La Comisión Técnica Asesora (CTA) de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) publicó recientemente un informe en el que divide por quintales los hogares uruguayos y los agrupa según su nivel de ingresos.
Mediante este, los técnicos llegaron a la conclusión de que “hogares del 20 por ciento más pobre de la población (primer quintil) tienen un ingreso que no les alcanza para cubrir todo su consumo mensual, gastan el 108 por ciento de lo que les ingresa, es decir que requieren algún tipo de endeudamiento o apoyo”. Estos hogares son los que más sufren la inflación ya que “no tienen capacidad de maniobra”.
En el otro extremo, los hogares del 20 por ciento más rico de la población gastan poco más del 70 por ciento de sus ingresos en su consumo mensual, por lo que esa capacidad de ahorro les permite enfrentar mejor el aumento de precios”.
Según consigna la página oficial de AEBU, Con la política del Gobierno que es de ajuste salarial en base a niveles de inflación menores a los que se dan en la realidad, esa situación hace que se de un impacto más grave y fuerte sobre los hogares de menores recursos.
SALARIOS SIEMPRE CORREN DETRÁS
Según dicen, la política salarial del Gobierno determina que se pierda de forma constante la capacidad de compra de los sectores de ingresos fijos. Si se compara cómo evolucionó el Índice de Precios al Consumo (IPC) con los salarios, desde julio de 2020 en adelante, se ve como siempre pierden los salarios.
El resultado de dicho proceso lo explican muy claramente los economistas de AEBU al decir que “la pauta que define los ajustes de salarios de públicos y privados está atada a la inflación proyectada por el Gobierno. Pero el costo de la vida aumenta más rápido de lo previsto sin que se aplique correctivos a las diferencias generadas, y esto se traduce en una aceleración y acumulación creciente de la pérdida de poder de compra”. Eso fue lo que ha sucedido con los trabajadores de los bancos oficiales durante el 2021, solamente para poner un ejemplo.
El Índice Medio de Salarios (IMS) se ha visto bastante afectado y deteriorado por la política salarial, que también se trasladó a las jubilaciones que perdieron capacidad de consumo. Al mismo tiempo que eso pasa, los ajustes que se hacen en la Base de Prestaciones Contributivas (BPC) hacen que las transferencias sociales también sean menores.
Por lo tanto, el camino hacia lo que prometió el Gobierno con la recuperación salarial al final del período no se ve como algo claro. De mientras, según dicen, la mayoría de la población acumula meses de pérdida en sus ingresos.
