Azambuya: «Para neutralizar la amenaza rápida, hay que tener la información y pasarla rápido”

El director de la Policía Nacional destacó la cooperación entre las fuerzas de seguridad del Mercosur para enfrentar el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.

El comisario general (r) José Manuel Azambuya destacó la importancia de estas reuniones regionales.

La cooperación policial y el intercambio de información entre los países de la región constituyen herramientas centrales para enfrentar el avance del narcotráfico, el crimen organizado y otras modalidades delictivas que trascienden las fronteras nacionales. Esa fue una de las principales líneas de trabajo de la XXXV Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad del Mercosur, que se desarrolla esta semana en Montevideo, en el marco de la presidencia pro tempore que ejerce Uruguay en el bloque.

El encuentro de este miércoles, que contó con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro, reunió a directores, comandantes y responsables de las fuerzas policiales y de seguridad de los países integrantes del Mercosur y Estados Asociados. La instancia formó parte de una agenda regional que culmina este jueves 19 de noviembre con la LVI Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad.

En entrevista con Diario La R, el director de la Policía Nacional, comisario general retirado José Manuel Azambuya, explicó que estas reuniones permiten abordar problemas comunes, intercambiar experiencias y establecer propuestas de carácter estratégico, técnico y operativo para mejorar la respuesta de los organismos de seguridad.

Los temas centrales comprenden el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y las distintas expresiones del crimen organizado, además de otras problemáticas que cada delegación puede incorporar a la agenda de discusión.

Azambuya señaló que las realidades de los países presentan diferencias, tanto por sus características territoriales como por las modalidades delictivas que enfrentan. Sin embargo, la interconexión regional determina que los fenómenos criminales no puedan ser analizados exclusivamente desde una perspectiva nacional.

En ese sentido, mencionó particularmente la influencia de los corredores vinculados a la Hidrovía.

«Esto nos permite también tomar conocimiento de situaciones que pasan en otros países que no están pasando en Uruguay, tomar acciones estratégicas, técnicas, tácticas y operativas para estar preparados ante la situación que nos pueda abordar», sostuvo.

La posibilidad de conocer anticipadamente las modalidades delictivas que se desarrollan en otros territorios constituye, según el director de la Policía Nacional, uno de los principales beneficios de estos ámbitos de coordinación.

El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el encuentro los jefes de Policía del Mercosur.

La información como herramienta operativa

Más allá de las reuniones formales y de los compromisos institucionales que puedan quedar establecidos en las actas, Azambuya puso especial énfasis en la relación directa entre los responsables policiales de los distintos países.

«Más allá de la formalidad que tenemos en estas reuniones, nosotros mantenemos diariamente una coordinación con todas las fuerzas, un diálogo directo con los directores, que nos facilita encaminar situaciones de urgencia muy rápidamente», explicó.

El conocimiento personal entre los responsables de los organismos, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la confianza entre los mandos policiales son factores que, a su juicio, contribuyen a mejorar la cooperación.

Azambuya consideró que esa dimensión resulta particularmente relevante cuando se trata de neutralizar amenazas que requieren una respuesta inmediata. «Para neutralizar la amenaza rápida, hay que tener la información y pasarla rápido», resumió.

La coordinación no se limita, por tanto, a establecer mecanismos administrativos o protocolos de intercambio, sino que procura consolidar una relación operativa que permita transmitir información y articular acciones con mayor agilidad.

El director señaló que las reuniones también constituyen una oportunidad para conocer experiencias de otros países en el combate del delito y evaluar qué procedimientos pueden resultar útiles para las necesidades de cada fuerza.

Hidrovía, puertos y corredores regionales

La dimensión territorial de las actividades delictivas también estuvo presente en la entrevista. Consultado sobre la importancia de la Hidrovía y de las terminales portuarias como posibles puntos críticos para la seguridad regional, Azambuya consideró que no corresponde concentrar la atención exclusivamente en determinadas infraestructuras o lugares.

«Yo creo que todos los puntos son críticos», afirmó, al señalar que la prevención requiere identificar las distintas situaciones de riesgo y adoptar las medidas estratégicas y tácticas necesarias para neutralizarlas.

La definición de prioridades debe estar acompañada por información confiable, recursos humanos capacitados, tecnología y herramientas normativas que permitan a las fuerzas policiales cumplir sus cometidos.

