La jueza de Ciudad de la Costa, Lorena Gabarrín, resolvió dictar sentencia donde absuelva a un oficial de Policía adscrito a la Seccional 27ma de El Pinar a quien acusaron de permitirle a un subalterno que tomara una bicicleta que hallaron en la calle.
El vehículo era una bicicleta marca Gary Fisher que tenía 16 meses en custodia policial, en el depósito de l techo de la comisaría. El fiscal que formalizó la causa, Maximiliano Sosa, afirmó que el oficial incurrió en el delito de peculado y abuso de funciones. En el procedimiento formalizaron tanto a este como al subalterno con prisión domiciliaria en horario no labora como medida cautelar.
Durante el caso el subalterno reconoció los delitos imputados por la Fiscalía durante un procedimiento abreviado y recibió sentencia. No obstante, de acuerdo con la defensa del oficial, este se negó a las reiteradas propuestas de la Fiscalía de usar la vía abreviada y apostaron por le juicio oral debido a que entendían que no hubo ningún delito.
La sentencia de la jueza Gabarrín, difundida por El País, sostiene que “la teoría del caso anunciada por la Fiscalía no pudo ser confirmada. La prueba aportada no evidencia que el oficial autorizara expresamente o consentido que el agente se apropiara de la bicicleta”.
Planean denunciar a la Fiscalía
Los abogados defensores del oficial, Marcos Pacheco y Juan Carlos Ferández, sopesan la posibilidad de accionar legalmente contra la Fiscalía por “actuar de forma imprudente”.
De acuerdo con Montevideo Portal, el oficial, encargado de la seccional, le prestó la bicicleta al subalterno ya que este último tenía que caminar 10 kilómetros diariamente porque se le había dañado la camioneta. Según explicó en su momento, el de mayor jerarquía le dijo al de rango inferior que debía realizar el trámite de rigor antes de usar la bicicleta y este no lo hizo.
“Si íbamos a proceso abreviado el muchacho iba a perder el trabajo. Pasó casi dos años en la casa, eso trastocó a su familia y su vida personal”, dijo Fernández.
Los abogados podrían “iniciar acciones legales contra la Fiscalía General de la Nación pro el daño causado y por actuar de forma impudente” al “pedir una formalización con poca prueba”.
“Sufrió la retención total de sus haberes por casi dos años y perdió la posibilidad de ascenso y grado en concursos. Se generó un daño moral importante”, sostuvo el abogado.
