Un caso de una muerte que dejo la pasada administración de CASMU encabezada por los Dres. Rodríguez y Areosa
Un episodio de presunta mala praxis ocurrido en abril de 2024 volvió a poner bajo escrutinio a la asistencia médica en Uruguay. La fiscal Sylvia Lovesio solicitó la imputación de dos cirujanos pediátricos y una médica intensivista por la muerte de Manuel Carreño, un bebé de 13 meses que ingresó al Casmu para una cirugía torácica considerada de bajo riesgo. Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó convirtiéndose en una tragedia.
La audiencia para formalizar la investigación será el 16 de diciembre, ante el juez Emilio Baccelli. Los cirujanos Gabriel Giannini (grado 5) y Martín Ormaechea (grado 3) enfrentarán cargos por homicidio culposo. En paralelo, la intensivista María Carolina Talasimov será imputada por encubrimiento por haber consignado información falsa en la historia clínica. La familia del niño, representada por el abogado Juan Pablo Decia, fue notificada y celebró que el caso avance hacia una instancia clave.
Manuel ingresó al sanatorio para una lobectomía destinada a corregir una malformación pulmonar benigna. Especialistas sostienen que su cuadro incluso podía haberse seguido clínicamente antes de decidir una intervención. La cirugía estaba programada por endoscopía, pero desde el inicio surgieron dificultades para visualizar el campo operatorio. A pesar de ello, los cirujanos persistieron durante horas en la técnica endoscópica sin convertir el procedimiento a una toracotomía abierta, una decisión que —según las pericias— debió haberse tomado mucho antes.
Las horas que siguieron fueron determinantes. La investigación reveló que el período anestésico se extendió de forma excesiva para un lactante, mientras el sangrado en la vía aérea aumentaba sin control. La hemorragia pulmonar derivó en un colapso respiratorio que deterioró rápidamente la salud del niño. Manuel murió al día siguiente, tras ser trasladado al CTI pediátrico en estado crítico. Para la fiscal Lovesio, el niño ingresó sano, con diagnóstico benigno, y fue sometido innecesariamente a una cirugía de riesgo que terminó quitándole la vida.
El caso tomó un giro aún más grave con la detección de presuntas falsedades en la historia clínica. La médica intensivista registró que la cirugía había transcurrido “sin eventos adversos intraoperatorios”, una afirmación desmentida por todas las pericias técnicas y por el estado crítico del pequeño. Este registro coincide con lo comunicado por uno de los cirujanos a los padres, quienes fueron informados de un supuesto “procedimiento exitoso”.
El informe del Instituto Técnico Forense indicó que el sangrado fue advertido tardíamente, cuando ya era imposible revertir el cuadro. A su vez, un documento de la Unidad Académica de Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina concluyó que existieron “fallas múltiples” en el manejo quirúrgico y postoperatorio y que el equipo carecía de la “experiencia y el dominio técnico adecuados”. En Uruguay, las lobectomías pediátricas son escasas y requieren de un entrenamiento mínimo de entre 30 y 50 procedimientos bajo supervisión, cifra que ninguno de los cirujanos alcanzaba. Tampoco estaban registrados como especialistas en la Sociedad de Cirujanos de Tórax.
La pericia más contundente establece que la cirugía endoscópica debió convertirse en toracotomía apenas surgieron los primeros impedimentos de visibilidad. La decisión se tomó recién después de más de 220 minutos de complicaciones, cuando la lesión ya era irreversible. Incluso se constató que el Casmu contaba con un equipo de guardia especializado en tórax que no fue convocado.
El caso vuelve a exponer un debate urgente: ¿cómo garantizar que solo equipos con la experticia adecuada realicen procedimientos de alta complejidad en un país con baja frecuencia de patologías pediátricas graves? La audiencia del 16 de diciembre no solo marcará un hito para la familia Carreño, sino que puede convertirse en un punto de inflexión para la regulación de la práctica médica en Uruguay.