En ese contexto, los puertos y las vías navegables forman parte de un sistema de circulación regional que exige mecanismos de vigilancia y cooperación entre los países. La Hidrovía, por su carácter internacional y por la conexión que establece entre distintos territorios, constituye uno de los espacios donde la coordinación adquiere particular relevancia.

El planteo de Azambuya apunta a que la seguridad no puede depender exclusivamente de los controles que cada país realice dentro de sus fronteras. La circulación de mercancías, personas y embarcaciones entre distintos Estados exige que las autoridades puedan compartir información sobre movimientos sospechosos, organizaciones delictivas y nuevas modalidades de operación.

La cooperación regional también permite conocer las medidas que están aplicando otros países y evaluar su posible adaptación a la realidad uruguaya.

El encuentro reunió a delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La seguridad de la final de la Copa Libertadores

Entre los asuntos concretos que fueron incorporados al intercambio de los jefes policiales figura la seguridad de la próxima final de la Copa Libertadores de América, que tendrá lugar en Uruguay el próximo 28 de noviembre.

Azambuya consideró especialmente oportuna la presencia de representantes de las fuerzas policiales de Argentina y Brasil, debido a que los equipos finalistas pertenecen a esos países (Palmeiras y Estudiantes) y que “existe la posibilidad de que grupos vinculados a las parcialidades mantengan conexiones con organizaciones criminales”.

El jerarca señaló que la reunión permite compartir información y abordar anticipadamente las características de un acontecimiento que requerirá coordinación entre las autoridades uruguayas y las fuerzas de seguridad de los países involucrados.

«Tenemos las fuerzas federales acá. Este tema lo vamos a tratar», indicó.

La preparación de un operativo de esta naturaleza requiere considerar no solamente los aspectos vinculados al comportamiento de los hinchas dentro y fuera del escenario deportivo, sino también los desplazamientos de las delegaciones, los contingentes de aficionados y las eventuales vinculaciones entre grupos organizados.

La presencia de responsables policiales de Argentina y Brasil permite intercambiar antecedentes y evaluar situaciones que podrían tener incidencia en el desarrollo del evento.

Para Azambuya, la anticipación constituye una condición fundamental. La información disponible en cada país puede contribuir a que las autoridades uruguayas preparen sus dispositivos de seguridad y coordinen las actuaciones necesarias.

La final continental se suma así a los asuntos que requieren una respuesta conjunta de los organismos regionales, en un escenario donde los acontecimientos deportivos de gran convocatoria pueden involucrar cuestiones de seguridad que exceden el ámbito estrictamente local.

Normativa y respeto al debido proceso

Otro aspecto abordado durante la reunión fue la necesidad de mantener actualizados los instrumentos legales que regulan la actuación policial.

Consultado sobre posibles modificaciones normativas, Azambuya señaló que Uruguay ha impulsado distintas iniciativas que fueron incorporadas mediante disposiciones aprobadas en leyes de Rendición de Cuentas y de Presupuesto.

El objetivo, explicó, es dotar a la Policía de herramientas que le permitan cumplir sus cometidos con eficacia, pero dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

«Lo que tratamos a través de la normativa es buscar que la Policía pueda cumplir con su cometido dentro del derecho, dentro de lo que ampara el debido proceso de las instituciones y que lo proteja», sostuvo.

La actualización normativa constituye, de acuerdo con esa perspectiva, una tarea permanente que debe acompañar la evolución de las modalidades delictivas y las necesidades operativas de las fuerzas de seguridad.

El director también señaló que durante las reuniones se escuchan las propuestas que puedan presentar las delegaciones de otros países, con el propósito de intercambiar experiencias y conocer los instrumentos jurídicos utilizados en cada jurisdicción.

En relación con el modelo de seguridad aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Azambuya aclaró que la Policía Nacional uruguaya no ha realizado un análisis específico de esa experiencia ni tiene previsto estudiarla por el momento.

«Realmente no lo hemos estudiado, no estamos pensando en estudiarlo tampoco todavía», expresó.

Una agenda regional de coordinación política

La XXXV Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad constituye una de las tres instancias previstas en Montevideo durante la presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur.

La agenda comenzó el 16 y 17 de noviembre con la CXXV Reunión de la Comisión Técnica, continuó este miércoles 18 con el encuentro de los responsables policiales y culminará hoy con la LVI Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur y Estados Asociados.

En esa última instancia participarán las delegaciones de los Estados Partes —Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay— y de los Estados Asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay.

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