El Poder Ejecutivo decretó la intervención, sin desplazamiento de autoridades, del Casmu – IAMPP por el plazo de un año y, en forma paralela, remitió al Parlamento un proyecto de ley que le autoriza a la institución el acceso a los fondos requeridos para atender su situación financiera.
El proyecto de ley, de artículo único, le concede, por única vez y en forma provisoria, acceso al Fondo de Garantías para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, establecido por ley en 2008, por hasta un monto de US$ 56 millones ($ 2.184.367,134).
El 17 de junio pasado, el Casmu-IAMPP había presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud para acceder, una vez más, al régimen del Fondo de Garantía. En la exposición de motivos del citado proyecto, el Poder Ejecutivo consigna que la institución fundamentó el pedido en las “dificultades económica y financiera, estando comprometida la capacidad de pago de sus obligaciones por los siguientes seis meses y existiendo ya atrasos en los pagos a proveedores”.
El Ministerio de Salud Pública resolvió intimar al Casmu-IAMPP a que subsanara la situación económico-financiera, debiendo presentar sus descargos en un plazo de diez días hábiles, carga que fue cumplida por la institución. Agrega el Poder Ejecutivo que, a la urgencia por acceder a la fuente de financiamiento en cuestión, “se le suma la falta de garantías suficientes para respaldar el crédito solicitado”.
La situación, señala la iniciativa, lo expone al incumplimiento de las obligaciones asumidas con sus proveedores, implicando ello además, un “riesgo asistencial, en la medida que como prestador de salud se viera limitado a contar con los insumos y servicios necesarios para dar cobertura a su masa de afiliados”. Se consigna también que los planes de reestructuración, asumidos en el marco del Fondo de Garantía, “si bien se han cumplido, no le han permitido revertir la situación económico-financiera”.
En virtud de esta situación, el presidente de la República remitió al Parlamento el citado proyecto de ley atendiendo a que resulta imprescindible la continuidad en el funcionamiento y permitir al Casmu –IAMPP acceder de inmediato a los fondos requeridos. Todos los actores en el tema han señalado que el Casmu, que con unos 180.000 socios es la tercera mayor mutualista por afiliados del país, tiene que seguir en funcionamiento.
Intervención
Por otra parte, respecto a la intervención, según el decreto fechado el día lunes 29 de julio y firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud, Karina Rando, la comisión interventora estará integrada por el contador Juan Carlos Simonelli, que se desempeñaba en la gerencia del Hospital Pereira Rossell, la doctora Sandra Lorenzo Pousa, exsubdirectora general del Ministerio de Salud Pública (MSP), y el abogado Gerardo Lorente, exgerente general de la Secretaría Nacional de Deportes. El texto agrega que su remuneración será de $ 380.000 mensuales más IVA.
La intervención sin desplazamiento de autoridades está establecida en el decreto 139/004. Según esta norma, el cometido de los interventores será el de diagnosticar la situación existente. De acuerdo con el artículo 7, en el marco de la intervención, los interventores tendrán las “más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación”, pudiendo -sin que se trate de una enumeración taxativa- “inspeccionar y comprobar los aspectos externos de las operaciones de la Institución”; “inspeccionar y comprobar documentación”; “auditar la contabilidad”; “inspeccionar comprobantes”; “participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la Institución que consideren irregulares, dando cuenta al Ministerio de Salud Pública” y “sugerir los correctivos que estimen pertinentes”. De acuerdo con el artículo 9, “dentro de los sesenta días de decretada la intervención, los interventores designados deberán elevar un informe a la Dirección Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública con un diagnóstico de la situación”. Si de dicho informe “resultare, a juicio del Ministerio de Salud Pública, un grave desorden administrativo, contable y/o asistencial que ponga en riesgo la atención de los afiliados”, el Poder Ejecutivo podrá “disponer el desplazamiento de las autoridades naturales de la Institución” o incluso “disponer su liquidación”.
Todo pinta a que la historia vuelve a repetirse. Estará en la vuelta el Círculo Católico diciendo a mi juego me han llamado. Peligra el trabajo de administrativos, médicos, enfermeras/os y nurses, aspecto que a este gobierno no le importa ni poco ni mucho. Recordar que muchos de los trabajaodres de Casa de Galicia quedaron mirando la fiambrera, sin laburo y sin cobrar lo que le debían y hubo suicidios. El Ministerio de Salud Pública, el de Economía y Finanzas? Bien gacias, siguen narrando fantasías para conver a la gente de lo bien que estamos.
Con los sueldos que cobran seguro se les va a ir un poco más
Aqui la responsabilidad es de los dirigentes Todas las mutualistas han hecho dinero con el Fonasa Que no le echen la culpa a otros