La situación agropecuaria instalada en todo el país debido a la escasez de lluvias colocó en una situación muy compleja a los productores rurales, sobre todo a los pequeños y familiares. En octubre de 2022 el gobierno decretó la Emergencia Agropecuaria para la ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura por 90 días y el 17 de enero la renovó por otros 90 días más y le agregó los rubros de apicultura, avicultura y forestación.
Esto habilitó a que diferentes organismos del Estado pudieran instrumentar distintas medidas para el alivio de los productores. Ese fue el caso de UTE que postergó el cobro del consumo de energía eléctrica a los productores y lo financió en 6 cuotas sin intereses ni recargos que pagarán a partir del mes de julio. “El apoyo a la emergencia agropecuaria es muy claro” dijo Enrique Pees Boz, director de UTE a Diario La R.
“Eso en lo inmediato” continuó Pées “pero el apoyo a toda la agropecuaria y de la mano con la agropecuaria está todo el tema del riego” dijo y recordó que “ahora es puntual porque hay una emergencia pero el riego para la agropecuaria es permanente y en UTE le hemos concedido a aquellos que hacen riego productivo, un 15% de reducción en los consumos desde el mes de octubre por un período de 6 meses” apuntó.
Dentro del tema del riego también UTE lleva adelante otras iniciativas de apoyo como tarifas reducidas. Pées explica que “para aquellos que tienen doble o triple horario de riego, porque se necesite hacer a distintas horas, UTE le concede una tarifa equivalente a la de la franja horaria más económica”. El director de UTE explica a Diario La R que se continúan evaluando nuevas formas de apoyo a diferentes rubros y da el ejemplo de que representantes del sector granjero “estuvieron en el despacho y se están buscando también soluciones para ese grupo” comentó. Se reunió con Grisel Moizo, presidenta de la Confederación Granjera y los directivos Julio Yaquinta y Julio Emmenegger.
El equilibrio
Pées se muestra cauto a la hora de apoyar políticas de reducciones indiscriminadas más allá de las necesarias dentro de la actual emergencia agropecuaria: “tenemos que ser equilibrados porque todo lo que uno reduzca o pague de más en UTE, se traslada a las tarifas. Ya sea porque se reducen los costos a determinados sectores o porque paga de más a algunos productores privados de energía” explicó el jerarca.
Según Pées las bonificaciones a los productores agropecuarios significó para el organismo estatal un monto superior a los 30 millones de dólares en 2022. A esto se suma el beneficio del bono social para las familias más vulnerables a quienes solo se les cobra el 10% de su consumo. Según difundió UTE este beneficio alcanza a los 140 mil hogares en todo el país significando una renuncia cercana a los 40 millones de dólares anuales para el organismo estatal de energía. Pées recordó que “UTE no genera dinero sino que todo lo que son costos o reducciones a los termina influyendo en las tarifas” enfatizó.
Para el jerarca no existe otra alternativa que no termine encareciendo las tarifas salvo que se recurra al endeudamiento: “lo cual obviamente no estamos dispuesto a hacer porque endeudar a la empresa pública es endeudar al país” afirmó.
El costo de los PPA
Pées opina que uno de los grandes costos que terminan trasladándose a las tarifas son los de los contratos PPA (por su sigla en inglés: Power Purchase Agreement) firmados a partir de 2010, en su mayoría con generadores eólicos a través de distintos llamados a licitación que se hicieron hace una década atrás en el cambio de la matriz energética impulsada por el gobierno anterior. A través de estos contratos UTE compra la mayor parte de la energía eólica a privados que tienen contratos con quienes tiene contratos por plazos de 20 años. Esos acuerdos también contemplan que UTE tenga que pagar por la energía que no utiliza, pero que los generadores están en condiciones de suministrar a la red.
Sobre esto Pées expresó: “Somos críticos de la privatización que se hizo en 2010 en adelante en UTE porque se generaron dos aspectos negativos, por un lado excedentes que hoy estimamos en unos 100 millones de dólares anuales que UTE está obligada a comprar por contrato” dijo. El Director de UTE argumentó que “salvo en estas ocasiones de emergencia (y por eso decimos que se trata de un seguro caro) en tiempos normales hay que pagar por energía que no se usa 100 millones de dólares anuales”.
El otro aspecto negativo de estos contratos para Pées son los costos “absolutamente fuera de mercado” que hay que pagar a estas empresas privadas de generación eólica, Pees asegura que se llega a pagar 124 dólares la unidad producida de energía fotovoltaica cuando hoy vale 30 en el mercado” afirmó Enrique Pees Boz, director de UTE en diálogo con Diario La R.
