En Argentina, el despido de 2.400 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia de la Nación, en el área de Derechos Humanos, desató una ola de críticas y solidaridad en distintos sectores. Desde el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, se emitió un comunicado enérgico repudiando esta medida que, según denuncian, implica una grave desarticulación de políticas públicas fundamentales.
La medida llega en vísperas de las fiestas, un momento que profundiza la angustia de los trabajadores despedidos y sus familias. Según el comunicado, el gobierno, que había prometido que los ajustes recaerían sobre «la casta», ha elegido en cambio cargar el peso sobre la clase trabajadora. Señalan además que estas personas venían soportando condiciones laborales precarias durante años.
El texto cuestiona el procedimiento utilizado por las autoridades nacionales, argumentando que, si existieran casos de personal que cobraba sin cumplir funciones, deberían haberse identificado individualmente y no afectar a quienes cumplen con sus tareas. En Entre Ríos, el comunicado refleja preocupación por posibles cambios en las modalidades de contratación provinciales, que eliminarían los contratos de obra y servicios, restringiendo las opciones laborales al empleo transitorio o permanente. Finalmente, el Registro llama a la movilización colectiva y rescata el legado de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, reiterando que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. El lema de «Verdad, Memoria y Justicia» se mantiene como bandera en un contexto que pone en jaque la continuidad de políticas históricas en derechos humanos.
El Ministerio de Justicia de Argentina forma parte del Poder Ejecutivo Nacional y tiene la función de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en asuntos relacionados con la justicia. De este ministerio dependen diversos organismos clave, entre ellos la Procuración del Tesoro de la Nación, la Escribanía General de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia, el INADI, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el Sistema Argentino de Información Jurídica, y distintos registros, como los de inmuebles, propiedad intelectual, automotores, armas y antecedentes de reincidencia.
