Las ramas de Al Qaeda y de Estado Islámico que operan en Malí han visto reforzada su posición tras la retirada de las tropas francesas de la operación Barkhane y están aprovechando también el vacío que dejará la ONU, que ya ha comenzado a desmantelar su misión en el país y deberá haber completado antes de final de año, según advierten los expertos.
El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y Estado Islámico Sahel (antiguo Estado Islámico en el Gran Sáhara, ISGS) han sabido aprovechar el vacío dejado por las tropas francesas, obligadas a retirarse de Malí en agosto de 2022 por la junta militar que gobierna el país después del segundo golpe de Estado en abril de 2021. Y ahora también están tratando de ganar terreno en el marco de la retirada de la MINUSMA, que ya ha evacuado algunas de sus bases en el norte de Malí. En lo que se refiere a la filial de Estado Islámico, «en menos de un año casi ha doblado sus áreas de control», según señala el grupo de expertos sobre Malí en su último informe de agosto al Consejo de Seguridad de la ONU. El grupo terrorista ahora controla todos los círculos rurales de la región de Ménaka (noreste), y también amplias zonas del círculo de Ansongo en la región de Gao (norte), desde donde presiona a otras zonas.
Según advierten Aaron Y. Zelin y Sarah Cahn, expertos del Washington Institute for Near East Policy, en un artículo, «el auge de Estado Islámico en Malí puede ser vinculado directamente con la retirada en agosto de 2022 de las fuerzas francesas». «En el momento de la salida francesa, la insurgencia en Malí no había sido disuadida o derrotada, pero sin lugar a dudas se ha deteriorado desde entonces», sostienen, destacando que el grupo ha reivindicado 26 ataques desde entonces –en 2021 hubo 14, en 2022 un total de 29 y en lo que va de 2023 se contabilizan ya 15–.
