Según información recibida por Diario La R, los honorarios del nuevo informe jurídico superarían conjuntamente con el estudio jurídico y las consultoras RSM y KPMG aproximadamente unos 150.000 dólares
Dicho informe que abusa de la palabra EVENTUAL da como conclusiones y recomendación volver a Fiscalía, pero omiten el cotejo decisivo de la EVENTUAL prueba o pruebas.
¿Qué prueba aporta el dictamen que la Fiscalía no tuvo a la vista cuando examinó los antecedentes enviados por el Ministerio de Salud Pública del gobierno anterior?
La conducción del CASMU y su presidente Dr. Beltramelli tiene una cuenta que rendir ante sus médicos capitalizadores en la futura asamblea,explicar qué garantías tiene este informe de que se proceda a judicializar algo que ya sé archivo.
El informe firmado el 27 de octubre por los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson en donde abunda el concepto EVENTUAL,recomienda remitir a Fiscalía cuatro situaciones de la gestión anterior.
Camino al archivo,a un costo millonario para la institución
En diciembre de 2024, durante la gestión de Karina Rando, el MSP informó al Parlamento que había enviado a la Fiscalía General de la Nación lo actuado por los interventores.Ese antecedente público fue archivado. Dos años después, esos mismos cuestionamientos vuelven a ocupar el centro de un informe jurídico que recomienda recorrer el mismo camino.
¿Qué compró el CASMU con estos honorarios millonarios?
Las conclusiones difundidas examinan balances, un arrendamiento de vehículos, préstamos parabancarios y contratos con una empresa proveedora. Los abogados describen circunstancias que, a su juicio, ameritan investigar EVENTUALES posibles responsabilidades.
Sin embargo, el extracto disponible omite la comparación que permitiría medir el valor del encargo. ¿Qué operaciones ya fueron examinadas? ¿Qué documento apareció después? ¿Cuál es la prueba que, de ponerse ahora en manos de Fiscalía, podría cambiar su evaluación?
Si esos documentos confirman que los hechos y las pruebas ya estaban en el expediente, volver a pagar para recomendar otra remisión a Fiscalía constituye un gasto innecesario. Una nueva lectura jurídica puede ordenar el material y reformular las preguntas. La conducción debe demostrar por qué ese trabajo justificaba el monto señalado.
La asamblea dio el mandato. La directiva debe rendir cuentas
El propio documento indica que el informe se elaboró por mandato de la Asamblea General Ordinaria del 17 de marzo de 2026.
La asamblea parece que autorizó ese gasto millonario y parecería ser la EVENTUAL decisión de contratar a ese costo.
Fueron la Dra Pannone ,Cra.Porcelli ,Dr. Beltramelli, Dra. Rey y el Dr.Diamant los que decidieron meterse en este gasto camino al archivo.
La rendición de cuentas sigue siendo responsabilidad de quienes definieron el alcance del trabajo, eligieron al estudio y aprobaron los honorarios. Deben explicar si el encargo incluía revisar el expediente anterior, cómo se fijó el precio y qué producto entregaron los profesionales.
El efecto político llega antes que la explicación del gasto
La difusión del informe ya tiene un efecto en la interna del CASMU. Vuelve a poner a las exautoridades bajo sospecha y le permite a la conducción exhibir una iniciativa contra la gestión anterior.
Ese efecto es visible. La intención deliberada de presionar a las exautoridades requiere otro respaldo. Lo que sí puede juzgarse es la decisión de instalar públicamente el nuevo señalamiento sin explicar a los capitalizadores cómo terminará la actuación fiscal próxima y qué se agregó como pruebas contundentes para judicializar.
La directiva oficialista tiene en sus manos la respuesta. Debe exhibir la resolución de archivo, identificar la prueba que considera nueva y documentar cuánto pagó. Si los antecedentes son los mismos, la mutualista habrá puesto dinero para volver al punto de partida. El efecto político lo obtiene la conducción. La factura la paga el CASMU.
