En la actualidad, el Poder Ejecutivo enfrenta una marcada discrepancia entre el Ministerio de Industria y el de Economía, centrada específicamente en los plazos para comenzar a retirar las exoneraciones impositivas a los vehículos eléctricos. Mientras que la cartera económica argumenta que dicho mercado ya “maduró” y planifica una revisión inmediata de los incentivos, desde la sede de Industria sostienen firmemente que el parque automotor electrificado sigue siendo minoritario y aún depende del estímulo estatal para consolidarse.
El ministro Gabriel Oddone considera que el régimen de promoción para la venta de estas unidades ya cumplió su ciclo estratégico. Su objetivo apunta a revisar los beneficios fiscales vigentes, los cuales representan una renuncia tributaria de relevancia para el fisco, a fin de moderar las ventajas de compra de forma gradual hacia finales del año en curso. El jefe de las finanzas públicas se apoya en el crecimiento sostenido de las matriculaciones recientes como el principal argumento para recortar este gasto tributario.
Por su parte, la ministra Fernanda Cardona salió al cruce de estas proyecciones, afirmando de manera categórica que «no es el momento oportuno» para desmantelar los alivios fiscales. La jerarca alega que, si bien las ventas de vehículos cero kilómetro con esta tecnología han registrado un incremento, los eléctricos representan apenas un 2% del total de las unidades comercializadas. Cardona pone el foco en el volumen general del parque automotor circulante, donde la presencia de las energías limpias sigue siendo marginal, justificando así la necesidad de sostener los estímulos económicos.
El conflicto adquirió estado público y notoriedad institucional a raíz de un planteo formal de la Confederación de Cámaras Empresariales, que solicitó la reducción de estas prebendas, disparando de inmediato la apertura de una mesa de negociación técnica en el seno del Ejecutivo. Para complejizar el panorama, actores clave como UTE ya prevén la eliminación paulatina de los descuentos en las tarifas de los puntos de carga pública, una medida sectorial que añade presión directa sobre el costo de mantenimiento a mediano plazo de estos automóviles.
El impacto en las metas de descarbonización
El país asumió compromisos internacionales (como las metas del Acuerdo de París o la Segunda Transición Energética) que exigen reducir el consumo de petróleo en el transporte de carga y pasajeros. Industria argumenta que recortar los beneficios ahora pondría en riesgo el cumplimiento de esos objetivos ambientales ante los organismos internacionales de crédito.
Si bien la «ruta eléctrica» está avanzada, los puntos de carga rápida siguen concentrados en Montevideo y la zona metropolitana. Quitar los incentivos antes de que el interior del país tenga la misma infraestructura que la capital desestimularía las ventas en los departamentos rurales, donde las distancias son mayores y el auto eléctrico es más necesario para ahorrar.
La postura de la ACAU
Mientras tanto, La Asociación del Comercio Automotor (ACAU) cuestionó la decisión del gobierno de rever la exoneración de impuestos a los autos eléctricos, argumentando que va en contra de las políticas de cambio en la matriz energética que el país viene fomentando hace años.
Los importadores y concesionarios agrupados advierten que un cambio repentino en las reglas de juego frenará las inversiones y los embarques ya encargados para el cierre del año. El sector privado exige previsibilidad y argumenta que el mercado aún es «frágil» y muy sensible a las variaciones de precio que provocaría la quita de beneficios.
