Bases Programáticas del Frente Amplio plantea crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

También se propone un sistema de alquiler social, regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual.

El Frente Amplio anunció que presentará la propuesta de Bases Programáticas aprobada en el Plenario Nacional «Mariano Arana», del pasado 15 de julio. La instancia será el próximo jueves 3 de agosto a las 19 horas, en el Centro Democrático, en el departamento de Florida.

La fuerza política explicó en un breve comunicado que “a partir de allí comenzaremos una nueva etapa donde el centro de gravedad de su discusión estará en todos los comités de base, ámbito privilegiado hacia la etapa final de la construcción de nuestro Programa, al que los y las invitamos a sumarse”. “Después de esos quince años de gobierno del FA, Uruguay pasó a ser un país más próspero, que distribuyó mejor, con una actualizada matriz de protección social y con futuro. Hoy, transitamos un periodo de gobierno con retrocesos y contramarchas que procuran por todos los medios, desarticular los avances populares que el país alcanzó en la etapa anterior”, expresa otro fragmento de las bases de la fuerza política.

Agrega que “Al tiempo que también realizaremos “Diálogos por Uruguay”, que al igual que “El FA te escucha” irá a cada rincón del país, barrio a barrio, pueblo a pueblo, para intercambiar con todas las organizaciones sociales, sindicales, empresariales y del agro”. La izquierda informó además que el Programa será aprobado en el Congreso compañero Tabaré Vázquez a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de diciembre del corriente. 

El programa

El documento consta de 88 páginas, divididos por temas. Entre los diferentes planteos en materia de seguridad que se propone en el documento está el «revisar la legislación de las políticas sobre drogas, y la de cannabis en particular, para garantizar el libre ejercicio de la ciudadanía y los derechos constituidos en su regulación». Otro punto que se destaca es que se promoverán los cambios normativos «para garantizar la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas por tráfico ilícito, evitando que la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables» . Se agrega que «se desarrollarán políticas públicas específicas (con perspectiva de género) dirigidas a las poblaciones vulnerables involucradas en el micro tráfico, promoviendo las medidas alternativas a la privación de libertad y su reinserción social, educativa y comunitaria».

Asimismo se impulsará la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mismo tendrá como objetivo » diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor orden institucional a diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas (incluyendo derechos humanos, cárceles, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, estadísticas de criminalidad, política antilavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes)».

Analizar el Tiar

En Seguridad Nacional el documento plantea que salir del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) «será un tema que deberemos volver a analizar, en principio, con los demás países de la región, teniendo en cuenta que Uruguay ya había iniciado este camino en el último gobierno del Frente Amplio». Asimismo se señala que se debe impulsar «una Política Nacional Espacial que apuntale el desarrollo del sector en el país. Concretar un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, que atienda tanto a la seguridad del movimiento del tránsito aéreo comercial y general, como impedir la violación de la soberanía en dicho espacio».

Dentro de otros puntos sociales se señala la necesidad de «desarrollar de manera enérgica la política nacional de alquileres combinando diferentes instrumentos». Entre ellos, «se creará un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual. El actual sistema seguirá funcionando. Quienes opten por el nuevo sistema recibirán estímulos estatales (garantías, subsidios, préstamos blandos para mejoras, etc. Complementariamente, se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social».

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