El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó este lunes una serie de interrogatorios cruciales en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Entre los ocho acusados figura el expresidente Jair Bolsonaro, señalado como figura central del denominado “núcleo golpista”.
Las audiencias, que se extenderán hasta el 13 de junio si es necesario, se llevan a cabo de forma presencial en la sede del STF en Brasilia, con excepción del general Walter Braga Netto, quien comparecerá por videoconferencia debido a su situación de prisión preventiva.
El primero en declarar es Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador de la Justicia. Su testimonio es considerado clave, ya que ha entregado documentos y brindado declaraciones que implican directamente al expresidente y a su entorno más cercano en el intento de subversión del orden democrático.
Un proceso histórico
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, recordó que los imputados tienen derecho a declarar o guardar silencio, sin que ello perjudique su defensa. Finalizados los interrogatorios, De Moraes elaborará un informe detallado que servirá como base para el juicio ante la Primera Sala del STF, compuesta por cinco ministros.
Aún no hay fecha definida para la finalización del informe ni para el inicio del juicio, aunque se prevé que el caso sea incluido en la agenda del Supremo entre septiembre y octubre. Este proceso es considerado uno de los más importantes de la historia institucional brasileña por su impacto en la defensa del Estado de Derecho.
La Fiscalía General de Brasil acusa al grupo de delitos como: Intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado, Participación en organización criminal armada, Daños calificados y deterioro de bienes públicos
En conjunto, las penas podrían alcanzar hasta 43 años de prisión. Las investigaciones han revelado pruebas de reuniones clandestinas, documentos comprometedores y un borrador de decreto que proponía la intervención de las Fuerzas Armadas y la anulación del resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.
