Abdala advirtió que aplicar el modelo Bukele en Uruguay podría desatar una “guerra civil”

La posibilidad de trasladar a Uruguay el modelo de seguridad aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele volvió a generar un intercambio político en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, el pasado 22 de octubre. La comisión recibió a las autoridades del Ministerio del Interior y abordó, además, otros asuntos vinculados con la situación de la seguridad pública, las últimas cifras de delitos y las filtraciones de información relacionada con procedimientos policiales.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, afirmó que la aplicación en Uruguay de un régimen con características similares al salvadoreño podría provocar una grave fractura social. “Estoy absolutamente convencido, por nuestra propia idiosincrasia, por las características de nuestra organización política, de nuestra organización social, de que si a algún gobierno se le ocurriera instalar en Uruguay un régimen de las características del modelo Bukele, tendríamos una guerra civil aquí, por lo menos”, expresó.

El legislador sostuvo que no tiene dudas sobre esa posibilidad y vinculó su posición con las particularidades culturales, políticas y sociales del país, así como con la perspectiva humanista y la protección de los derechos humanos.

Abdala se manifestó contrario al modelo de Bukele y consideró que discutir si ese sistema puede aplicarse en Uruguay constituye una controversia “absolutamente bizantina”. A su juicio, las diferencias entre ambos países y sus respectivas organizaciones políticas y sociales impiden trasladar mecánicamente una experiencia de seguridad a otra realidad nacional.

En su intervención también hizo referencia a declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien había señalado que el modelo salvadoreño era atendible. Abdala precisó que, a su entender, esa afirmación no significaba que el mandatario estuviera proponiendo importar o implantar ese sistema en Uruguay, aunque consideró que sus palabras contribuyeron a alimentar las reacciones políticas posteriores.

El diputado nacionalista procuró, además, evitar que el debate sobre el punitivismo quedara asociado exclusivamente a una fuerza política. Sostuvo que las políticas de endurecimiento penal fueron impulsadas por gobiernos de distintos signos y recordó, como ejemplo, que el exministro del Interior Eduardo Bonomi promovió el incremento de penas y la creación de nuevos delitos. También señaló que él mismo había votado la Ley de Faltas impulsada durante aquella administración.

“Yo creo que es tanto punitivismo como sea necesario y, en tal caso, tantas medidas alternativas como sea posible”, resumió Abdala, al plantear que la discusión sobre la seguridad debe considerar tanto las respuestas penales como otras herramientas disponibles.

Negro: seguridad para vivir en libertad

Por su parte, el ministro del Interior defendió la orientación democrática del Plan Nacional de Seguridad Pública y sostuvo que las políticas contra el delito deben desarrollarse con respeto a los derechos de las personas.

Negro afirmó que el objetivo del gobierno es construir un sistema de seguridad que combine eficacia frente a la delincuencia con garantías institucionales. En ese sentido, planteó que la seguridad no debe entenderse como una política enfrentada a las libertades individuales, sino como una condición para que las personas puedan ejercerlas.

“La seguridad no es contra la libertad, es para la libertad”, expresó el ministro, al defender un enfoque que respete los derechos y permita a la población vivir en condiciones de mayor seguridad.

El secretario de Estado advirtió que una concepción de la seguridad construida contra las libertades tiene características autoritarias y sostuvo que Uruguay debe preservar su tradición democrática. En su intervención remarcó que las decisiones en esta materia no pueden desligarse de los fundamentos institucionales del país.

El ministro también destacó que el gobierno busca impulsar una política pública de seguridad con participación y diálogo político. Según señaló, al diseñar el Plan Nacional de Seguridad Pública se convocó a los presidentes de los partidos para promover aportes a un sistema democrático y respetuoso de las garantías.

Salle y la «conmoción interna»

El diputado Gustavo Salle afirmó que el estado de la seguridad pública en Uruguay constituye un incumplimiento de obligaciones esenciales del Estado y sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, la situación podría justificar la aplicación de medidas prontas de seguridad. El legislador expuso su planteo durante la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

Salle argumentó que el Estado tiene entre sus cometidos fundamentales garantizar un clima de orden y tranquilidad para la población. A su juicio, la expansión territorial del narcotráfico, la presencia de organizaciones criminales y las dificultades para impedir que desde las cárceles se coordinen actividades delictivas evidencian un deterioro que excede la responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior.

“Cuando hablamos de territorio tomado, estamos hablando del incumplimiento de la esencia misma del Estado”, afirmó. En su interpretación, la situación actual se aleja de las condiciones de orden y tranquilidad que, sostuvo, están en la base de la organización constitucional uruguaya.

El legislador cuestionó que existan zonas donde, según señaló, servicios como ambulancias, taxis o bomberos encuentran dificultades para ingresar debido a la presencia del narcotráfico. También puso el foco en la utilización de establecimientos penitenciarios para coordinar actividades criminales, un fenómeno al que aludió como una contradicción con el cometido constitucional de rehabilitación de las cárceles.