El contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV, por su sigla en inglés) atraviesa una etapa decisiva. En las últimas horas venció el plazo establecido en la carta de crédito documentaria para acreditar la disponibilidad de los motores principales del primer buque, un hito clave asociado al esquema de pagos, confirmaron al Diario La R fuentes del Ministerio de Defensa. Al no cumplirse esa condición, el Estado no realizará el desembolso previsto, mientras avanza en paralelo un proceso de análisis técnico, jurídico y administrativo que podría derivar en definiciones de fondo antes de mediados de febrero. El pago implicaba, según el contrato, el 20 % del total del precio de la OPV y la presentación, por parte del constructor, de factura comercial, certificado de la sociedad de clasificación del hito correspondiente.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional, el pasado 14 de enero venció el plazo estipulado en la carta de crédito para que Cardama presentara ante el banco correspondiente la documentación que acreditara que los motores principales, provistos por Caterpillar, se encontraban en el astillero de Vigo. Esa acreditación, certificada por la sociedad de clasificación Lloyd’s, era condición indispensable para que se habilitara el pago automático de la cuota correspondiente a ese hito.
El pago no se concretó y, de acuerdo con la información oficial, ya no podrá realizarse bajo los términos de la carta de crédito vigente, aun cuando esta mantenga formalmente su vigencia hasta el 28 de febrero. La razón es estrictamente bancaria: la carta establecía una fecha máxima —el 14 de enero— para cumplir con los requisitos documentales vinculados a ese desembolso. Al no haberse presentado la documentación en tiempo y forma, el pago quedó definitivamente descartado en ese marco.
Desde el Ministerio de Defensa se subraya que este vencimiento no implica, en sí mismo, un incumplimiento contractual automático por parte de Cardama respecto a los plazos de construcción establecidos en el contrato. El cronograma de hitos intermedios fue concebido como indicativo y está principalmente asociado a la previsibilidad de los pagos, mientras que el contrato fija como obligación principal la entrega del primer buque dentro de un plazo total determinado. No obstante, el hecho de que no se haya podido cumplir con el hito previsto en la carta de crédito tiene consecuencias financieras inmediatas y se suma a un conjunto más amplio de cuestionamientos.
Uno de los elementos centrales del caso es la no entrega de los motores por parte de Caterpillar al astillero español. Cardama ha sostenido públicamente que esta situación estaría vinculada a un supuesto deterioro de su reputación a partir de los anuncios realizados por el gobierno uruguayo. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa rechazan esa explicación y afirman que las dificultades con Caterpillar eran conocidas con anterioridad a la controversia pública sobre la garantía contractual.
De acuerdo con la versión oficial, el propio astillero había advertido, semanas antes, que enfrentaba problemas logísticos y financieros para cumplir con los plazos originalmente previstos. En particular, había solicitado una extensión de la carta de crédito, argumentando que los motores no llegarían a tiempo. El esquema de pago acordado con Caterpillar se basaba en la cesión de la carta de crédito, dado que Cardama no contaba con financiamiento propio suficiente para adelantar el pago de los motores. Al quedar en duda la posibilidad de cobrar bajo esa carta, el proveedor optó por no entregar los equipos.
Desde el Ministerio se remarca que este tipo de inconvenientes no se registró con otros proveedores relevantes del proyecto, como las empresas encargadas del armamento o de los sistemas tecnológicos, lo que debilita la tesis de que el problema obedezca a un retiro generalizado de proveedores por razones reputacionales. Además, señalan que las dificultades con Caterpillar se manifestaron antes del 22 de octubre, fecha a partir de la cual se desató públicamente el conflicto vinculado a la garantía.
Ampliación de la denuncia
En paralelo, el Estado uruguayo amplió la denuncia penal presentada en el marco del caso, incorporando nuevos elementos surgidos de la investigación administrativa en curso. Esa investigación aún no ha culminado formalmente, aunque ya se elaboró el informe del instructor y resta el dictamen jurídico definitivo antes de dar vista a los involucrados.
Otro hito relevante es la contratación de la empresa Bureau Veritas, una de las principales sociedades de clasificación a nivel internacional, para realizar un análisis técnico independiente del estado del proceso constructivo de los patrulleros. La firma ya concluyó la etapa de inspección en el astillero y se encuentra elaborando su informe final, que se espera en el corto plazo.
Ese informe será clave para determinar si, más allá de los problemas vinculados a la garantía y a los pagos, existen incumplimientos sustantivos en materia de calidad constructiva y de plazos. Desde el Ministerio de Defensa señalan que ya existen dudas fundadas, planteadas por representantes técnicos del Estado, respecto de si el ritmo y las condiciones de la construcción permitirían cumplir con la entrega del buque dentro del plazo contractual. De confirmarse esas presunciones, el cuadro contractual se agravaría significativamente.
La cuestión de la garantía de fiel cumplimiento es otro de los ejes centrales del conflicto. El contrato establece la obligación de contar con una garantía válida, y actualmente el Estado sostiene que dicha garantía no existe, lo que constituye un incumplimiento objetivo. Más allá de su carácter accesorio desde el punto de vista formal, las autoridades consideran que la garantía tiene una trascendencia tal que su ausencia podría justificar decisiones contractuales de mayor alcance, incluyendo la eventual resolución del contrato.
A todo ello se suma un factor intangible pero determinante: la confianza. Desde el Poder Ejecutivo se admite que el vínculo de confianza con el contratista está seriamente dañado, a partir de conductas que el Estado interpreta como de mala fe. Si bien no se descarta ninguna alternativa, se reconoce que resulta muy difícil reconstruir las condiciones mínimas de confianza necesarias para la ejecución normal de un contrato de esta magnitud.
En este contexto, Cardama inició un procedimiento de conciliación, con una audiencia prevista para el mes de marzo. La eventualidad de una conciliación o de una posterior demanda judicial dependerá de cómo evolucionen las decisiones del Ejecutivo y de si las partes consideran viable algún tipo de acuerdo.
Mientras tanto, el calendario impone nuevas definiciones. El contrato prevé que el Estado deba abrir una nueva carta de crédito antes del 15 de febrero para cubrir los pagos correspondientes al siguiente período anual. De no resolverse la situación antes de esa fecha, el Estado se vería obligado, en principio, a constituir una nueva carta de crédito, algo que las autoridades buscan evitar. Por ese motivo, fuentes oficiales señalan que el Poder Ejecutivo apunta a adoptar una decisión de fondo antes de mediados de febrero.
Las alternativas en análisis son múltiples y dinámicas. Van desde la resolución del contrato hasta su eventual continuación bajo nuevas condiciones, pasando por opciones como la cesión del contrato a un tercero. Cada una de esas vías requiere un análisis jurídico y de mérito, orientado por el interés general y la buena administración de los recursos públicos.
Informe de Bureau Veritas, clave
Desde el Ministerio de Defensa subrayan que no existe un “automatismo” que lleve inexorablemente a una única salida. Incluso ante incumplimientos graves, el Estado debe evaluar cuál es la alternativa que mejor resguarda sus intereses, considerando los riesgos, los costos y los tiempos asociados a cada opción.
En ese marco, el informe de Bureau Veritas aparece como una pieza clave para cerrar el diagnóstico técnico y complementar los elementos ya reunidos en materia jurídica y administrativa. Las fuentes enfatizaron que con ese insumo, el gobierno espera contar con una base suficiente para resolver el rumbo definitivo del proyecto, en un escenario que, según admiten las propias autoridades, “se encamina hacia una resolución en el corto plazo”.
