comparación con 2023. Además, hay 109.719 profesionales que se declararon «en no ejercicio», 15.692 jubilados y 5.017 pensionistas.

Con respecto a la asistencia a la Caja por parte de Rentas Generales durante el año 2025 y después a partir del 2026 “tampoco sabemos cuánto van a poner porque no es un monto fijo”. En cuanto a la gobernanza de la Caja, el proyecto propone pasar a tener 5 directores en lugar de 7 que se discriminan de la siguiente forma: 3 representantes de los activos (pasan a tener 1 solo representante), 1 de los pasivos, 1 de los funcionarios de la Caja y 2 del gobierno). “O sea, que los dos integrantes del gobierno quedan” , cuestionó.

Perna resumió que para “nosotros es una mala ley, porque no solo que no soluciona el problema, sino que además tira la bomba para adelante”. El gobierno considera que el proyecto le aporta a la Caja una viabilidad de 15 o 20 años, pero “para nosotros esto es pan para hoy y hambre para mañana”.

En estas condiciones, remató, “si mí no me dan seguridad, capaz que prefiero poner la plata en otro lado”.

El proyecto

Concretamente, el proyecto de ley modifica 28 artículos de la Ley No. 17.738 del 7 de enero de 2004.

Un artículo a destacar es el 144 sobre la asistencia de cargo del Estado. Establece, literalmente, que el Estado, con cargo a Rentas Generales, verterá a la Caja: A) Por el ejercicio 2025, una suma equivalente a $ 110.000.000 por mes, a partir de la vigencia de la presente ley. B) A partir del 1º de enero de 2026, cada mes, una suma igual a dos tercios del promedio mensual de los montos recaudados por la contribución pecuniaria prevista en el artículo 8º (se refiere a la contribución de los aportantes de la caja) de la presente Ley en aquellos meses correspondientes al año previo en que fuese aplicable dicha contribución, actualizados para el cálculo del promedio según la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El artículo 54, por su parte, establece que la carrera profesional consta de diez categorías, a cada una de las cuales le corresponde un sueldo ficto mensual. La permanencia en cada categoría será de tres años, y al vencimiento de ese término, los afiliados pasarán automáticamente a la siguiente, salvo excepciones (previstas en el artículo 56 de la presente ley). Esas carreras (bajo excepción) constarán de 15 categorías.

El artículo 58 es especialmente importante (ya ha dado lugar a polémica) porque remite a la tasa de aportación, que será, en el caso de los afiliados activos, del 22,5% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales que por disposición legal percibe la Caja.

El artículo 59, sobre los sueldos fictos, dice que para los profesionales habilitados para el ejercicio de su profesión con anterioridad al 1° de enero de 2026, la tasa de aportación se aplicará sobre los sueldos fictos de cada categoría, según un detalle en el que categoría 1 aparece con un sueldo ficto de $ 34.660 y la segunda de $ 65.565, entre otras. Son diez en total. Y para los profesionales que queden habilitados para el ejercicio de su profesión a partir del 1º de enero de 2026 la tasa de aportación se aplicará sobre los sueldos fictos de cada categoría, de un total de 15 categorías.

Pero más adelante, en el artículo 144 (art. 2do.) se plantea una opción de cambio de escala de fictos, lo que resulta bastante novedoso. Al respecto, dice: “Los profesionales habilitados para el ejercicio de su profesión con anterioridad al 1° de enero de 2026 podrán cambiar de escala de sueldos fictos dentro del plazo de 36 meses de la vigencia de la presente Ley y solicitar que la tasa de aportación (…) se aplique sobre los sueldos fictos de cada categoría” (según una tabla con categorías y sueldo fictos que aparecen especificados).

Cabe aclarar que los profesionales nacidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1984 también podrán solicitar que la tasa de aportación aplique a otra escala de fictos, bajo determinadas condiciones.

Sobre la gobernanza, el artículo 13 establece que la caja será dirigida y administrada por un directorio de cinco miembros, tres de ellos electos y dos designados por el Poder Ejecutivo, pertenecientes a distintas profesiones. Cabe señalar que actualmente el directorio consta de 7 miembros, dos de los cuales son designados por el Poder Ejecutivo.

El artículo 22 trata sobre el presupuesto, indicando que el directorio establecerá anualmente su presupuesto operativo, de operaciones financieras y de inversiones que regirá en el ejercicio financiero siguiente (1º de enero a 31 de diciembre) y lo elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tres meses antes del comienzo de cada ejercicio económico. El Ministerio de Economía y Finanzas, con el asesoramiento de la OPP, deberá aprobar el presupuesto, previo a su puesta en vigencia.

El artículo 23 va en la misma línea al establecer que el directorio, con informe de la Comisión Asesora y de Contralor, deberá remitir al Poder Ejecutivo, dentro de los primeros 90 días de cada año, una “memoria completa e ilustrativa de la situación de la Caja”, acompañada de los estados, balances, rentabilidad de las inversiones y datos complementarios pertinentes.

Hay que mencionar que el proyecto de ley también establece edades y causales jubilatorios determinados, ajustes a nivel de subsidios por maternidad y en el subsidio de incapacidad temporal (en primera instancia, serían mejoras para los implicados), la exigencia de domicilio fiscal para los profesionales y empresas contribuyentes, así como mejoras en el intercambio de información de la Cjppu con otros organismos del Estado (como la DGI, BPS, etcétera), entre otros artículos.