Autoridades y empresarios coincidieron en la necesidad de tender puentes para la inclusión social

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de altas autoridades del Poder Legislativo y del Ejecutivo, se desarrolló este jueves en el Palacio Legislativo la conferencia “Trabajo, un puente para la inclusión”, orientada a promover la inserción laboral de personas privadas de libertad y liberadas.

La actividad tuvo lugar en la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo y contó también con la presencia de la vicepresidenta de la república y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse; el secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir; además de varios legisladores y representantes de organismos públicos y privados vinculados al sistema penitenciario y del jefe departamental de Canelones, Francisco Legnani.

El panel estuvo integrado por el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez; Juan Salgado, presidente de la Cámara del Transporte; Ana Vigna, asesora en asuntos penitenciarios del Ministerio del Interior; Luis Parodi, director de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali); y Xavier Areses, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense. La diputada Graciela Barrera, impulsora de la iniciativa, ofició de moderadora.

En la apertura, la diputada Barrera dio la bienvenida a los participantes y destacó el propósito del encuentro: “Este ciclo de charlas parlamentarias surge de la necesidad urgente de transformar el sistema penitenciario y de contribuir a la creación de oportunidades laborales para quienes egresan de prisión”, señaló.

Barrera subrayó la importancia del trabajo como herramienta de convivencia y reintegración social. “Si queremos una sociedad unida y una buena convivencia, todos debemos aportar nuestro granito de arena. A quienes cometieron delitos debemos mostrarles que hay otro camino, y entre las cosas que debemos enseñarles está el trabajo”, expresó.

La legisladora recordó que la iniciativa nació a partir de conversaciones con empresarios y actores sociales, con el objetivo de convertir la experiencia en un espacio sostenido de intercambio entre el Estado, las empresas y las organizaciones dedicadas a la rehabilitación.

La experiencia del sector privado

El presidente de la Cámara del Transporte, Juan Salgado, fue el primero en tomar la palabra. Saludó la presencia de las autoridades y destacó el valor simbólico y práctico de la convocatoria. “En esta sala hay empresas que ya en 2014 se sumaron a dar oportunidades laborales a personas liberadas, y esas experiencias siguen vigentes. Hoy tenemos trabajadores que, gracias a esa oportunidad, llevan más de una década trabajando y progresando dentro de sus empresas”, señaló.

Salgado recordó los primeros esfuerzos conjuntos entre el sector privado y el entonces Patronato del Encarcelado y Liberado, impulsados por el Ministerio del Interior. “Aquello fue el inicio de algo que demostró que cuando el sector público y el privado trabajan juntos, los resultados son concretos y duraderos”, sostuvo.

El empresario hizo un llamado a la corresponsabilidad social: “La sociedad no puede quedarse esperando que otros solucionen los problemas. Todos tenemos una parte de responsabilidad, por pequeña que sea. Si cada empresa hace un esfuerzo, la suma será enorme”.

En su intervención, Salgado enfatizó que el trabajo es el componente más genuino de la inclusión y la seguridad. “Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de trabajo. No se trata solo de medidas disuasorias, sino de dar herramientas reales para que la gente tenga un proyecto de vida. No podemos limitarnos a entregar dos boletos de ómnibus al salir de la cárcel. Hay que ofrecer una oportunidad de trabajar y transformar su vida”, afirmó.

Compromiso y continuidad

Salgado agradeció a las empresas que en el pasado se sumaron a programas de inclusión laboral y adelantó que volverán a ser convocadas. “Esto no puede quedar solo en palabras. Vamos a pedir apoyo nuevamente, no solo a las empresas del transporte, sino también a proveedores y aliados, porque este desafío nos involucra a todos”, afirmó.

Asimismo, destacó que hoy existen más herramientas tecnológicas y una mayor conciencia social que hace una década, lo que facilita ampliar las oportunidades. “Si trabajamos en serio, los resultados no se verán en una generación, sino en pocos años. Podemos vivir nosotros mismos ese cambio”, expresó.

Finalmente, remarcó el valor de la cooperación interinstitucional: “Cuando la actividad pública y la privada se unen para trabajar de verdad en un tema, los resultados siempre son buenos. Este encuentro es una demostración de eso”. El ciclo “Trabajo, un puente para la inclusión” continuará con nuevas instancias de diálogo entre autoridades, empresas y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer las políticas de reinserción laboral y promover un enfoque integral en la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Parodi: el valor del trabajo y la democracia

El director de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), Luis Parodi, subrayó la importancia del trabajo y la educación como pilares para reconstruir trayectorias y generar nuevas oportunidades.

Parodi agradeció la presencia y el apoyo del presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, a quien valoró por su compromiso con la causa de la inclusión social a través del empleo. También invitó a los asistentes a participar activamente de la jornada y del intercambio con los representantes de distintas instituciones y empresas.

En su exposición, el jerarca sostuvo que la Dinali se concibe como “una escuela de democracia”, y que el concepto mismo de democracia “es una herramienta educativa fundamental”. En ese marco, explicó que la institución trabaja sobre cuatro líneas principales: pasantías en organismos del Estado, emprendimientos productivos propios, apoyo a cooperativas sociales y articulación con el sector privado.

