La Policía Federal de Brasil allanó 22 propiedades de empresarios acusados de financiar la movilización de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro para invadir la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero con el objetivo de provocar un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En tanto, esta tarde el juez del supremo tribunal Alexandre de Moraes le permitió al exministro de Justicia Anderson Torres, detenido en la causa, pasar a un régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica por razones humanitarias.
Los allanamientos se realizaron en los estados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul a pedido del Supremo Tribunal Federal y en el marco de la operación Lesa Patria, que ya procesó a 550 de los 1.390 imputados de haber participado en la intentona golpista realizada una semana después de la asunción de Lula como presidente de Brasil.
«Fue determinado el bloqueo de bienes y valores de los investigados por 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) para cubrir y reparar los daños causados a la propiedad pública», dijo hoy la Policía Federal en un comunicado.
Según la prensa brasileña, uno de los empresarios investigados es Geraldo Killer, un ruralista que financió parte de la campaña para la fallida reelección de Bolsonaro y la del senador Marcos Pontes, el astronauta que fue ministro de Ciencia y Tecnología bolsonarista.