En una entrevista reciente en el programa Fácil Desviarse de DelSol FM, el senador nacionalista Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, generó controversia al denunciar que en los meses previos a las elecciones nacionales, algunos funcionarios públicos de organismos como la DGI, el BPS, Aduanas y el Mides habrían intensificado sus inspecciones con una intención política, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Botana apuntó a un aumento en la actividad fiscalizadora de estos organismos, alegando que se trataba de una maniobra para perjudicar al gobierno y movilizar a la opinión pública en su contra. Mencionó casos específicos del Mides, donde funcionarios supuestamente amenazaron a beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social con quitarles las ayudas, e incluso se habrían recortado varios de estos beneficios. Además, criticó las inspecciones realizadas por la DGI y el BPS, asegurando que tales acciones tuvieron un impacto negativo sobre los ciudadanos, especialmente aquellos que se encontraban en trámites de jubilación o pensión, los cuales se habrían visto bloqueados sin justificación.
«Hubo inspecciones por doquier, especialmente en la frontera, y las Aduanas y barreras sanitarias estaban operando con una intensidad inédita. Esto no fue simplemente una cuestión administrativa, sino una clara actuación con fines políticos que terminó molestando a quienes realmente trabajan y dependen del Estado», expresó Botana.
El senador también aseguró que estos hechos estaban motivados por «la actitud política de algunos funcionarios públicos», a los que acusó de tomar «como rehenes a los más vulnerables» durante un periodo electoral crucial.
Sin embargo, las declaraciones de Botana fueron rápidamente rechazadas por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que calificó sus acusaciones como una «teoría del disparate». El sindicato defendió la labor de los funcionarios públicos, argumentando que las inspecciones y fiscalizaciones eran simplemente parte de un esfuerzo por garantizar la eficiencia del Estado y el cumplimiento de las normas. Según COFE, las acciones de los funcionarios eran órdenes de las jerarquías y no reflejaban ninguna intención política detrás.
«Es difícil entender las afirmaciones de Botana. Si hubo un aumento en la actividad fiscalizadora, es porque existieron decisiones de las autoridades correspondientes para mejorar la eficiencia del Estado y garantizar el cumplimiento de las leyes. No se puede hablar de conspiración política sin fundamentos», señalaron desde el sindicato, que también recordó que el Partido Nacional aún preside los ministerios y organismos públicos.
En un tono crítico, COFE también mencionó que, en lugar de culpar a los funcionarios del Estado, Botana debería reflexionar sobre las políticas públicas de su propio partido que, según el sindicato, han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de la población. Además, cuestionaron su gestión como intendente de Cerro Largo, citando ejemplos como la falta de fiscalización del uso del casco en motos, y su postura contraria a varias iniciativas de seguridad vial y a la ley de ingreso por concurso a las intendencias.
El intercambio de acusaciones pone en evidencia una profunda división sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y su relación con las decisiones políticas. Mientras Botana asegura que hubo un abuso del poder del Estado con fines electorales, COFE defiende la labor administrativa y señala la falta de autocrítica de ciertos sectores políticos sobre los efectos de sus propias políticas.