Actualmente detalló existen más de 300 pasantías activas en distintas dependencias estatales, y cuatro emprendimientos institucionales en marcha, entre ellos una panadería que abastece al Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Parodi anunció además que la Dinali recibió una importante donación de herramientas, que permitirá impulsar cerca de un centenar de nuevos proyectos productivos en los próximos meses.

El director destacó la necesidad de generar “circuitos sociales potables y distintos a los anteriores” para evitar la reincidencia, y reafirmó que la estrategia de la Dinali no se basa en pedir colaboración por empatía, sino en “preguntar qué precisan las empresas y trabajar para estar a la altura de esas necesidades”.

Finalmente, Parodi mencionó la Ley 20.397, que incluye beneficios de hasta 80% para la contratación de personas liberadas, y solicitó su pronta reglamentación. “Estamos frente a un problema serio, y necesitamos acuerdos reales”, afirmó, al tiempo que insistió en que “hablar en serio es decir las cosas como son, porque la realidad es más dura de lo que solemos admitir”.

Vigna: “El trabajo debe ser un ámbito de integración social «

La asesora de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Ana Vigna, subrayó la importancia del trabajo digno y la corresponsabilidad institucional y social en los procesos de reinserción.

Vigna agradeció la invitación y valoró la presencia de representantes del Estado, el sector empresarial y la sociedad civil, destacando que este tipo de instancias reflejan “un gesto de madurez de la sociedad uruguaya para asumir en conjunto una situación crítica que se arrastra desde hace tiempo”. También reconoció el trabajo sostenido de Graciela Barrera, a quien calificó como una figura clave en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.

Durante su exposición, Vigna recordó que el trabajo y la educación fueron históricamente pilares del sistema penitenciario, aunque su concepción ha evolucionado. En la actualidad —señaló— el trabajo es entendido como “un derecho humano fundamental” y un factor de desistimiento delictivo, es decir, una herramienta que puede facilitar el alejamiento del mundo del delito. Sin embargo, advirtió que el empleo por sí solo no basta: “Debe estar acompañado de políticas habitacionales, de salud y de atención a los consumos problemáticos que permitan sostener los procesos de cambio en el tiempo”.

La asesora hizo hincapié en que no cualquier empleo cumple una función de reinserción, ya que si el trabajo es precario, mal remunerado o humillante, puede reforzar la exclusión y el sentimiento de injusticia. En cambio, para que el empleo contribuya efectivamente a la integración social, debe ser estable, digno, reconocido y ofrecer oportunidades reales de desarrollo.

Respecto a la situación actual, Vigna señaló que menos del 40% de las personas privadas de libertad participan en alguna actividad laboral, y que el porcentaje es aún menor en las cárceles del área metropolitana. “Los desafíos son enormes y nos necesitamos a todos”, afirmó.

Entre las líneas de acción que impulsa el Ministerio del Interior, mencionó el fortalecimiento de la oferta laboral y educativa, la creación de una marca penitenciaria que certifique los productos elaborados en prisión, y la articulación con el INEFOP, la Udelar, las cámaras empresariales y los gobiernos locales.

Empresario destacó experiencia laboral con ppl

Por su parte, el empresario Pablo González compartió su experiencia como impulsor de una iniciativa productiva dentro del exComcar —hoy Unidad N.º 4—, donde desarrolló un emprendimiento que empleó a decenas de internos en condiciones laborales formales.

Según contó, el proyecto comenzó hace diez años, cuando fue invitado por autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a conocer la propuesta de crear un polo industrial dentro del mayor centro penitenciario del país. “Quise ver cómo era el sistema, cómo eran los privados de libertad y si realmente tenían interés en trabajar dentro de una empresa privada”, recordó.

El empresario destacó la disposición y el compromiso de las personas privadas de libertad desde el primer día. “Entraban a horario, con uniforme y con una sonrisa. Tenían ganas de trabajar y de sentirse útiles”, señaló. Subrayó además que las condiciones laborales eran equivalentes a las del medio libre, con remuneraciones acordes a la normativa vigente.

Con el tiempo, el emprendimiento se amplió y llegó a contar con 35 trabajadores, además de abrir un minimercado dentro del establecimiento. González explicó que la iniciativa permitió a los internos tener ingresos formales y apoyar económicamente a sus familias mediante un convenio con el Banco República. “Fue algo que cambió las visitas, las relaciones y hasta la convivencia dentro del penal”, afirmó.

También resaltó el acompañamiento psicológico y el clima de respeto en el trabajo. “Nunca hubo peleas ni amenazas. Fue un éxito total”, expresó. Según estimó, más de 150 personas privadas de libertad pasaron por el emprendimiento, muchas de las cuales hoy continúan trabajando o desarrollaron sus propios comercios al recuperar la libertad.

González alentó a otros empresarios a involucrarse en proyectos similares. “Son personas comunes, con errores, pero con una enorme voluntad de superarse. Con salud, trabajo y educación se puede salir adelante”, concluyó.

