Cabildo Abierto, liderado por Guido Manini Ríos, ha presentado su programa de gobierno destacando como prioridades la seguridad pública y la lucha contra las adicciones. En su primer punto, el programa propone declarar el estado de emergencia nacional en estas áreas, subrayando la necesidad urgente de enfrentar la violencia en los barrios y la proliferación de drogas, que, según el texto, tiene efectos devastadores en la salud mental y física de la población, además de generar mayores problemas de violencia y exclusión social.
Manini Ríos enfatizó en la presentación del programa que “tarde o temprano nuestras propuestas serán aplicadas”, destacando la importancia de actuar para evitar un mayor costo en términos de violencia y desorden social.
En el ámbito económico, el programa aboga por un enfoque renovado en el apoyo a la clase media, a la que considera “la gran castigada” por las políticas económicas actuales. Entre las propuestas se incluye la revisión de las franjas y alícuotas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como la modificación del artículo 228 de la Ley 19.889 (LUC), que extendería los plazos de bonificación del 25% y 50% a dos años y permitiría que nuevas empresas obtengan estos beneficios tras haber regularizado su situación fiscal.
En el área de Justicia, el programa de Cabildo Abierto propone una serie de reformas, incluyendo la modificación del marco jurídico para resolver casos de personas detenidas y enjuiciadas injustamente. También se sugiere la reinstauración de la Ley de Caducidad y la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Además, el programa plantea revisar la dosimetría de las penas por tenencia de estupefacientes y propone una «desideologización» de la Justicia.
Para abordar la situación de las personas en situación de calle, se propone implementar la ley de voluntad anticipada y capacitar a los operadores del Mides en acompañamiento terapéutico para adicciones.
En relación con el consumo de pornografía, el programa propone un enfoque educativo sobre sus impactos negativos en la salud mental y las relaciones interpersonales, así como incentivar a los proveedores de servicios de internet a implementar filtros para restringir el acceso a sitios pornográficos. También se recomienda ofrecer apoyo psicológico para superar la adicción a la pornografía.
Finalmente, el programa establece que los grandes proyectos o contratos que involucren compromisos estatales a largo plazo deberán contar con la aprobación del Senado.
Este programa refleja un enfoque integral hacia problemas de seguridad y salud pública, así como una revisión crítica de políticas económicas y de justicia, buscando soluciones tanto preventivas como correctivas en diversas áreas de la administración pública.
