Uruguay cuenta con 14 ministerios, de los cuales son contados con una mano aquellos que no salen nunca de la mirada observadora y crítica del pienso público y no hablo por su importancia, sino porque a lo largo del tiempo la sociedad ha puesto como prioridad ciertos temas, entre ellos, la seguridad, volviendo al Ministerio del Interior, unas de las carteras más trabajosas de llevar.
Según varias encuestas realizadas este año, casi el 50% de los consultados considera que Uruguay tiene problemas de inseguridad y delincuencia, entendiendo que se debería poner sobre la mesa electoral, hecho que sucede, pero es lógico aclarar que la muestra no representa fielmente el alcance del problema. Aun así es notorio el crecimiento de la sensación de inseguridad que vive el país, pero si observamos los datos presentados por la cartera, los hurtos, las rapiñas y el abigeato son delitos que bajaron durante el primer semestre de 2024 en comparación con el primer semestre de 2019 y ante el balotaje los gobiernos que forman parte de la coalición multicolor, se aferran al hecho de que en el actual gobierno finalizó la tendencia al alza de los delitos. Entonces nos enfrentamos a la interrogante de: ¿a qué responde nuestra sensación de inseguridad? Y resulta gracioso que ninguna administración logre responder, porque esa sensación no empezó a crecer en este quinquenio.
Vivimos en un país que se destaca y ha sido pionero en muchas cosas, por más que estemos dentro del grupo tercermundista, capacidades nos sobran y si es así, por qué nuestras políticas se siguen basando en intentar no ser peor que el gobierno anterior, cuando a las personas les importa un avance real. 15 años estuvo el gobierno del Frente Amplio y su gestión en la cartera cerró con la famosa frase: “Renunciá, Bonomi”, 11 interpelaciones tuvo en total durante sus dos administraciones. Cinco años gobernó la coalición multicolor y la cartera se enfrentó a 4. Luego miramos las noticias y son unos contra otros diciendo que ellos lo hicieron mejor, ¿hicieron mejor qué?
Tenemos una cifra de homicidios, que si bien no nos ubica entre los países con mayores problemas de delincuencia en América Latina, es alarmante donde en 2023, se registraron 56 homicidios de mujeres donde el 36% fue femicidio. Se realizaron 117 denuncias de violencia doméstica por día, lo que equivale a una denuncia cada 12 minutos. Según datos del Ministerio de Salud Pública, entre 2014 y 2023, 217 menores de entre 0 y 14 años resultaron baleados y fueron asistidos en centros de salud. En los últimos años tuvimos récord nacional de prisionización, ubicándonos entre los 10 lugares del mundo de mayor prisionización por cantidad de habitantes y primeros en América del Sur. Esto provocó una tasa de hacinamiento crítica en un contexto donde las condiciones de vida no fomentan la rehabilitación ni la reinserción social, donde además 67 mujeres se encuentran en prisión con sus hijos. En 2023 había aproximadamente 259 adolescentes y/o jóvenes cumpliendo medidas socio educativas privativas de libertad en establecimientos del INISA, siendo el 38,2% mayores de 18 años.
Dos propuestas de gobierno nos presentaron de cara al balotaje del 24 de noviembre, donde en ambas desarrollan acciones ocupando 3 carillas del total del documento, siendo de los temas más desarrollados. Ahora, todo son promesas, pero durante la administración todo tiene que ser basado en acciones que se piensen desde todas las aristas, incluyendo sus consecuencias, porque los delitos bajaron en parte a que las penas y la prisionización subió, defienden ahora, pero de qué sirve si el sistema se sobrecargó y hay más personas de las permitidas durmiendo en un mismo módulo, si el acceso a la educación o programas de reinserción no alcanza a todo el sistema, si las condiciones siguen fomentando más y más violencia.
Vivo desde mis dos años en Casavalle, integrado en su mayoría por zonas rojas y mi opinión es que estamos cansados de las políticas vacías, de intentar llenar el ojo, por un lado, y que nos explote en la cara el problema real. Fui a escuela pública y desde niños se nota la diferencia entre quienes cuentan con sustento y quienes están desamparados. No se trata de colocar a todos dentro de una misma bolsa, porque he visto a jóvenes en situaciones de vulneración, que significaban un peso (en los dos sentidos), convertirse en excelentes ciudadanos, pero tampoco se trata de creer que la inseguridad se resuelve atacando únicamente el delito, cuando tenés detrás generaciones y generaciones viviendo lo que el político ni se imagina. Ahora que la sensación de inseguridad se extendió más allá de los barrios de clase baja y media, ¿importa?
Preocupándonos por las infancias, por la educación, por brindar oportunidades, por las soluciones habitacionales y laborales, entre otras muchas cosas, es que se empieza a resolver el problema. No mirando al costado y tirando unos pesos, algunas casas, un par de puestos laborales y programas de reinserción, que no alcanzan para todos o que fomentan nada más que dependencia estatal. Es poner un Estado presente, que busque resultados reales y pensados a futuro, no solo para unos sectores sí y otros no, sino para todos.
Si hay muertes en los barrios «margianels» (Casabó, Malvín Norte, Piedras Blancas, Punta Rieles, Casavalle), es un tema de narcos y pichis. Si pasa en Carrasco o Pocitos, se prenden las alarmas. Habría que dejar de estar en la chiquita y tomar la seguridad como un tema de estado, y si tienen que ir presos los que venden pasta bsae en una boca de venta, que vayan. y si tienen que ir presos emprearios que levantan millones en cocaína y cualquier otra las droga, tambié. pero, este gobierno, por lo menos, a lso mall oro no los toca.
A los empresarios mallas de oro por pasar un contenedor con cocaína le dan domiciliaria por 2 años o limpiar bancos de las plazas por 6 meses.