Amnistía Internacional (AI) emitió su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos a nivel global. En lo referente a Uruguay se efectuaron diferentes cuestionamientos sobre aspectos que van desde la situación de la información hasta el derecho de la mujeres, niños y niñas.
Para AI en Uruguay durante el año pasado «persistían las amenazas a la libertad de expresión de los medios de comunicación y los obstáculos para acceder a la información pública. Las cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron hacinamiento y unas condiciones penitenciarias inhumanas y las muertes en prisión continuaron suscitando preocupación».
En su resúmen indica que algunos miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado, «pero no se produjeron avances sustanciales en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas».
Señaló que Uruguay sigue siendo «un país hostil para las niñas y las mujeres; el número de femicidios aumentó», mientras «persistían las barreras de acceso a los servicios públicos de salud mental, la calidad del agua potable era motivo de preocupación». Su conclusión era que «el sistema de garantías de los derechos de Uruguay siguió mostrando síntomas de debilitamiento».
El caso Astesiano
Sobre el caso de Alejandro Astesiano se señala «tras el procesamiento en febrero del ex jefe de seguridad del presidente por el delito de asociación para delinquir, la acusación formal del exgerente de una empresa por la vigilancia ilegal de dos senadores suscitó preocupación en relación con el uso indebido del aparato de seguridad del Estado».
También se indica que «Uruguay siguió descendiendo puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 44 de la lista de países, en 2022, al 52, en 2023. En un informe publicado por la organización local Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública se señalaba que entre 2022 y principios de 2023 se habían registrado 69 casos de amenazas a periodistas».
En referencia al sistema penintenciario se indica que «seguía estando masificado». Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentaba de forma constante y se aproximaba a la cifra de 15.400 personas. De ellas, 1.167 eran mujeres, lo que suponía un incremento del 6,9% del número de reclusas con respecto a 2022. «El deterioro de las condiciones de reclusión tenía consecuencias negativas en la calidad de vida de las personas privadas de libertad. En 2023 se registraron 17 asesinatos de personas reclusas bajo custodia» agrega el informe.En referencia a los menores Amnistía Internacional indica que el año pasado 21 mujeres y niñas fueron víctimas de homicidio por razones de género y «el gobierno no implementó completamente la Ley 19.580 sobre la violencia de género contra las mujeres, ni asignó fondos para crear juzgados especializados en ese tipo de casos».
Se recordó que «persistían los obstáculos para acceder a los servicios públicos de salud mental debido a la insuficiente disponibilidad de citas en un contexto de aumento de la demanda a nivel nacional y «durante el primer semestre del año, parte de la Región Metropolitana (departamentos de Montevideo y Canelones) se vio afectada por una situación de emergencia hídrica que provocó escasez de agua apta para el consumo».
Mi respuesta, es qué estás personas hablan con una propiedad inexistente. No conocen en profundidad la situación de la que tan irresponsablemente escriben.
Pasan titulares sensacionalistas, queriendo ser jueces a través de una óptica viciada de ideas políticas, con un gran sesgo izquierdista y desestabilizador.
Toman parte de los hechos buscado el impacto mentiroso de la realidad. Mencionan el crecimiento de las cárceles y no mencionan la mayor lucha contra el crimen. Sí existen presos, es porque hay delincuentes, violadores, asesinos y parte de ellos son los que matan mujeres ( de lo qué tanto se quejan) qué la justicia logro aprender. Se abrió por primera vez en 15 años de gobierno izquierdista, archivos e información de los años de gobierno de facto. Siempre poniendo cortinas de humo para no querer ver la realidad. Hablamos del Caso Astecisno, pero no hablan del caso Sendic, Envidio, Regasificadora, Pluna, Afe, ASE y otros mas ocurridos durante el gobierno izquierdista.
No dicen nada del MIDES y su despilfarro de dinero en ayuda a entidades amigas y no a los verdaderos damnificados, los en situación de calle o contexto crítico. Nada dicen de la ministra que nombra yerno con gran sueldo por contrato directo, y de lo que le sucedió al periodista que le preguntó por esa situación. Eso no es persecución periodística, cómo otras veces ocurrió. No hablan del hombre que enfrentó al presidente o al ministro del interior que los corrió a pechazos y luego les cuestionó su vida.
Esta gente no sabe nada de lo que habla.
Y de los derechos y condiciones de vida de las víctimas quizás «involuntariamente» se olvidaron?