El Gobierno uruguayo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron este martes el Marco de Programación por País 2026-2030, un acuerdo de cooperación técnica que establece las prioridades de trabajo conjunto para los próximos cinco años. La iniciativa apunta a incrementar la productividad y el desarrollo de la producción familiar, promover la sostenibilidad de los recursos naturales y contribuir a mejorar el acceso de la población a los alimentos.
Durante la actividad, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que Uruguay necesita profundizar una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria desde una perspectiva integral, que no se limite a incrementar la producción, sino que contemple también las condiciones de acceso a los alimentos, la logística, el transporte y la comercialización.
El acuerdo fue rubricado por Sánchez en representación del Gobierno uruguayo y por René Orellana Halkyer, subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe. El marco de cooperación se organiza en torno a los objetivos de lograr una mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.
En su intervención, Sánchez identificó dos grandes líneas de trabajo. La primera consiste en aumentar la productividad de la producción familiar mediante un mayor acceso a la tecnología, la información y nuevas prácticas productivas. La segunda apunta a preservar los recursos naturales y avanzar hacia sistemas de producción sostenibles.
Para el secretario de Presidencia, ambos objetivos deben desarrollarse de manera compatible, incorporando buenas prácticas que permitan mejorar los rendimientos sin comprometer los recursos naturales.
Sánchez vinculó estos desafíos con la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria en un país que produce alimentos para unos 28 millones de personas en el mundo. En ese contexto, consideró que Uruguay también debe asegurar que toda su población tenga las mejores condiciones posibles para acceder a una alimentación adecuada.
Al respecto, señaló que los últimos datos relevados muestran una disminución de la inseguridad alimentaria en el país, aunque advirtió que la situación continúa afectando al 13% de los hogares. Para el jerarca, esa proporción evidencia que todavía existen dificultades que requieren políticas públicas sostenidas.
El planteo incluyó la necesidad de mejorar las posibilidades de acceso de los productores familiares a los mercados y, al mismo tiempo, garantizar que la población pueda acceder a alimentos saludables. Sánchez consideró que la permanencia de las familias en el medio rural depende de que dispongan de condiciones económicas y sociales que hagan viable su actividad. En ese sentido, mencionó la importancia de que los productores alcancen una escala que les permita producir más y mejor, cuenten con financiamiento en condiciones favorables para incorporar tecnología y tengan acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la cultura.
La cadena agroalimentaria
En su discurso, Sánchez planteó la necesidad de considerar el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios en su conjunto. Según expresó, no alcanza con aumentar la producción en las zonas rurales si no se atienden las etapas posteriores que permiten que los alimentos lleguen efectivamente a los consumidores.
En esa línea, mencionó la logística, el transporte y la comercialización como componentes fundamentales de una estrategia alimentaria. Advirtió que se producen importantes pérdidas y desperdicios de alimentos en un escenario internacional en el que millones de personas todavía enfrentan situaciones de hambre y dificultades de acceso a la alimentación.
El secretario de Presidencia sostuvo que garantizar el derecho a la alimentación también implica preservar los bienes públicos naturales y mantener una relación entre las políticas alimentarias y otras áreas, como la salud y la protección ambiental. Asimismo, destacó la importancia de contar con políticas públicas y respaldo de la comunidad internacional para avanzar en esos objetivos. Entre las herramientas normativas existentes en Uruguay mencionó la Ley de Gestión Integral de Residuos, la Estrategia Nacional de Prevención de Desperdicio de Alimentos y las disposiciones vinculadas con las compras públicas y el acceso a los mercados para la producción familiar y la pesca artesanal.

La cooperación y el liderazgo de Uruguay
Por su parte, René Orellana destacó la importancia del acuerdo como un instrumento de trabajo concreto que permitirá movilizar recursos financieros y desarrollar distintas acciones durante los próximos cinco años.
El representante de la FAO señaló que la cooperación también contempla el acompañamiento al papel que Uruguay desempeña en los ámbitos multilaterales, particularmente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en los mecanismos de cooperación Sur-Sur.
Orellana mencionó distintas áreas en las que el país ha desarrollado capacidades y experiencias que pueden ser objeto de cooperación técnica. Entre ellas destacó la actividad ganadera, especialmente en materia de trazabilidad, manejo de los sistemas productivos, calidad y capacidad exportadora.
También hizo referencia a la pesca de pequeña escala y a la gestión de los recursos hídricos como ámbitos de trabajo para los próximos años.
Otro de los temas señalados fue el desarrollo de bioinsumos. Orellana destacó que Uruguay cuenta con un plan en esa materia y consideró que se trata de un área estratégica que la FAO busca fortalecer. Sostuvo que el país dispone de conocimientos y experiencias que pueden desarrollarse y compartirse con otros integrantes de la comunidad internacional.
La actividad fue organizada por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y contó con la participación de su director ejecutivo, Martín Clavijo, y del representante de la FAO en Uruguay, Pablo Rabczuk.
Clavijo destacó que la cooperación internacional no debe entenderse exclusivamente como un instrumento técnico, sino también como una decisión política y una forma de relacionamiento con el mundo. En ese sentido, reivindicó el multilateralismo y la necesidad de fortalecer los organismos internacionales como espacios para construir respuestas colectivas frente a los desafíos del desarrollo.
El director ejecutivo de AUCI recordó que Uruguay mantiene un papel dual en materia de cooperación: recibe asistencia y conocimientos de otros países y organismos, pero también ofrece sus capacidades y experiencias a otras naciones.
Aunque el país es considerado de renta alta, señaló que todavía enfrenta brechas estructurales y desafíos de desarrollo que justifican mantener el acompañamiento internacional. En ese escenario, identificó a la FAO como un aliado estratégico para avanzar en políticas vinculadas con la producción, la alimentación y la sostenibilidad.