Areses: el modelo uruguayo como inspiración

El jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses, compartió la experiencia de transformación del sistema carcelario en la provincia de Buenos Aires. Areses agradeció la invitación y transmitió el saludo del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

En su exposición, Areses reconoció que el modelo uruguayo de rehabilitación a través del trabajo fue el punto de partida de las reformas implementadas en Argentina. “En 2018 vine a conocer el polo industrial del exComcar. Lo que vi fue lo que nosotros teníamos que hacer. Este modelo que hoy aplicamos nació en Uruguay”, afirmó.

El funcionario explicó que, desde entonces, el SPB desarrolló ocho polos industriales donde trabajan miles de personas privadas de libertad, y destacó que la reincidencia delictiva se redujo un 15% entre 2020 y 2024, un hecho que calificó como “histórico” para la provincia. “Estamos hablando de seguridad pública, no de un esquema romántico. Cuando alguien trabaja y estudia, no reincide. En los egresados universitarios, el nivel de reingreso es cero”, señaló.

Actualmente, el sistema bonaerense aloja a 60.000 personas privadas de libertad en 62 unidades y 15 alcaldías, y cuenta con 30.000 funcionarios y funcionarias. Areses subrayó que la reforma penitenciaria se apoyó en una planificación estratégica con siete ejes, entre ellos la capacitación del personal, la apertura al sector privado y la igualdad de género.

En ese sentido, recordó que el SPB recibió del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un “sello de oro” en igualdad de género, convirtiéndose en el único sistema penitenciario del mundo con ese reconocimiento. “Hoy, la mujer integra mayoritariamente la plana mayor y dirige unidades de máxima seguridad. No fue una moda, fue una cuestión de justicia”, afirmó.

El jerarca valoró la continuidad institucional y la cooperación con el empresariado como claves del éxito del modelo. “Si logran que los privados de libertad trabajen, transformarán las cárceles y mejorarán la seguridad pública”, dijo.

Finalmente, rindió homenaje al juez penal bonaerense Mario Juliano, impulsor de las primeras reformas humanistas en la región, y cerró su intervención con un mensaje de gratitud hacia Uruguay: “Esto lo hicimos gracias a ustedes, que fueron capaces de liderar en la región y demostrar que hay un modelo carcelario alternativo, eficiente y humano”.

En el cierre, Areses evocó una frase del expresidente José Mujica, que dijo resume el espíritu del trabajo conjunto: “Ustedes me hicieron creer en este sueño… ¿Cómo no van a poder desarrollarlo y superarlo con creces, y como decía el querido Pepe Mujica, con ventaja?”

Sánchez : la centralidad del trabajo en la reinserción

En el cierre, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, abordó la importancia del trabajo como herramienta de identidad, reinserción y desarrollo social. La exposición se centró en la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y organizaciones sociales para generar oportunidades concretas y sostenibles.

Sánchez reconoció la labor de quienes han trabajado de manera constante en programas de inclusión y rehabilitación, y destacó especialmente a Graciela Barrera como ejemplo de compromiso y trayectoria. “Hoy aprendemos un poco más de humanidad gracias a personas como Graciela”, señaló.

El secretario remarcó que la violencia y la delincuencia son problemas complejos que requieren soluciones prácticas y proactivas. Subrayó que más que reproches entre actores políticos, es fundamental generar oportunidades para quienes han cometido errores en el pasado y que, en muchos casos, carecen de experiencia laboral formal antes de ingresar al sistema penitenciario. “El gran problema que tenemos como sociedad es si podemos construir oportunidades para que quienes tomaron malas decisiones no se vean condenados a una cadena perpetua de exclusión”, afirmó.

En su exposición, Sánchez explicó que el 70% de la población carcelaria en Uruguay son “jóvenes, hombres y pobres”, y que la mayoría no contaba con antecedentes de empleo formal antes de su encarcelamiento. Destacó que el trabajo no solo provee ingresos, sino que también organiza la vida de las personas, genera identidad y facilita la integración social. “El trabajo ordena nuestra vida, nos coloca dentro de la sociedad y nos permite contribuir positivamente”, aseguró.

Sánchez también enfatizó que el empleo debe ser digno y permanente, con derechos garantizados, y señaló que la reinserción efectiva requiere planificación y coordinación. Informó que diariamente unas 30 personas egresan del sistema penitenciario, sumando alrededor de 9.800 liberaciones anuales, lo que plantea la necesidad de preparar a estas personas durante su internación para insertarse adecuadamente en el mercado laboral.

El secretario abogó por un enfoque inclusivo que involucre empresarios, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y la iglesia, con el objetivo de crear redes de apoyo que faciliten la transición del delito al trabajo. Subrayó que la integración laboral no solo beneficia a quienes estuvieron privados de libertad, sino que también fortalece a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, Sánchez reconoció el aporte del sector privado en experiencias piloto de desarrollo dentro del sistema penitenciario, destacando la necesidad de “juntar las puntas” y llevar adelante lo que denominó “la revolución de las cosas simples”, es decir, acciones concretas que generen resultados visibles y sostenibles en la vida de las personas.