La carta resalta la «falta de voluntad política» de los gobiernos anteriores para esclarecer el destino de los estudiantes.
Las familias de los desaparecidos, que han luchado «incansablemente durante todo este tiempo», siguen siendo objeto de amenazas y amedrentamientos, según el comunicado.
La carta destaca la escalofriante realidad de que en México, «la cifra de familiares de desaparecidos asesinados por buscar a sus seres queridos sigue en aumento».
Entre las principales exigencias, las organizaciones afirman que «es el Estado mexicano el que debe superar los obstáculos» para una investigación integral, incluyendo la «participación del Ejército en este crimen de lesa humanidad». El documento menciona pruebas suficientes sobre la implicación del 50 Batallón de Infantería, que tenía «infiltrados a dos soldados» entre los estudiantes desaparecidos.
El testimonio de un testigo clave, citado en la carta, asegura que «25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería, torturados y asesinados».
Asimismo, se hace referencia a la intervención de teléfonos de los cabecillas del grupo delictivo Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, lo que permitió seguir los movimientos de los estudiantes desaparecidos.
El comunicado finaliza exigiendo al Estado mexicano la entrega de archivos clave del Ejército, documentos que «permitirían conocer por fin el paradero de los 43 estudiantes».
Las familias, recalcan, tienen el «derecho insoslayable» a la verdad y justicia, un derecho que hasta ahora «les ha sido negado». Las organizaciones esperan que el nuevo gobierno «dé muestras de una verdadera voluntad política» para avanzar en las investigaciones.
